sábado, 30 de agosto de 2014

“Politización subalterna, democracia y excepción en Chile. Entre acumulación flexible y la gobernabilidad democrática. (1976-1989)”



16 de agosto de 1949, la revuelta de la Chaucha. Santiago, Chile.


1ª Jornada Transdisciplinar de Estudios de Gubernamentalidad:
Máquinas de saber, mecanismos del poder, prácticas de subjetivación

bryan seguel gutiérrez[1]
(m. zeguel)

            Desde fines de la década de los sesenta se genera un espacio de investigación y reflexión en el campo cultural de la izquierda chilena, cuyo objetivo buscó identificar las principales causas, errores y aciertos del proyecto de la vía chilena al socialismo. Uno de los focos del análisis de la experiencia de subjetivación y movilización popular llevada adelante por las clases subalternas chilenas se constituyó en la relación entre  sistema de partidos, movimientos sociales y estado. Las conclusiones a las que el grueso del campo cultural de la izquierda llegó permitieron generar una reflexión que tuvo una fuerte carga de contingencia, que posibilitó leer el fracaso de la Unidad Popular en sentido de futuro, fundamentando el grueso de la estrategia transitológica que se puso en marcha desde mediado de los ochenta. La clave política para el éxito de la transición se leyó en la manera en cómo se identificó el fracaso de la Unidad Popular.

            El foco de nuestro trabajo busca evidenciar las principales tesis del campo cultural de la izquierda, tomando como eje de análisis las prácticas y los discursos generados en ese contexto. Este modo de comprender al campo cultural de la izquierda, nos permitirá atender a las articulaciones sociales de tal modo de relacionar los procesos de circulación, producción y usos de las prácticas y discursos investigativos con un determinado contexto sociopolítico. Así, nuestro objetivo es criticar el recurso de la tesis excepcionalista y el paradigma inmunitario generados por los intelectuales transitológicos, que evidenciamos en el discurso hegemónico que prevaleció en la década de los ochenta. En otras palabras, la consideración del fracaso de la Unidad Popular como efecto de la rigidización del sistema de partidos, por la imposibilidad de estructurar un centro político estable, que hubiese permitido la generación de alianzas amplias, flexibles y moderadas que se sobrepusieran a la política de los resquicios legales. En suma, un problema de racionalidad política que exigía la morigeración de los proyectos políticos, un realismo para la mantención de alianzas amplias y flexibles que hubiesen asegurado un marco institucional para la resolución negociada de los conflictos sociales.

            Esta consideración general en torno a la racionalidad política se efectuó en torno a nociones generales de la idea socioliberal de democracia, estado de derecho y régimen de partidos, que posibilitó la evacuación de las prácticas de politización y subjetivación subalternas desplegadas por el movimiento popular chileno, sintetizadas en torno a la noción de poder popular. Así, por vía intelectual, se inmunizó la  acción política del campo de la izquierda identificada con esas prácticas de politización, generando un relato excepcionalista que nos presentó a la politización subalterna como un exceso, como toda la democracia posible a la que el movimiento popular pudo llegar en el marco de una sociedad capitalista, estructuralmente heterogénea y dependiente. Operación intelectual que, al desplazar al desacuerdo y el antagonismo, al desacoplar la libertad de la lucha de clases, permite erigir un simulacro de democracia, refractaria a la politización; permite (co)instituir a la  democracia como un dispositivo de gubernamentalidad que estructura al modelo de gobernabilidad democrática desplegad desde la transición y las postransición chilena.

            Avanzar en el desmontaje del dispositivo gubernamental de la transición chilena es un avance en la crítica de los fundamentos político-institucionales del cierre transicional y, al mismo tiempo, un ejercicio de delimitación del campo de lucha estratégico que hoy necesitan los movimientos sociales con vocación de ruptura contrahegemónica.  Buscamos, en ese sentido,  aportar claves de lectura que nos permitan “mostrar la imperfección de la sutura, el trazado irregular de la costura que cohesiona al pacto social” (Villalobos Ruminot, 2013: 26), develando la relación interna entre: 1) violencia y acumulación de capital; 2) entre estado de excepción como operación de derecho que busca inmunizarse  del munus conmunitario; 3) entre la tesis contractualita como garante de la dinámica de la apropiación y desposesión puesta en marcha por las trasformaciones de los patrones de acumulación de capital y las formas de gobierno social.


1.        Estado de excepción: violencia e inmunización en los patrones de acumulación de capital.

            La historiografía y las ciencias sociales hegemónicas han leído los procesos emancipatorios del siglo XIX como el comienzo de un proyecto de liberación ininterrumpido a través dela historia. El cual sería confirmado, desde una lectura liberal, por oleadas modernizadoras o, desde una lectura marxista tradicional,  como promesa reconstructiva de un origen, de luchas por una segunda independencia a de carácter antiimperialistas y de liberación nacional. Sin embargo, el punto común de estos relatos emancipatorios se desprende de una misma manera de comprender la filosofía del origen y la historia y de asignarle un lugar al cruce entre formas de vida y formas jurídicas de representarlas. La alternativa de que demuestra Villalobos (2013), al igual que la intuición de nuestros trabajos con el profesor Miguel Urrutia, pasa por desmontar los ejes fundantes de esta hermenéutica, para criticar el cruce efectivo que se genera entre biopolítica-soberanía-y-vida y que se nos presentan en las tesis excepcionalista e inmunitarias de la vida en común.

            Una manera radical de develar esta estrecha relación entre excepcionalismo e inmunitarismo político en Chile, yuxtapuesta al proceso de reconversión de la soberanía nacional y su andamiaje estatal, la evidenciamos en el cruce entre economía y política. En ese encuentro, se torna necesaria la crítica al proceso de la fundación del orden normativo, expresado en la constitución de 1980 y el proceso de transición política que la consolida institucionalmente. Al mismo tiempo, que la búsqueda de la relación de las transformaciones del nomos del Estado chileno con el proceso de reconversión del patrón de acumulación de capital, que nos permite situar el proceso desde una perspectiva de mediano plazo, colocando el énfasis en las tendencias que organizan los dispositivos contemporáneos de gobierno. La primera crítica se justifica porque el grueso de la estrategia transitológica se jugó en la subordinación de las trasformaciones políticas al proceso de estabilización macroeconómico (Garretón, 2012), por tanto en ese punto se sitúa el límite del realismo político que imperó en el discurso transitológico. La segunda, porque el mismos proceso de ajuste económico y de consolidación democrática, evidencia la relación interna que existe en Chile entre una tendencia hacia  híper concentración de la riqueza (López, Figueroa & Gutiérrez, 2013) y la despolitización de la sociedad chilena, como expresión más visible de la desestructuración de los mecanismos de solidaridad que expresan el aumento vertiginoso del malestar en la sociedad, de la mano del aumento de los procesos de diferenciación social. Llegando al extremo de la inmunización política en la que los chilenos se perciben “satisfechos consigo mismos pero molestos con la sociedad” (PNUD, 2012).

            Partiendo por los elementos de la segunda crítica,  no deja de ser interesante la posibilidad de establecer un puente entre la crisis de la estrategia de desarrollo basada en la democratización política y en la redistribución del ingreso (Sader, 2013), con las transformaciones de la forma salario como mecanismo de integración de las clases subalternas a la ciudadanía nacional (Castell, 2013). Que comprendemos es el objetivo declarado de las teorías desarrollistas y el objeto de crítica de las teorías dependentista y los estudios marginalistas en la década delos 70’. Fue en esas trasformaciones evidenciadas en la estrategia de desarrollo nacional y sus efectos en el sistema de estratificación chileno,  con la expansión de la condición salarial más allá de la figura del proletariado tradicional y el consiguiente aumento de las capas medias,  que Eugenio Tironi y Javier Martínez (1985) vieron con buenos ojos el proceso de modernización en curso. Sin embargo, desde una posición más crítica y tras fracturada la buena fe depositada en el proceso de reestructuración conducido por la dictadura, nos parece urgente escrutar la relación entre economía y política tomando como centro del análisis las relaciones entre capital  trabajo, buscando un puente con la teoría crítica chilena en desarrollo desde un encuadre materialista (Rojo, 2002; Richards, 2000; Villalobos-Ruminot, 2013)

            Dos aportes teóricos son de vital importancia para generar un encuadre materialista a las tesis excepcionalista y a la yuxtaposición entre inmunización política y formas comunitarias de representar la vida social, intento que hemos revisados  en otros trabajos (Logiudice, 2007).  Si bien los clásicos del marxismo aportaron una intuición acertada entre las transformaciones de la soberanía nacional y la consolidación del mercado capitalista internacional, bajo la figura del Estado  imperialista[2], han sido los trabajos de Negri, Hardt (2004) los que han visibilizado este reajuste del andamiaje estatal en relación al desplazamiento de la soberanía nacional hacia una soberanía imperial. Sin embargo, la especificidad del caso latinoamericano señalada por Atilio Borón (2004), nos lleva a la búsqueda de una óptica crítica propia. Es por este resguardo que creemos   necesario atender a la tesis del ajuste espacio-temporal de David Harvey (2005) y las reflexiones de Karl Marx (2011) en el capítulo VI inédito para despejar los lugares comunes de la teoría crítica, con el objetivo de explicar la aparente paradoja entre expansión de la condición salarial, flexibilización de las patrones de acumulación de capital y los aumentos vertiginosos del malestar subjetivo de la sociedad.

            La relación que establece Marx en el capítulo VI inédito (2011) sobre la subsunción formal y la subsunción real del trabajo al capital nos permiten entender la dinámica del ajuste espacio-temporal señalado por Harvey. Esa conexión nos permite ligar los procesos de ajuste económicos con las mutaciones de los modos de regulación social y de acumulación de capital, comprendiendo a la forma capital, no sólo como la manera de organizar la producción económica, sino también como la manera metabólica de producir lo social y lo político (Métszárov, 2008).

            Groso modo, la subsunción formal del trabajo al capital es el proceso mediante el cual el propio “proceso de trabajo”  se convierte en el instrumento del proceso de valorización, subsumiéndose al capital, quien ocupa la posición organizador y conductor del proceso. Pero al mismo tiempo, en esa relación jerárquica, explota la fuerza de trabajo (Marx, 2011: 54). Este tipo de subsunción sucede, por ejemplo, en los procesos de acumulación originaria¸ en la que el capital se asienta en procesos laborales anteriores. De ahí el carácter formal de la subordinación, en la medida que el capital comando procesos laborales tradicionales. La especificidad de la subsunción formal del trabajo al capital se juega en el proceso paulatino de modificación de las relaciones entre los agentes del proceso productivo, la índole de ese trabajo mismo y, finalmente, la modalidad real de ese proceso laboral en su conjunto (Marx, 2011: 56). La característica central del proceso de subsunción formal es la directa subordinación del proceso laboral al capital, es la generación de un tipo de relación de sujeción vertical, directa, y un tipo de extracción de plusvalía absoluta (Marx, 2011: 72). Por su parte, el proceso de subsunción real del trabajo al capital, implica una revolución total en el modo de producción mismo, en la productividad del trabajo y en la relación entre el capitalista y el obrero.

            En la subsunción real del trabajo al capital se desarrollan todas las fuerzas productivas sociales del trabajo y merced al trabajo a gran escala, se llega a la aplicación de la ciencia y la maquinaria a la producción inmediata (Marx, 2011: 73). Implica que todo lo social  es considerado un nicho de acumulación y de valorización. “Precisamente la productividad del trabajo, la masa de la producción, la masa de la población y la masa de la sobrepoblación desarrolladas por este modo de producción, suscitan incesantemente –con el capital y el trabajo ahora disponibles- nuevas ramas productivas, en las cuales el capital puede trabajar nuevamente en pequeña escala y recorrer nuevamente los diversos estadios de desarrollo, hasta que también comienza a explotarse en escala social esas nuevas formas de la actividad” (cursiva nuestra. Marx, 2011: 73). Por su parte, la especificidad de este tipo de subsunción del trabajo al capital es la generación de un tipo de producción que no está ligada a limitaciones y predeterminaciones de las necesidades, convirtiendo al productor real en un simple medio de producción (la denominada subordinación del trabajo vivo en el abstracto); erigiendo  a la riqueza material como fin en sí mismo (Marx, 2011: 76).

            La característica que se desprende de este tipo de subordinación del trabajo al capital es la generación de un patrón de acumulación de capital flexible[3], tanto en lo refiere a su expansión geográfica como en su distribución del espacio social. Ahí es cuando la tesis Harvey, sobre la relación entre crisis de acumulación y procesos de ajustes espacio temporal cobra una relevancia central. Desde la década de los 70’ Harvey ha demostrado como la tendencia del mismo proceso de acumulación de capital genera procesos de ajuste, en términos de “la producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura  de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital y de penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada)” (Harvey, 2004:  102). El aporte sin duda más importante de Harvey, es la identificación de lo que ya marxista regulacionistas franceses y los derivacionistas alemanes abordaban para el rol de la institucionalidad, como producto del proceso de acumulación y como mediadoras y expansoras del mismo (Harvey, 2004: 108), acuñando para ello la noción de modo de regulación.[4] Siguiendo ese análisis, en el cruce entre política y economía los dispositivos de gobierno se constituyen en un complemento de la subordinación de la sociedad en su conjunto como espacio de acumulación del capital por subsunción real.

            De este modo, se comprende que el sistema capitalista configurado a partir de la lógica del capital y basado en las decisiones individualizadas, en términos jurídicos, es imposible que compatibilice las formas de producción con las formas de distribución del ingreso y del consumo, por lo que se hace necesaria la regulación del Estado. Democracia política y redistribución y expansión del salario, como mecanismo de integración social y de transferencia de ingresos queda como un proyecto trunco. Pero por otra parte, se demuestra que el Estado y la dimensión jurídica 1) es factor de cohesión de las diversas instancias de una formación social, 2) qué es una forma particular de la relación del capital y 3) qué esta debe ser comprendida en términos de lucha social y de los sistemas de estructuras y estratificación que se constituyen  en una formación económico-social.

            Así, en un mismo patrón de acumulación flexible pueden convivir con diversos modos de regulación  política, en la medida que la subsunción real del trabajo al capital posibilita que se combinen de manera flexible diversos modos de trabajos, diversos regímenes institucionales y condiciones de inserción en los mercados internacionales. Las aparentes paradojas de los enclaves autoritarios de la postransición chilena, con la extensión de las formas salariales, con el aumento de la inserción de la economía nacional, la diversificación de los sistemas de estratificación, con los aumentos del malestar social pueden tener un encuadre crítico más amplio.[5] En ese umbral que es necesario cruzar, el puente hacia la teoría crítica nos permite desactivar la racionalidad transitológica desde una óptica materialista, corroyendo el significante vacío de la democracia burguesa y apuntando hacia la interrogante que Villalobos-Ruminot (2013) retoma a partir de los trabajos de Boaventura do Sousa Santos (2002): ¿puede el derecho ser emancipatorio?. En ese punto señalamos  el carácter estratégico del cruce entre Ley y Capital, entre violencia y acumulación, entre operaciones de derecho excepcionalista y dispositivos  de  inmunización política. 

            Con esta reflexión de fondo, se torna necesaria atender al carácter político de lo que hasta este momento hemos denominado “patrón de gobernabilidad democrática”¸ aproximándonos al desarrollo de la primera crítica que enunciamos en este apartado. La ventaja de tomar como objeto de crítica un dispositivo de gobiernos específico es que   nos permite efectuar una reflexión abstracta, en torno al cruce entre modo de regulación y modo de acumulación, y una genealógica, en relación a cómo, en un determinado momento, las configuraciones entre prácticas y discursos políticos  dan cuenta de la fuerte carga de contingencia que las estructura, de las tendencias que las delimitan y de las elementos de opciones políticas puestas en juego en determinadas coyunturas. Para ello, la distinción de Ranciere entre política y policía (1996), a la vez que nos permite efectuar una crítica política a la operación de derecho identificada como una técnica de gobierno, como un dispositivo meramente policial, nos permite acentuar la distancia entre formas jurídicas de organizar la sociedad y formas históricas de imaginarla.

            Esa tensión no resuelta está presente en el corazón mismo de la Ley. Aplicar la Ley implica la movilización de procedimientos cada vez más complejos que  mantienen e incluso profundizan la distancia entre lo que prescribe el orden legal y la manera en cómo esta estructura las prácticas sociales. En ese frío recurso de la ley se inscribe la operación excepcionalista, articulando una contradicción inherente al ejercicio de la democracia  concebida como dispositivo de gobierno. Tensión no resuelta, que se genera por el hecho de que la seguridad que se busca preservar para la sociedad, como expresión del ser en común, es un objetivo declarado de derecho, pero ese derecho no puede cumplirse plenamente sin movilizar medios que resultan atentatorios para el derecho mismo. Esa ambigüedad del corazón de la Ley constituye, por su parte, la delimitación de la problemática general del derecho y la definición de su objeto. La problemática del derecho, más que una cuestión de principios  o razones, es una cuestión relativa  al  establecimiento de límites a la violencia que se nos presenta como la situación límite más irracional.  Precisamente el ocultamiento de la irracionalidad de esa fuerza-de-vida, capaz de dar (eros) y quitar vida (tánatos), constituye el esfuerzo denodado de la modernidad por fundarse a sí misma bajo presupuestos de razón y posibitando, al mismo tiempo,  el ocultamiento de la vida orgánica (zoe) que subyace a las forma puramente jurídica de concebirla (bios) (Agamben, 2007).

            Por ello, el objetivo declarado de derecho que permite la fundación jurídica del orden social, sobre la base del contractualismo y lo que se ha denominado la hipótesis hobbesiano, es decir, que lo que tienen los hombres en común es el miedo ante la posibilidad de darse mutuamente muerte (Esposito, 2003), constituye una operación puramente formal del cruce efectuado entre saber y poder sobre la vida. De ahí que sobre la base de la fundación formal del orden social, el control de las poblaciones y la preservación de la paz se tornen los objetivos declarados de las sociedades contemporáneas, contra la cual, el derecho puede movilizar todos los recursos necesarios para conseguirlo. Incluso atentar excepcionalmente contra el orden legal para defenderlo. Es una violencia efectuada sobre la posibilidad de que la violencia atente contra el orden. Es violencia contra la violencia de la paz que asegura del orden legal, ocultando que en el origen mismo de la Ley, la violencia se demuestra como el único recurso que posibilita la fundación del orden legal y que, en cuanto que instrumento, se revela como herramienta de determinados intereses particulares que se busca preservar erigiéndolos como universales.[6] Esa es, precisamente, el anverso (violencia simbólica) y el reverso (violencia material) de la operación de derecho y la fatuidad del recurso excepcionalista. Y constituye la tensión no resuelta de los procesos latinoamericanos de transición al socialismo que, invocando una política de poder popular ancladas al desarrollo de las fuerza-de-vida de las clases subalternas (poder desde la vida), de su poder popular constituyente, de su iniciativa directa de elaboración y control de sus vidas, se ven constantemente aprisionados por los límites del orden legal. De ahí que la interrogante planteada por Boaventura de o Sousa Santos recorra el continente con mucha actualidad: ¿puede el derecho ser emancipatorio?

            Marx comprendía la relación entre la guerra y acumulación e identificaba ya en 1857 la manera en cómo violencia y acumulación, Ley y Capital constituían las dos caras del orden de la violencia (Marx, 1989: 38). Desde otra semántica, Michel Foucault, invirtiendo la máxima de Carl Von Clausewitz, demostró cómo entre política y guerra existía una conexión mediante la violencia: la guerra es la continuación de la política bajo otros medios (Foucault, 2010: 156). Ese matrimonio espurio entre Ley y Capital, esa tensión entre las formas jurídicas de organizar la sociedad y las formas históricas de imaginarlas constituyen el campo de la política de las clases subalternas y que, en Chile, llegan a su mayor desarrollo con las prácticas e imaginarios de poder popular.

            La operación efectiva del derecho, el fundamento inmunitario de las formas de ser en común que rigen las teorías contractualitas del orden social y los recursos al excepcionalismo del uso del recurso de la violencia para la defensa del orden social son las cabezas del cancerbero que custodian los procesos de acumulación de capital.  Por eso la búsqueda de la defensa de la vida orgánica (zoe), como objetivo declarado de derecho requiere la generación de un espacio de ordenación, que la tome como objeto de saber y de poder (la biopolítica), y la generación de un dispositivo de razón que legitime la operación de defensa de la vida  del individuo y la comunidad (bios). Pero encubre la constatación de que, en la medida que la desigualdad social del momento que antecede a la fundación del derecho, por cuanto es un resultado del proceso de diferenciación social puesto en marcha por la subsunción real del trabajo al capital, no puede concebirse sin violencia. El corazón de la Ley es la violencia fundacional que recorre la producción y reproducción de lo social y lo político, en lo material y en lo simbólico. Pensar e imaginar las formas de vida históricas más allá del poder sobre la vida implica un posicionamiento político y práctica desde la vida, de la potentia sobre la potestas, (Holloway, 2005) pero sin concebirla desde el más allá de la Ley (Mazzeo, 2014). Y esto no por mala fe, sino por el efecto irreversible de los procesos de diferenciación adjuntos a la subsunción del real del trabajo al capital.

            Reconstruir la huella política de los procesos de politización de las clases subalternas en Chile nos lleva al desmontaje de los proceso de su ocultamiento de los procesos de poder popular durante su fase más álgida (1965-1973). Análisis histórico que hemos efectuado en otros lugares (Seguel, 2014) y que nos llevó a la constatación del proceso de ocultación de los proceso de politización popular efectuado por los intelectuales orgánicos de la transición. Análisis en el que al mismo tiempo que diagnosticaron los errores de la Unidad Popular, ocultaran los procesos de politización popular y permitieron fundar una racionalidad transitológica despolitizadora (Duran, 2006), que erige a la democracia como un dispositivo de gubernamentalidad, como una técnica de gobierno, de gestión policial.  


2.             Entre la acumulación flexible y la gobernabilidad democrática.

            La crítica a la operación transitológica de ocultamiento de la politización subalterna busca identificar, por subsunción real del trabajo al capital, la relación de entre el régimen de acumulación flexible implementado en Chile (Narbona, 2014), con el patrón de gobernabilidad democrática (Salinas & Jiménez, 2002). Desde esta perspectiva, la problemática de la reconversión productiva de los países latinoamericanos y el término por vía dictaduras de las democracias redistributivas encuentran un punto de articulación común. De hecho, el concepto de gobernabilidad democrática surge en el marco de las reflexiones efectuadas por la Comisión Trilateral formalizados por Michael Crozier,  Samuel  Huntington y Juji Watanuki (1975), como un viraje en la política internacional Estadounidense hacia la región latinoamericana (Regalado, 2008). Esta elaboración teórica ataca los principios distribucionistas del Estado benefactor o de compromiso de clases, cuestionando el rol interventor del Estado en lo económico, afirmando su autonomía y erigiendo lo político como garante institucional del orden económico. Por ello junto con la promoción de la liberalización y flexibilización de los mercados nacionales, se erige como máxima la reducción al mínimo de las funciones estatales. 

            En el caso  chileno, estas políticas de shock sobre el trabajo generaron el ajuste de la crisis económica del modelo de desarrollo de compromiso impulsado desde 1938, atacando y modificando las relaciones entre capital y trabajo llevados adelante por la dictadura. Así, el objetivo declarado  por la Junta Militar de defender la Constitución de 1925 fue progresivamente diluyéndose, a medida que la operación de remodelamiento social fue inclinándose al sector liberal.  Sobre todo,  desde la aplicación del Plan Laboral (1979), la puesta en marcha de las “Siete Modernizaciones” y su consolidación jurídica en la Constitución fraudulenta de 1980. Así, la generación de un determinado régimen  de acumulación de capital[7] va consolidándose con un determinado modo de articular economía, política y sociedad mediante una operación de fundación de derecho.

            La crítica a la continuación de la violencia de la explotación del capital en el orden legal, toma vigencia por el rol de apoyo que jugó el campo cultural de la izquierda en el proceso de transición consociativa. La crítica al proceso de transición más que al carácter contingente de las decisiones tomadas por la socialdemocracia chilena, apunta a las consecuencias políticas para las clases subalternas y el efecto despolitizador que se configura desde el momento en que la racionalidad política se desplaza del antagonismo a la gestión. Ahí es cuando la gobernabilidad democrática concebida como fórmula de gestión destinada a evitar desequilibrios en los parámetros macroeconómicos devela su contenido estrictamente policial, por cuanto su objeto más que la institución de un espacio para el procesamiento de las fallas que anteceden al orden jurídico y que recorren a la sociedad, se constituye en el control de eventuales desequilibrios que estos puedan generar en la gestión del capital. La institucionalidad política se revela así como un espacio subsumido al capital, cuyo objetivo es el resguardo de su reproducción ampliada y para lo cual moviliza un amplio espectro de operaciones efectivas de derecho ancladas sobre el recurso excepcionalista  y las tesis inmunitaristas.

            La complicidad entre Ley y Capital demuestra la sutura endeble que recorre un pacto social, cuya razón de ser, cuyo modus operandi de defensa violenta en nombre de un orden legal sólo se vehiculiza construyendo un objetivo depositario de los recursos de defensa a movilizar. En el caso de la búsqueda por re-configurar el régimen chileno, los intelectuales orgánicos de la transición tuvieron que salvar el régimen institucional, apelando a los valores abstractos de la democracia, construyendo una imagen ideal del funcionamiento formal de régimen y sistema de partidos y, desplazando de la ecuación de la gobernabilidad, las prácticas antagonistas de las clases subalternas, consideradas como factores exógenos y enturbiadores del correcto funcionamiento de la democracia.

            Partiendo de la explicación de Arturo Valenzuela, que señala que la extrema polarización que dio lugar al quiebre de la democracia se debió al “fracaso en estructurar un centro político viable en una sociedad altamente polarizada con fuertes tendencias centrífugas”. Siguiendo con Alejandro Foxley, que coloca el énfasis en la “existencia de proyectos globales cerrados y excluyentes, incapaces de dialogar y llegar acuerdos”. Hasta la explicación de Tironi y Martínez, que identifica en la “incapacidad de la clase política chilena, que presa de atavismos ideológicos no supo administrar racionalmente las consecuencias del proceso de modernización e integración social que ella misma impulsó”. En suma, un problema de racionalidad política que exigía la morigeración de los proyectos políticos, un realismo para la mantención de alianzas amplias y flexibles que hubiesen asegurado un marco institucional para la resolución negociada de los conflictos sociales.

            Siguiendo con los primeros trabajos de Tomás Moulian que identificaron la crisis del régimen político en la imposibilidad de establecer alianzas entre la izquierda y el centro, que hubiesen permitido la construcción de un “bloque por los cambios” como una alternativa a la política de los resquicios legales que terminó quebrando la forma tradicional de la política de compromiso. Enfatizando, ademá,s en base a los estudios de Giovanni Sartori, como crítica al trabajo de Valenzuela, que un centro estable por sí solo no otorgó la estabilidad al sistema democrático chileno.  Sobre esta tesis de fondo, para Luis Corvalán Márquez,  la explicación de la polarización de los conflictos políticos, que permitió el derrumbe institucional, fue el resultado de la combinación de: la gran habilidad táctica del sector rupturista de la oposición, el considerable peso que, a su vez, las fuerzas rupturistas alcanzaron en la izquierda y la inexistencia –en un marco de un sistema de partidos de pluralismo polarizado- de un centro pragmático capaz de dar, a través de un acuerdo moderado con el gobierno, una contribución significativa a la despolarización del escenario político.

            Todos estos trabajos constituyen un conjunto que toma como objeto del análisis la racionalidad política de las organizaciones partidarias en el tamiz de fondo de las tesis del funcionamiento normal del régimen político  y de la democracia.  Tesis que llevan irremediablemente a afirmar la necesidad de articulaciones políticas cercanas a la idea de la “matriz sociopolítica” de Garretón  y que,  establecen un marco de análisis universalizante que desplaza el centro del análisis desde las prácticas concretas y sucesivas de politización, hacia conceptos universales  que rigen el funcionamiento normal de una sociedad.  Así, por vía intelectual, se inmuniza la acción política y el sistema social en un marco de análisis cuyo límite está sobre el funcionamiento actual de la democracia y que nos lleva, si es que lo aceptamos  sin reparos, a erigirlo como el parámetro desde el cual imputar las prácticas políticas antagonistas de las clases subalternas, reduciendo la subjetivación política a la mera acción partidaria y la racionalidad política a la mera racionalización instrumental.

            En este análisis, la racionalidad política sólo será comprendida como la identificación por parte de un actor de la lógica operante de las instituciones sociales y el campo de interés que estas configuran, evacuando dos momentos fundamentales de la política y de la  construcción de sociedad: el momento de la ruptura de lo real como orden de cosas dadas (la emergencia del antagonismo como acontecimiento que rompe con el orden sucesivo de las cosas) y el momento de institucionalización de lo nuevo (el momento de la institución soberana del orden social como poder constituyente). Su funcionalidad política de la lectura transitológica fue, por tanto, la de generar un marco reflexivo para la izquierda, que la llevase/lleva  a aceptar la tesis de la transición consociativa y la de la necesidad de generar alianzas amplias y moderadas, desechando los componentes diferenciadores y antagonistas de la lucha política, para la preservación de espacios concertados para la resolución pacífica de los intereses. Fue la subordinación real del trabajo al capital, del establecimiento de un dispositivo de gobierno cuya preservación requiere de la despolitización de la sociedad, de la desmovilización de la protesta social y de la criminalización de las luchas políticas de ruptura democrática expresadas en las prácticas e imaginarios de poder popular.




Bibliografía:
1.      Agamben, Giorgio (2007). Estado de excepción, Homo Sacer, I, II, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
2.      Astarita, Rolando (2006), Sobre el estado y las relaciones sociales. Una aproximación desde el método, mimeo.
3.      Borón, Atilio (2004). Imperio & Imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, Buenos Aires: CLACSO ediciones.
4.      Bourdieu, Pierre (1999). Violencia simbólica y luchas políticas”, en: Meditaciones pascalianas, Barcelona: Editorial Anagrama, pp. 217-271
5.      Castel, Robert (2013). La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Buenos Aires: Editorial Manantial.
6.      Crozier, Michael, Huntington, Samuel y Watanuki, Juji (1975). The crisis of Democracy. Report on the governality of democracy to the Trilateral Comission, New York: New York University Press.
7.      de Sousa Santos, Boaventura (2002), “Can Lawbe emancipatory?”, Toward a New Legal Commnon Sense. Law, Globalization and Emancipation. London: Butterworths, pp. 439-495.
8.      Durán, Juan Carlos (2006). “Transición y consolidación democrática: aspectos generales”, en Caetano, Gerardo (coor.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia de América reciente, Buenos Aires, Argentina: CLACSO, PP. 213-240.
9.      Emmanuel, Arghiri, Bettelheim, Charles, Amin, Samir, y Palloix, Christian (1971). Imperialismo y comercio internacional. (El intercambio desigual, Buenos Aires: Cuadernos Pasad y Presente.
10.  Esposito, Roberto (2003). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires, Amorrortu.
11.  Foucault, Michel (2010). Defender la sociedad. Curso en el College de France, (1975-1976), Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
12.  Garretón, Manuel Antonio (2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Buenos Aires: CLACSO ediciones.
13.  Hardt, Michael y Negri, Antonio (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio, Argentina: DEBATE.
14.  Harvey, David (2005). “El nuevo Imperialismo: acumulación por desposesión”, Socialist Register (Enero 2004) 2005, Buenos Aires: CLACSO ediciones.
15.  Holloway, John (2005). Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: Herramienta ediciones.
16.  Logiudice, Edgardo (2007). Agamben y el estado de excepción. Una mirada marxista, Buenos Aires: Herramienta ediciones.
17.  López, Ramón, Figueroa, Eugenio y Gutiérrez, Pablo (2013). La parte del ‘león’: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile. Santiago: Serie de Documentos de Trabajo, Departamento de economía, Universidad de Chile.
18.  Marx, Karl (1989). Introducción General a la crítica de la economía política/ 1957, México DF: Siglo XXI editores.
19.  Marx, Karl (2010). El capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Libro I. Proceso de producción de capital, Santiago: LOM ediciones.
20.  Marx, Karl (2011). El capital, Libro I, Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción. México DF: Siglo XXII editores.
21.  Mazzeo, Miguel (2014). Introducción al poder popular. El sueño de una cosa, Santiago: Tiempo Robado Editoras.
22.  Mészáros, István (2008). “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: alternativa alternatia al parlamentarismo”, versión digital: http://www.rebelion.org/docs/57540.pdf [4/8/2014]
23.  Narbona, Karina (2014). Antecedentes del Modelo de Relaciones Laborales chileno. Santiago: Fundación Sol.
24.  Ranciere, Jacques (1996). El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
25.  Regalado, Roberto (2008). Los gobiernos de izquierda en américa latina, Bogotá: Ocean Sur.
26.  Richard, Nelly (2002). La insubordinación de los signos : (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis), Santiago: Cuarto propio.
27.  Rojo, Grínor (2002). Diez tesis sobre la crítica. Santiago: LOM ediciones.
28.  Salinas, Darío y Jiménez, Edgar (coord.) (2002). Gobernabilidad y globalización. Procesos políticos recientes en América Latina. México DF, Ediciones Gernika, S.A. 
29.  Seguel, Bryan (2014). “Prácticas de movilización y de subjetivación política en el desarrollo del poder popular en Chile, 1967-1973”, mimeo. 
30.  Santi, Paolo, Valer, Jacques, Banti, Rodolfo y Alavi, Hamza (1969). Teoría marxista del imperialismo, Buenos Aires: Cuadernos Pasado y Presente.
31.  Tironi, Eugenio y Martínez, Javier (1985), Las clases sociales en Chile. Cambios y estratificación. 1973-1980. Santiago, Chile: SUR ediciones. 
32.  Villalobos Ruminot, Sergio (2013). Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América Latina, Lanús: La Cebra Ediciones.






[1] Estudiante egresado del programa de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile (tesis en desarrollo), estudiante del programa de sociología (sexto semestre) de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Integrante del Equipo de investigación en movimientos sociales y poder popular de la Universidad de Chile ((www.poderymovimientos.cl). Contacto: bseguelg@gmail.com 
[2] En la década de los setenta, el grupo de  los Cuadernos Pasado y Presente realizaron una excelente compilaciónsobre este tema (Santi, Walier, Banti & Alavi, 1969; Emmanuel, Bettelheim, Amin & Palloix, 1971)
[3] A grandes rasgos el  “modo/régimen/patrón de acumulación” da cuenta un modo de acumular capital en un tiempo prolongado que se basa como señala Rolando Astarita (2006) en: 1) una determinada manera de organizar la producción; 2) un determinada manera de distribuir ingresos entre salarios, ganancias y beneficios; y 3) un volumen y composición de la demanda efectiva (demanda de bienes durables, de bienes de exportación, etc.)
[4]
[5] Cabe señalar que mi intención es tratar de mostrar una manera de leer desde un enfoque marxista la crítica  a la excepcionalidad de violación del derecho con el dispositivo inmunización política. Para corroborar esta intuición es necesario efectuar un análisis empírico estadístico de correlaciones o de análisis de componente, que permite sostener que las variables “modo de acumulación” y “modo de regulación” están correlacionadas. Proyecto que aquí queda al menos queda como testimonio.
[6] Esta es la situación de violencia simbólica identificada por Bourdieu (1999) y que, leída desde un enfoque marxista, podemos identificar que se origina en relación entre valor de uso y valor de cambio, en la medida que la mediación de los intercambios orgánicos entre naturaleza y sociedad requiere, en determinados momentos del desarrollo de las sociedades y los procesos de diferenciación, de la mediación de determinados equivalentes simbólicos (Marx, 2010: 49-104).
[7] El contenido específico de este modo de acumulación véase en el trabajo de Karina Narbona (2014). En este trabajo nos inclinamos por un trabajo reflexivo más abstracto, más que un trabajo descriptivo. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario