sábado, 30 de agosto de 2014

“Politización subalterna, democracia y excepción en Chile. Entre acumulación flexible y la gobernabilidad democrática. (1976-1989)”



16 de agosto de 1949, la revuelta de la Chaucha. Santiago, Chile.


1ª Jornada Transdisciplinar de Estudios de Gubernamentalidad:
Máquinas de saber, mecanismos del poder, prácticas de subjetivación

bryan seguel gutiérrez[1]
(m. zeguel)

            Desde fines de la década de los sesenta se genera un espacio de investigación y reflexión en el campo cultural de la izquierda chilena, cuyo objetivo buscó identificar las principales causas, errores y aciertos del proyecto de la vía chilena al socialismo. Uno de los focos del análisis de la experiencia de subjetivación y movilización popular llevada adelante por las clases subalternas chilenas se constituyó en la relación entre  sistema de partidos, movimientos sociales y estado. Las conclusiones a las que el grueso del campo cultural de la izquierda llegó permitieron generar una reflexión que tuvo una fuerte carga de contingencia, que posibilitó leer el fracaso de la Unidad Popular en sentido de futuro, fundamentando el grueso de la estrategia transitológica que se puso en marcha desde mediado de los ochenta. La clave política para el éxito de la transición se leyó en la manera en cómo se identificó el fracaso de la Unidad Popular.

            El foco de nuestro trabajo busca evidenciar las principales tesis del campo cultural de la izquierda, tomando como eje de análisis las prácticas y los discursos generados en ese contexto. Este modo de comprender al campo cultural de la izquierda, nos permitirá atender a las articulaciones sociales de tal modo de relacionar los procesos de circulación, producción y usos de las prácticas y discursos investigativos con un determinado contexto sociopolítico. Así, nuestro objetivo es criticar el recurso de la tesis excepcionalista y el paradigma inmunitario generados por los intelectuales transitológicos, que evidenciamos en el discurso hegemónico que prevaleció en la década de los ochenta. En otras palabras, la consideración del fracaso de la Unidad Popular como efecto de la rigidización del sistema de partidos, por la imposibilidad de estructurar un centro político estable, que hubiese permitido la generación de alianzas amplias, flexibles y moderadas que se sobrepusieran a la política de los resquicios legales. En suma, un problema de racionalidad política que exigía la morigeración de los proyectos políticos, un realismo para la mantención de alianzas amplias y flexibles que hubiesen asegurado un marco institucional para la resolución negociada de los conflictos sociales.

            Esta consideración general en torno a la racionalidad política se efectuó en torno a nociones generales de la idea socioliberal de democracia, estado de derecho y régimen de partidos, que posibilitó la evacuación de las prácticas de politización y subjetivación subalternas desplegadas por el movimiento popular chileno, sintetizadas en torno a la noción de poder popular. Así, por vía intelectual, se inmunizó la  acción política del campo de la izquierda identificada con esas prácticas de politización, generando un relato excepcionalista que nos presentó a la politización subalterna como un exceso, como toda la democracia posible a la que el movimiento popular pudo llegar en el marco de una sociedad capitalista, estructuralmente heterogénea y dependiente. Operación intelectual que, al desplazar al desacuerdo y el antagonismo, al desacoplar la libertad de la lucha de clases, permite erigir un simulacro de democracia, refractaria a la politización; permite (co)instituir a la  democracia como un dispositivo de gubernamentalidad que estructura al modelo de gobernabilidad democrática desplegad desde la transición y las postransición chilena.

            Avanzar en el desmontaje del dispositivo gubernamental de la transición chilena es un avance en la crítica de los fundamentos político-institucionales del cierre transicional y, al mismo tiempo, un ejercicio de delimitación del campo de lucha estratégico que hoy necesitan los movimientos sociales con vocación de ruptura contrahegemónica.  Buscamos, en ese sentido,  aportar claves de lectura que nos permitan “mostrar la imperfección de la sutura, el trazado irregular de la costura que cohesiona al pacto social” (Villalobos Ruminot, 2013: 26), develando la relación interna entre: 1) violencia y acumulación de capital; 2) entre estado de excepción como operación de derecho que busca inmunizarse  del munus conmunitario; 3) entre la tesis contractualita como garante de la dinámica de la apropiación y desposesión puesta en marcha por las trasformaciones de los patrones de acumulación de capital y las formas de gobierno social.


1.        Estado de excepción: violencia e inmunización en los patrones de acumulación de capital.

            La historiografía y las ciencias sociales hegemónicas han leído los procesos emancipatorios del siglo XIX como el comienzo de un proyecto de liberación ininterrumpido a través dela historia. El cual sería confirmado, desde una lectura liberal, por oleadas modernizadoras o, desde una lectura marxista tradicional,  como promesa reconstructiva de un origen, de luchas por una segunda independencia a de carácter antiimperialistas y de liberación nacional. Sin embargo, el punto común de estos relatos emancipatorios se desprende de una misma manera de comprender la filosofía del origen y la historia y de asignarle un lugar al cruce entre formas de vida y formas jurídicas de representarlas. La alternativa de que demuestra Villalobos (2013), al igual que la intuición de nuestros trabajos con el profesor Miguel Urrutia, pasa por desmontar los ejes fundantes de esta hermenéutica, para criticar el cruce efectivo que se genera entre biopolítica-soberanía-y-vida y que se nos presentan en las tesis excepcionalista e inmunitarias de la vida en común.

            Una manera radical de develar esta estrecha relación entre excepcionalismo e inmunitarismo político en Chile, yuxtapuesta al proceso de reconversión de la soberanía nacional y su andamiaje estatal, la evidenciamos en el cruce entre economía y política. En ese encuentro, se torna necesaria la crítica al proceso de la fundación del orden normativo, expresado en la constitución de 1980 y el proceso de transición política que la consolida institucionalmente. Al mismo tiempo, que la búsqueda de la relación de las transformaciones del nomos del Estado chileno con el proceso de reconversión del patrón de acumulación de capital, que nos permite situar el proceso desde una perspectiva de mediano plazo, colocando el énfasis en las tendencias que organizan los dispositivos contemporáneos de gobierno. La primera crítica se justifica porque el grueso de la estrategia transitológica se jugó en la subordinación de las trasformaciones políticas al proceso de estabilización macroeconómico (Garretón, 2012), por tanto en ese punto se sitúa el límite del realismo político que imperó en el discurso transitológico. La segunda, porque el mismos proceso de ajuste económico y de consolidación democrática, evidencia la relación interna que existe en Chile entre una tendencia hacia  híper concentración de la riqueza (López, Figueroa & Gutiérrez, 2013) y la despolitización de la sociedad chilena, como expresión más visible de la desestructuración de los mecanismos de solidaridad que expresan el aumento vertiginoso del malestar en la sociedad, de la mano del aumento de los procesos de diferenciación social. Llegando al extremo de la inmunización política en la que los chilenos se perciben “satisfechos consigo mismos pero molestos con la sociedad” (PNUD, 2012).

            Partiendo por los elementos de la segunda crítica,  no deja de ser interesante la posibilidad de establecer un puente entre la crisis de la estrategia de desarrollo basada en la democratización política y en la redistribución del ingreso (Sader, 2013), con las transformaciones de la forma salario como mecanismo de integración de las clases subalternas a la ciudadanía nacional (Castell, 2013). Que comprendemos es el objetivo declarado de las teorías desarrollistas y el objeto de crítica de las teorías dependentista y los estudios marginalistas en la década delos 70’. Fue en esas trasformaciones evidenciadas en la estrategia de desarrollo nacional y sus efectos en el sistema de estratificación chileno,  con la expansión de la condición salarial más allá de la figura del proletariado tradicional y el consiguiente aumento de las capas medias,  que Eugenio Tironi y Javier Martínez (1985) vieron con buenos ojos el proceso de modernización en curso. Sin embargo, desde una posición más crítica y tras fracturada la buena fe depositada en el proceso de reestructuración conducido por la dictadura, nos parece urgente escrutar la relación entre economía y política tomando como centro del análisis las relaciones entre capital  trabajo, buscando un puente con la teoría crítica chilena en desarrollo desde un encuadre materialista (Rojo, 2002; Richards, 2000; Villalobos-Ruminot, 2013)

            Dos aportes teóricos son de vital importancia para generar un encuadre materialista a las tesis excepcionalista y a la yuxtaposición entre inmunización política y formas comunitarias de representar la vida social, intento que hemos revisados  en otros trabajos (Logiudice, 2007).  Si bien los clásicos del marxismo aportaron una intuición acertada entre las transformaciones de la soberanía nacional y la consolidación del mercado capitalista internacional, bajo la figura del Estado  imperialista[2], han sido los trabajos de Negri, Hardt (2004) los que han visibilizado este reajuste del andamiaje estatal en relación al desplazamiento de la soberanía nacional hacia una soberanía imperial. Sin embargo, la especificidad del caso latinoamericano señalada por Atilio Borón (2004), nos lleva a la búsqueda de una óptica crítica propia. Es por este resguardo que creemos   necesario atender a la tesis del ajuste espacio-temporal de David Harvey (2005) y las reflexiones de Karl Marx (2011) en el capítulo VI inédito para despejar los lugares comunes de la teoría crítica, con el objetivo de explicar la aparente paradoja entre expansión de la condición salarial, flexibilización de las patrones de acumulación de capital y los aumentos vertiginosos del malestar subjetivo de la sociedad.

            La relación que establece Marx en el capítulo VI inédito (2011) sobre la subsunción formal y la subsunción real del trabajo al capital nos permiten entender la dinámica del ajuste espacio-temporal señalado por Harvey. Esa conexión nos permite ligar los procesos de ajuste económicos con las mutaciones de los modos de regulación social y de acumulación de capital, comprendiendo a la forma capital, no sólo como la manera de organizar la producción económica, sino también como la manera metabólica de producir lo social y lo político (Métszárov, 2008).

            Groso modo, la subsunción formal del trabajo al capital es el proceso mediante el cual el propio “proceso de trabajo”  se convierte en el instrumento del proceso de valorización, subsumiéndose al capital, quien ocupa la posición organizador y conductor del proceso. Pero al mismo tiempo, en esa relación jerárquica, explota la fuerza de trabajo (Marx, 2011: 54). Este tipo de subsunción sucede, por ejemplo, en los procesos de acumulación originaria¸ en la que el capital se asienta en procesos laborales anteriores. De ahí el carácter formal de la subordinación, en la medida que el capital comando procesos laborales tradicionales. La especificidad de la subsunción formal del trabajo al capital se juega en el proceso paulatino de modificación de las relaciones entre los agentes del proceso productivo, la índole de ese trabajo mismo y, finalmente, la modalidad real de ese proceso laboral en su conjunto (Marx, 2011: 56). La característica central del proceso de subsunción formal es la directa subordinación del proceso laboral al capital, es la generación de un tipo de relación de sujeción vertical, directa, y un tipo de extracción de plusvalía absoluta (Marx, 2011: 72). Por su parte, el proceso de subsunción real del trabajo al capital, implica una revolución total en el modo de producción mismo, en la productividad del trabajo y en la relación entre el capitalista y el obrero.

            En la subsunción real del trabajo al capital se desarrollan todas las fuerzas productivas sociales del trabajo y merced al trabajo a gran escala, se llega a la aplicación de la ciencia y la maquinaria a la producción inmediata (Marx, 2011: 73). Implica que todo lo social  es considerado un nicho de acumulación y de valorización. “Precisamente la productividad del trabajo, la masa de la producción, la masa de la población y la masa de la sobrepoblación desarrolladas por este modo de producción, suscitan incesantemente –con el capital y el trabajo ahora disponibles- nuevas ramas productivas, en las cuales el capital puede trabajar nuevamente en pequeña escala y recorrer nuevamente los diversos estadios de desarrollo, hasta que también comienza a explotarse en escala social esas nuevas formas de la actividad” (cursiva nuestra. Marx, 2011: 73). Por su parte, la especificidad de este tipo de subsunción del trabajo al capital es la generación de un tipo de producción que no está ligada a limitaciones y predeterminaciones de las necesidades, convirtiendo al productor real en un simple medio de producción (la denominada subordinación del trabajo vivo en el abstracto); erigiendo  a la riqueza material como fin en sí mismo (Marx, 2011: 76).

            La característica que se desprende de este tipo de subordinación del trabajo al capital es la generación de un patrón de acumulación de capital flexible[3], tanto en lo refiere a su expansión geográfica como en su distribución del espacio social. Ahí es cuando la tesis Harvey, sobre la relación entre crisis de acumulación y procesos de ajustes espacio temporal cobra una relevancia central. Desde la década de los 70’ Harvey ha demostrado como la tendencia del mismo proceso de acumulación de capital genera procesos de ajuste, en términos de “la producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura  de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital y de penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada)” (Harvey, 2004:  102). El aporte sin duda más importante de Harvey, es la identificación de lo que ya marxista regulacionistas franceses y los derivacionistas alemanes abordaban para el rol de la institucionalidad, como producto del proceso de acumulación y como mediadoras y expansoras del mismo (Harvey, 2004: 108), acuñando para ello la noción de modo de regulación.[4] Siguiendo ese análisis, en el cruce entre política y economía los dispositivos de gobierno se constituyen en un complemento de la subordinación de la sociedad en su conjunto como espacio de acumulación del capital por subsunción real.

            De este modo, se comprende que el sistema capitalista configurado a partir de la lógica del capital y basado en las decisiones individualizadas, en términos jurídicos, es imposible que compatibilice las formas de producción con las formas de distribución del ingreso y del consumo, por lo que se hace necesaria la regulación del Estado. Democracia política y redistribución y expansión del salario, como mecanismo de integración social y de transferencia de ingresos queda como un proyecto trunco. Pero por otra parte, se demuestra que el Estado y la dimensión jurídica 1) es factor de cohesión de las diversas instancias de una formación social, 2) qué es una forma particular de la relación del capital y 3) qué esta debe ser comprendida en términos de lucha social y de los sistemas de estructuras y estratificación que se constituyen  en una formación económico-social.

            Así, en un mismo patrón de acumulación flexible pueden convivir con diversos modos de regulación  política, en la medida que la subsunción real del trabajo al capital posibilita que se combinen de manera flexible diversos modos de trabajos, diversos regímenes institucionales y condiciones de inserción en los mercados internacionales. Las aparentes paradojas de los enclaves autoritarios de la postransición chilena, con la extensión de las formas salariales, con el aumento de la inserción de la economía nacional, la diversificación de los sistemas de estratificación, con los aumentos del malestar social pueden tener un encuadre crítico más amplio.[5] En ese umbral que es necesario cruzar, el puente hacia la teoría crítica nos permite desactivar la racionalidad transitológica desde una óptica materialista, corroyendo el significante vacío de la democracia burguesa y apuntando hacia la interrogante que Villalobos-Ruminot (2013) retoma a partir de los trabajos de Boaventura do Sousa Santos (2002): ¿puede el derecho ser emancipatorio?. En ese punto señalamos  el carácter estratégico del cruce entre Ley y Capital, entre violencia y acumulación, entre operaciones de derecho excepcionalista y dispositivos  de  inmunización política. 

            Con esta reflexión de fondo, se torna necesaria atender al carácter político de lo que hasta este momento hemos denominado “patrón de gobernabilidad democrática”¸ aproximándonos al desarrollo de la primera crítica que enunciamos en este apartado. La ventaja de tomar como objeto de crítica un dispositivo de gobiernos específico es que   nos permite efectuar una reflexión abstracta, en torno al cruce entre modo de regulación y modo de acumulación, y una genealógica, en relación a cómo, en un determinado momento, las configuraciones entre prácticas y discursos políticos  dan cuenta de la fuerte carga de contingencia que las estructura, de las tendencias que las delimitan y de las elementos de opciones políticas puestas en juego en determinadas coyunturas. Para ello, la distinción de Ranciere entre política y policía (1996), a la vez que nos permite efectuar una crítica política a la operación de derecho identificada como una técnica de gobierno, como un dispositivo meramente policial, nos permite acentuar la distancia entre formas jurídicas de organizar la sociedad y formas históricas de imaginarla.

            Esa tensión no resuelta está presente en el corazón mismo de la Ley. Aplicar la Ley implica la movilización de procedimientos cada vez más complejos que  mantienen e incluso profundizan la distancia entre lo que prescribe el orden legal y la manera en cómo esta estructura las prácticas sociales. En ese frío recurso de la ley se inscribe la operación excepcionalista, articulando una contradicción inherente al ejercicio de la democracia  concebida como dispositivo de gobierno. Tensión no resuelta, que se genera por el hecho de que la seguridad que se busca preservar para la sociedad, como expresión del ser en común, es un objetivo declarado de derecho, pero ese derecho no puede cumplirse plenamente sin movilizar medios que resultan atentatorios para el derecho mismo. Esa ambigüedad del corazón de la Ley constituye, por su parte, la delimitación de la problemática general del derecho y la definición de su objeto. La problemática del derecho, más que una cuestión de principios  o razones, es una cuestión relativa  al  establecimiento de límites a la violencia que se nos presenta como la situación límite más irracional.  Precisamente el ocultamiento de la irracionalidad de esa fuerza-de-vida, capaz de dar (eros) y quitar vida (tánatos), constituye el esfuerzo denodado de la modernidad por fundarse a sí misma bajo presupuestos de razón y posibitando, al mismo tiempo,  el ocultamiento de la vida orgánica (zoe) que subyace a las forma puramente jurídica de concebirla (bios) (Agamben, 2007).

            Por ello, el objetivo declarado de derecho que permite la fundación jurídica del orden social, sobre la base del contractualismo y lo que se ha denominado la hipótesis hobbesiano, es decir, que lo que tienen los hombres en común es el miedo ante la posibilidad de darse mutuamente muerte (Esposito, 2003), constituye una operación puramente formal del cruce efectuado entre saber y poder sobre la vida. De ahí que sobre la base de la fundación formal del orden social, el control de las poblaciones y la preservación de la paz se tornen los objetivos declarados de las sociedades contemporáneas, contra la cual, el derecho puede movilizar todos los recursos necesarios para conseguirlo. Incluso atentar excepcionalmente contra el orden legal para defenderlo. Es una violencia efectuada sobre la posibilidad de que la violencia atente contra el orden. Es violencia contra la violencia de la paz que asegura del orden legal, ocultando que en el origen mismo de la Ley, la violencia se demuestra como el único recurso que posibilita la fundación del orden legal y que, en cuanto que instrumento, se revela como herramienta de determinados intereses particulares que se busca preservar erigiéndolos como universales.[6] Esa es, precisamente, el anverso (violencia simbólica) y el reverso (violencia material) de la operación de derecho y la fatuidad del recurso excepcionalista. Y constituye la tensión no resuelta de los procesos latinoamericanos de transición al socialismo que, invocando una política de poder popular ancladas al desarrollo de las fuerza-de-vida de las clases subalternas (poder desde la vida), de su poder popular constituyente, de su iniciativa directa de elaboración y control de sus vidas, se ven constantemente aprisionados por los límites del orden legal. De ahí que la interrogante planteada por Boaventura de o Sousa Santos recorra el continente con mucha actualidad: ¿puede el derecho ser emancipatorio?

            Marx comprendía la relación entre la guerra y acumulación e identificaba ya en 1857 la manera en cómo violencia y acumulación, Ley y Capital constituían las dos caras del orden de la violencia (Marx, 1989: 38). Desde otra semántica, Michel Foucault, invirtiendo la máxima de Carl Von Clausewitz, demostró cómo entre política y guerra existía una conexión mediante la violencia: la guerra es la continuación de la política bajo otros medios (Foucault, 2010: 156). Ese matrimonio espurio entre Ley y Capital, esa tensión entre las formas jurídicas de organizar la sociedad y las formas históricas de imaginarlas constituyen el campo de la política de las clases subalternas y que, en Chile, llegan a su mayor desarrollo con las prácticas e imaginarios de poder popular.

            La operación efectiva del derecho, el fundamento inmunitario de las formas de ser en común que rigen las teorías contractualitas del orden social y los recursos al excepcionalismo del uso del recurso de la violencia para la defensa del orden social son las cabezas del cancerbero que custodian los procesos de acumulación de capital.  Por eso la búsqueda de la defensa de la vida orgánica (zoe), como objetivo declarado de derecho requiere la generación de un espacio de ordenación, que la tome como objeto de saber y de poder (la biopolítica), y la generación de un dispositivo de razón que legitime la operación de defensa de la vida  del individuo y la comunidad (bios). Pero encubre la constatación de que, en la medida que la desigualdad social del momento que antecede a la fundación del derecho, por cuanto es un resultado del proceso de diferenciación social puesto en marcha por la subsunción real del trabajo al capital, no puede concebirse sin violencia. El corazón de la Ley es la violencia fundacional que recorre la producción y reproducción de lo social y lo político, en lo material y en lo simbólico. Pensar e imaginar las formas de vida históricas más allá del poder sobre la vida implica un posicionamiento político y práctica desde la vida, de la potentia sobre la potestas, (Holloway, 2005) pero sin concebirla desde el más allá de la Ley (Mazzeo, 2014). Y esto no por mala fe, sino por el efecto irreversible de los procesos de diferenciación adjuntos a la subsunción del real del trabajo al capital.

            Reconstruir la huella política de los procesos de politización de las clases subalternas en Chile nos lleva al desmontaje de los proceso de su ocultamiento de los procesos de poder popular durante su fase más álgida (1965-1973). Análisis histórico que hemos efectuado en otros lugares (Seguel, 2014) y que nos llevó a la constatación del proceso de ocultación de los proceso de politización popular efectuado por los intelectuales orgánicos de la transición. Análisis en el que al mismo tiempo que diagnosticaron los errores de la Unidad Popular, ocultaran los procesos de politización popular y permitieron fundar una racionalidad transitológica despolitizadora (Duran, 2006), que erige a la democracia como un dispositivo de gubernamentalidad, como una técnica de gobierno, de gestión policial.  


2.             Entre la acumulación flexible y la gobernabilidad democrática.

            La crítica a la operación transitológica de ocultamiento de la politización subalterna busca identificar, por subsunción real del trabajo al capital, la relación de entre el régimen de acumulación flexible implementado en Chile (Narbona, 2014), con el patrón de gobernabilidad democrática (Salinas & Jiménez, 2002). Desde esta perspectiva, la problemática de la reconversión productiva de los países latinoamericanos y el término por vía dictaduras de las democracias redistributivas encuentran un punto de articulación común. De hecho, el concepto de gobernabilidad democrática surge en el marco de las reflexiones efectuadas por la Comisión Trilateral formalizados por Michael Crozier,  Samuel  Huntington y Juji Watanuki (1975), como un viraje en la política internacional Estadounidense hacia la región latinoamericana (Regalado, 2008). Esta elaboración teórica ataca los principios distribucionistas del Estado benefactor o de compromiso de clases, cuestionando el rol interventor del Estado en lo económico, afirmando su autonomía y erigiendo lo político como garante institucional del orden económico. Por ello junto con la promoción de la liberalización y flexibilización de los mercados nacionales, se erige como máxima la reducción al mínimo de las funciones estatales. 

            En el caso  chileno, estas políticas de shock sobre el trabajo generaron el ajuste de la crisis económica del modelo de desarrollo de compromiso impulsado desde 1938, atacando y modificando las relaciones entre capital y trabajo llevados adelante por la dictadura. Así, el objetivo declarado  por la Junta Militar de defender la Constitución de 1925 fue progresivamente diluyéndose, a medida que la operación de remodelamiento social fue inclinándose al sector liberal.  Sobre todo,  desde la aplicación del Plan Laboral (1979), la puesta en marcha de las “Siete Modernizaciones” y su consolidación jurídica en la Constitución fraudulenta de 1980. Así, la generación de un determinado régimen  de acumulación de capital[7] va consolidándose con un determinado modo de articular economía, política y sociedad mediante una operación de fundación de derecho.

            La crítica a la continuación de la violencia de la explotación del capital en el orden legal, toma vigencia por el rol de apoyo que jugó el campo cultural de la izquierda en el proceso de transición consociativa. La crítica al proceso de transición más que al carácter contingente de las decisiones tomadas por la socialdemocracia chilena, apunta a las consecuencias políticas para las clases subalternas y el efecto despolitizador que se configura desde el momento en que la racionalidad política se desplaza del antagonismo a la gestión. Ahí es cuando la gobernabilidad democrática concebida como fórmula de gestión destinada a evitar desequilibrios en los parámetros macroeconómicos devela su contenido estrictamente policial, por cuanto su objeto más que la institución de un espacio para el procesamiento de las fallas que anteceden al orden jurídico y que recorren a la sociedad, se constituye en el control de eventuales desequilibrios que estos puedan generar en la gestión del capital. La institucionalidad política se revela así como un espacio subsumido al capital, cuyo objetivo es el resguardo de su reproducción ampliada y para lo cual moviliza un amplio espectro de operaciones efectivas de derecho ancladas sobre el recurso excepcionalista  y las tesis inmunitaristas.

            La complicidad entre Ley y Capital demuestra la sutura endeble que recorre un pacto social, cuya razón de ser, cuyo modus operandi de defensa violenta en nombre de un orden legal sólo se vehiculiza construyendo un objetivo depositario de los recursos de defensa a movilizar. En el caso de la búsqueda por re-configurar el régimen chileno, los intelectuales orgánicos de la transición tuvieron que salvar el régimen institucional, apelando a los valores abstractos de la democracia, construyendo una imagen ideal del funcionamiento formal de régimen y sistema de partidos y, desplazando de la ecuación de la gobernabilidad, las prácticas antagonistas de las clases subalternas, consideradas como factores exógenos y enturbiadores del correcto funcionamiento de la democracia.

            Partiendo de la explicación de Arturo Valenzuela, que señala que la extrema polarización que dio lugar al quiebre de la democracia se debió al “fracaso en estructurar un centro político viable en una sociedad altamente polarizada con fuertes tendencias centrífugas”. Siguiendo con Alejandro Foxley, que coloca el énfasis en la “existencia de proyectos globales cerrados y excluyentes, incapaces de dialogar y llegar acuerdos”. Hasta la explicación de Tironi y Martínez, que identifica en la “incapacidad de la clase política chilena, que presa de atavismos ideológicos no supo administrar racionalmente las consecuencias del proceso de modernización e integración social que ella misma impulsó”. En suma, un problema de racionalidad política que exigía la morigeración de los proyectos políticos, un realismo para la mantención de alianzas amplias y flexibles que hubiesen asegurado un marco institucional para la resolución negociada de los conflictos sociales.

            Siguiendo con los primeros trabajos de Tomás Moulian que identificaron la crisis del régimen político en la imposibilidad de establecer alianzas entre la izquierda y el centro, que hubiesen permitido la construcción de un “bloque por los cambios” como una alternativa a la política de los resquicios legales que terminó quebrando la forma tradicional de la política de compromiso. Enfatizando, ademá,s en base a los estudios de Giovanni Sartori, como crítica al trabajo de Valenzuela, que un centro estable por sí solo no otorgó la estabilidad al sistema democrático chileno.  Sobre esta tesis de fondo, para Luis Corvalán Márquez,  la explicación de la polarización de los conflictos políticos, que permitió el derrumbe institucional, fue el resultado de la combinación de: la gran habilidad táctica del sector rupturista de la oposición, el considerable peso que, a su vez, las fuerzas rupturistas alcanzaron en la izquierda y la inexistencia –en un marco de un sistema de partidos de pluralismo polarizado- de un centro pragmático capaz de dar, a través de un acuerdo moderado con el gobierno, una contribución significativa a la despolarización del escenario político.

            Todos estos trabajos constituyen un conjunto que toma como objeto del análisis la racionalidad política de las organizaciones partidarias en el tamiz de fondo de las tesis del funcionamiento normal del régimen político  y de la democracia.  Tesis que llevan irremediablemente a afirmar la necesidad de articulaciones políticas cercanas a la idea de la “matriz sociopolítica” de Garretón  y que,  establecen un marco de análisis universalizante que desplaza el centro del análisis desde las prácticas concretas y sucesivas de politización, hacia conceptos universales  que rigen el funcionamiento normal de una sociedad.  Así, por vía intelectual, se inmuniza la acción política y el sistema social en un marco de análisis cuyo límite está sobre el funcionamiento actual de la democracia y que nos lleva, si es que lo aceptamos  sin reparos, a erigirlo como el parámetro desde el cual imputar las prácticas políticas antagonistas de las clases subalternas, reduciendo la subjetivación política a la mera acción partidaria y la racionalidad política a la mera racionalización instrumental.

            En este análisis, la racionalidad política sólo será comprendida como la identificación por parte de un actor de la lógica operante de las instituciones sociales y el campo de interés que estas configuran, evacuando dos momentos fundamentales de la política y de la  construcción de sociedad: el momento de la ruptura de lo real como orden de cosas dadas (la emergencia del antagonismo como acontecimiento que rompe con el orden sucesivo de las cosas) y el momento de institucionalización de lo nuevo (el momento de la institución soberana del orden social como poder constituyente). Su funcionalidad política de la lectura transitológica fue, por tanto, la de generar un marco reflexivo para la izquierda, que la llevase/lleva  a aceptar la tesis de la transición consociativa y la de la necesidad de generar alianzas amplias y moderadas, desechando los componentes diferenciadores y antagonistas de la lucha política, para la preservación de espacios concertados para la resolución pacífica de los intereses. Fue la subordinación real del trabajo al capital, del establecimiento de un dispositivo de gobierno cuya preservación requiere de la despolitización de la sociedad, de la desmovilización de la protesta social y de la criminalización de las luchas políticas de ruptura democrática expresadas en las prácticas e imaginarios de poder popular.




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19.  Marx, Karl (2010). El capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Libro I. Proceso de producción de capital, Santiago: LOM ediciones.
20.  Marx, Karl (2011). El capital, Libro I, Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción. México DF: Siglo XXII editores.
21.  Mazzeo, Miguel (2014). Introducción al poder popular. El sueño de una cosa, Santiago: Tiempo Robado Editoras.
22.  Mészáros, István (2008). “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: alternativa alternatia al parlamentarismo”, versión digital: http://www.rebelion.org/docs/57540.pdf [4/8/2014]
23.  Narbona, Karina (2014). Antecedentes del Modelo de Relaciones Laborales chileno. Santiago: Fundación Sol.
24.  Ranciere, Jacques (1996). El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
25.  Regalado, Roberto (2008). Los gobiernos de izquierda en américa latina, Bogotá: Ocean Sur.
26.  Richard, Nelly (2002). La insubordinación de los signos : (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis), Santiago: Cuarto propio.
27.  Rojo, Grínor (2002). Diez tesis sobre la crítica. Santiago: LOM ediciones.
28.  Salinas, Darío y Jiménez, Edgar (coord.) (2002). Gobernabilidad y globalización. Procesos políticos recientes en América Latina. México DF, Ediciones Gernika, S.A. 
29.  Seguel, Bryan (2014). “Prácticas de movilización y de subjetivación política en el desarrollo del poder popular en Chile, 1967-1973”, mimeo. 
30.  Santi, Paolo, Valer, Jacques, Banti, Rodolfo y Alavi, Hamza (1969). Teoría marxista del imperialismo, Buenos Aires: Cuadernos Pasado y Presente.
31.  Tironi, Eugenio y Martínez, Javier (1985), Las clases sociales en Chile. Cambios y estratificación. 1973-1980. Santiago, Chile: SUR ediciones. 
32.  Villalobos Ruminot, Sergio (2013). Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América Latina, Lanús: La Cebra Ediciones.






[1] Estudiante egresado del programa de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile (tesis en desarrollo), estudiante del programa de sociología (sexto semestre) de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Integrante del Equipo de investigación en movimientos sociales y poder popular de la Universidad de Chile ((www.poderymovimientos.cl). Contacto: bseguelg@gmail.com 
[2] En la década de los setenta, el grupo de  los Cuadernos Pasado y Presente realizaron una excelente compilaciónsobre este tema (Santi, Walier, Banti & Alavi, 1969; Emmanuel, Bettelheim, Amin & Palloix, 1971)
[3] A grandes rasgos el  “modo/régimen/patrón de acumulación” da cuenta un modo de acumular capital en un tiempo prolongado que se basa como señala Rolando Astarita (2006) en: 1) una determinada manera de organizar la producción; 2) un determinada manera de distribuir ingresos entre salarios, ganancias y beneficios; y 3) un volumen y composición de la demanda efectiva (demanda de bienes durables, de bienes de exportación, etc.)
[4]
[5] Cabe señalar que mi intención es tratar de mostrar una manera de leer desde un enfoque marxista la crítica  a la excepcionalidad de violación del derecho con el dispositivo inmunización política. Para corroborar esta intuición es necesario efectuar un análisis empírico estadístico de correlaciones o de análisis de componente, que permite sostener que las variables “modo de acumulación” y “modo de regulación” están correlacionadas. Proyecto que aquí queda al menos queda como testimonio.
[6] Esta es la situación de violencia simbólica identificada por Bourdieu (1999) y que, leída desde un enfoque marxista, podemos identificar que se origina en relación entre valor de uso y valor de cambio, en la medida que la mediación de los intercambios orgánicos entre naturaleza y sociedad requiere, en determinados momentos del desarrollo de las sociedades y los procesos de diferenciación, de la mediación de determinados equivalentes simbólicos (Marx, 2010: 49-104).
[7] El contenido específico de este modo de acumulación véase en el trabajo de Karina Narbona (2014). En este trabajo nos inclinamos por un trabajo reflexivo más abstracto, más que un trabajo descriptivo. 

miércoles, 27 de agosto de 2014

“Análisis de la formación del espacio público subalterno desde la conformación del campo cultural de la izquierda en Chile, 1965-1973”



Trabajo presentado a las IV Jornadas de Historia de las Izquierdas, organizadas por la USACH, el ARCIS, el IDEAS, la Revista Izquierdas y la Academia de Humanismo Cristiano.





1.     
            El estudio de la formación de la línea estratégica de la izquierda en Chile se ha desarrollado principalmente en torno al análisis de discurso de la dirigencias partidarias y sus intelectuales orgánicos. A partir de ello, las lecturas sobre la racionalidad política  y los errores del proceso de la vía chilena al socialismo han generado un tipo de análisis que desacopla la relación orgánica entre partidos, intelectuales y los movimientos sociales como campos de producción, circulación y usos. Este sesgo de observación ha determinado un tipo análisis que toma como sujeto del proceso a los intelectuales y a los partidos como campos cerrados de producción de sentido, generando una lectura de los procesos de politización sobre la base de la consideración de un modelo de racionalidad política estática. Desde esa posición, al proceso político chileno pudieron efectuar un tipo de diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de partidos y el régimen democrático, que al mismo tiempo que criticó elementos centrales del diseño político de la izquierda del momento, posibilitó un uso político de la memoria del proceso de politización popular.
            Uno de los focos del análisis de la experiencia de subjetivación y movilización popular llevada adelante por las clases subalternas chilenas se constituyó en la relación entre  sistema de partidos, movimientos sociales y estado. Las conclusiones a las que llegó  el grueso del campo cultural de la izquierda durante los ochenta tomaron una importancia central. La reflexión generada en ese contexto cargó  con el peso de la contingencia, posibilitando leer el fracaso de la Unidad Popular en sentido de futuro, fundamentando, así, el grueso de la estrategia transitológica que se puso en marcha desde mediado de los ochenta. La clave política para el éxito de la transición se leyó en la manera en cómo se identificó el fracaso de la Unidad Popular.
            En nuestro trabajo, ofrecemos un análisis alternativo centrado en la conformación de un espacio público subalterno como un campo cultural (en el sentido de Bourdieu), que nos permite identificar un punto de convergencia entre las diferentes racionalidades políticas de las tres culturas políticas que protagonizaron el proceso: el marxismo metodológico, el castro-guevarismo y el marxismo leninismo, como articulaciones sociales ampliadas.
            Este modo de comprender al campo cultural de la izquierda, nos permitirá atender a las articulaciones sociales, de tal modo de relacionar los procesos de circulación, producción y usos de las prácticas y discursos investigativos con un determinado contexto sociopolítico. Nuestro objetivo es criticar el uso político de la memoria de politización y subjetivación del movimiento popular efectuado por los intelectuales orgánicos de la transición. Proceso de construcción de una memoria política oficial efectuado en el tamiz de fondo de un modelo de racionalidad política formal, en torno a nociones generales del funcionamiento de una democracia, del estado de derecho, del régimen de partido; posibilitando, en esa construcción de una determinada memoria,  la evacuación de las prácticas de politización y subjetivación subalternas desplegadas por el movimiento popular chileno, sintetizadas en torno a la noción de poder popular y la reflexión que le antecedió y acompañó.  En otras palabras, la consideración del fracaso de la Unidad Popular como efecto de la rigidización del sistema de partidos, por la imposibilidad de estructurar un centro político estable, que hubiese permitido la generación de alianzas amplias, flexibles y moderadas que se sobrepusieran a la política de los resquicios legales. En suma, un problema de racionalidad política que exigía la morigeración de los proyectos políticos, un realismo para la mantención de alianzas amplias y flexibles que hubiesen asegurado un marco institucional para la resolución negociada de los conflictos sociales.
            Para criticar el uso político del campo cultural de la izquierda daremos cuenta de cómo entre 1965 y 1973 se fue constituyendo un determinado campo cultural, que nos permite leer, desde una perspectiva alternativa, la generación de un espacio público subalterno en torno al cual se fue decantando una dirección política colectiva. Puesto desde esa perspectiva, las tres culturas políticas señaladas, si bien constituyen respectivos campos culturales específicos, que configuran determinadas prácticas y lógicas que guían las acciones (illusios en el sentido de la sociología de Bourdieu), de tal modo de presentársenos como acciones y opciones socialmente necesarias, políticamente razonables y razonadas, no por ello el foco de la crítica debe quedar aprisionada en el marca de una determinada línea política. Por el contrario,  una crítica histórica que ponga en el centro los componentes políticos de la observación nos lleva a desplazar el sentido de la urgencia hacia otro lugar.
            La dificultad del proceso político en cuestión no pasó tanto por el “fracaso en estructurar un centro político viable en una sociedad altamente polarizada con fuertes tendencias centrífugas” (Arturo Valenzuela); por la “existencia de proyectos globales cerrados y excluyentes, incapaces de dialogar y llegar acuerdos” (Alejandro Foxley); o la  “incapacidad de la clase política chilena, que presa de atavismos ideológicos no supo administrar racionalmente las consecuencias del proceso de modernización e integración social que ella misma impulsó” (Javier Martínez y Eugenio Tironi).
            La dificultad del proceso quizás estuvo más cerca de lo que Tomás Moulián y Luis Corvalán Márquez han señalado.  Es decir, en la imposibilidad de establecer alianzas entre la izquierda y el centro, que hubiesen permitido la construcción de un “bloque por los cambios” como una alternativa a la política de los resquicios legales que terminó quebrando la forma tradicional de la política de compromiso. Como ha señalado Moulián en otro lugar, el principal déficit del proceso no fue el momento de la ruptura democrática del orden institucional, sino la ausencia de una discusión colectiva sobre el alcance del proceso mismo en términos de poder. En ese claroscuro, entre consolidación y ruptura, entre el “avanzar sin transar” y el “consolidar para avanzar”, la inexistencia de un debate sobre el poder y el decurso estratégico del proceso es la gran falla del campo cultural de la izquierda.  El problema no radicó en la existencia de una izquierda gradualista en oposición a una izquierda rupturista, que desde sus respectivos campos marcaban dos énfasis necesarios del proceso: 1) el de acumulación de fuerza política y el de las alianzas sociales para llevar adelantes trasformaciones sociales radicales de manera legítima; 2) el de la ruptura con una forma legal que institucionaliza la dominación de clase y se constituye como traba al proyecto de transformación social (la pregunta que se hace Boaventura Do Sousa Santo, ¿puede el derecho ser emancipatorio?).
            La vía chilena al socialismo careció de la institucionalización de un espacio público subalterno que hubiese generado una fuente de soberanía y de legitimidad, permitiendo el acoplamiento de los espacios de deliberación del movimiento popular con las mediaciones partidarias, copando en tensión creativa el aparato del Estado y atendiendo el momento de su ruptura. Sin embargo, que ese lugar no haya quedado institucionalizado no quiere decir que ese espacio no existió en la práctica. El análisis histórico del campo cultural de la izquierda, más allá de las matrices culturales, nos revela la confluencia de determinadas prácticas políticas que anticipaban el desarrollo de un poder popular constituyente generado a partir de la conformación de un espacio público subalterno que se fue fraguando a medida que la aporía del proceso quedó en evidencia: por una parte, en  la apelación de un poder popular sin sujeto ni referencia clara y, por otra, en la limitante de un proceso que extraía su legitimidad política en las mismas instituciones que decía combatir.

2.     
            Las principales referencias al Poder Popular se efectuaron en el programa de gobierno de la Unidad Popular, durante el proceso de campaña y el principal protagonista fue Allende. Luego la discusión continúa a raíz del desborde de la movilización de fracciones de trabajadores, que presionaron en la ampliación de las empresas del Área de Propiedad Social que decantarán en la formación del cordón industrial Cerrillos, el surgimiento de la Asamblea de Concepción, el manifiesto de Linares y hasta la creación masiva de los Cordones Industriales y Comandos Comunales en octubre de 1972. El grueso de la discusión y la experiencia se genera entre el paro de Octubre de 1972, hasta el fallido golpe de Estado del 29 de junio de 1973, para finalmente, concluir con una disputa mucho más política a partir de agosto hasta el golpe del 11 de septiembre. En esos momentos los principales protagonistas del debate fueron los líderes de los respectivos partidos políticos, intelectuales, analistas, organizaciones de trabajadores y dirigentes de base, como hemos constatado en la prensa de la época. En ese sentido, se puede observar que en torno a esta falencia estratégica señalada, se va generando un espacio público subalterno que modifica las características restrictivas de la política de compromiso, entre cuatro paredes e intrapartidarias, y van ampliándose los espacios de reflexividad y debate, precisamente porque las prácticas de movilización van transformándose y modificándose, lo que permite generar nuevos espacios de subjetivación política, de politización por fuera de las mediaciones tradicionales, ampliando los espacios de ejercicio de soberanía.
            La tensión entre el gobierno de Allende y las organizaciones e instituciones autónomas de las clases subalternas se originó en el diseño de gobierno (Programa de la Unidad Popular, UP), donde el protagonismo popular quedó reducido a la gestión y ejecución de las políticas orientadas desde el viejo estado burgués. Poder popular para la UP significaba la subordinación de la iniciativa popular a las mediaciones de los partidos oficialistas y a las acciones en el Estado. Por eso, a medida que el Estado perdía capacidad de dirección del proceso, el protagonismo se desplazó hacia otros escenarios, y otras territorialidades, acotadas a una fábrica, un fundo, un liceo, una comuna. 
            Esa tensión práctica del proceso ha permitido que los intelectuales ligados al Partido Comunista, al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) o a la renovación socialista sostengan tesis como la “polarización de dos tácticas en contradicción”, tomando como sujeto del proceso a los partidos y reduciendo el protagonismo popular a una mera masa de maniobra y apoyo. Cuando por el contrario, el estudio historiográfico nos demuestra que, en ningún momento, las organizaciones autónomas del pueblo se plantearon en oposición al ejecutivo, sino en una relación de horizontalidad, de tensión y confrontación en vista a la realización del programa que llevó a Allende a la presidencia.
            La constatación del desplazamiento del imaginario político ya señalado, nos permite afirmar que la noción de poder popular no constituye una “creación” por parte de una organización política específica, sino que es la expresión de una línea de acción y una  práctica de politización común al movimiento popular de la época, que actúa como soporte de su ascenso entre 1967 y 1973 y que lleva a Salvador Allende al gobierno bajo la combinación de lucha de masas, trabajo reivindicativo y disputa electoral. La amplitud táctica estaba en el movimiento de masas y siempre lo estuvo. El campesino que se tomó el fundo, el trabajador que se tomó la fábrica, fue el mismo que votó por el “compañero Allende”. La disputa táctica fue a nivel de orientaciones de partidos y por la conducción del proceso. Hasta ahora, los historiadores y cientistas sociales no han hecho más que proyectar esa disputa a la producción de conocimiento, porque los sujetos de sus historias políticas y trabajos han sido los partidos, la democracia en abstracto y no los movimientos sociales.
            Esta tensión presentada como contradicción, es el resultado de una lectura posterior efectuada con fines políticos, con el objetivo de marcar diferencias en el presente y atribuir responsabilidades históricas, reduciendo el camp de las alternativas de acción. Puesto en perspectiva de mediano plazo, las prácticas de politización subalternas del movimiento popular fueron el modo histórico de ejercer soberanía e incidir en las orientaciones políticas, pasando de la mera interrupción del orden sucesivo del capital (cortes de ruta, toma de empresas y fundos), hasta llegar a expresiones de organicidad, reflexividad y autonomía que posicionaron a las organizaciones populares en un plano de horizontalidad con el ejecutivo (los cordones industriales y los comandos comunales) y en tensión creativa con las formas institucionales.
            Esta manera de considerar las prácticas del poder popular evidencia la inexistencia de una teoría del poder popular, sea como soporte estratégico, o cómo régimen de transición hasta la entrada de la crisis de octubre de 1972, vacío que hemos constatado en otros estudios.  Lo que pese a todo no deja de ser positivo.  El poder popular como práctica y modo de intervención es una creación genuinamente plebeya de las clases subalternas chilenas y fue el desarrollo de un sentido práctico de la disputa política, que por el mismo motivo, no estuvo exenta de dificultades.
            La necesidad de otorgar mayores claridades estratégicas a los participantes del proceso de la Unidad Popular, movilizó a trabajadores, intelectuales, políticos, dirigentes sociales y organizaciones políticas a romper con las formas clásicas de la política de compromiso, visibilizando las diferencias políticas con miras hacia la disputa de la hegemonía del proceso. Discusión y proceso de disputa que no puede ser concebido sin la generación de una espacio público subalterno, en cual encontrar puntos comunes y superar las diferencias.  La especificidad del espacio público subalterno se desprende de la situación de crisis orgánica de la sociedad chilena del momento, en el cual la dinámica del antagonismo favoreció la polarización y, por tanto, la politización de los espacios cotidianos de vida, generando lo que Gramsci denominó “espíritu de escisión y  ruptura”. Es decir, la conformación de un bloque histórico en perspectiva de ruptura democrática.
            La deuda estratégica y la ausencia de un espacio público generaron un incentivo para formar este tipo de espacios de diálogo, visibilizando las diferencias con miras a la generación de puntos de acción común. La problemática del poder planteada por la movilización y organización desde la base del movimiento popular, tuvo a nivel político y teórico diferentes respuestas. Tanto intelectuales, analistas, militantes de base, personeros de gobiernos, como jefes de partidos se embarcaron en un discusión teórica sin referencias previas en Chile ni en América Latina.  La tribuna generada para este esfuerzo de la dirección colectiva del bloque socialista se realizó en los periódicos, prensa de izquierda y en foros organizados por sindicatos y organizaciones sociales.
3.     
            Finalmente, me gustaría instalar una reflexión sobre el uso político de la memoria. Como señala Pilar Calveiro, “toda reorganización hegemónica pretende la instaurar un corte radical con aquella que le precedió pero, en realidad, los procesos históricos y sociales no operan de esta manera sino que permanentemente inaugurando  lo novedoso a la vez que establecen nexos y continuidades con lo ya vivido (…) Para abrir el pasado, y con él, el presente y el futuro, hay que hacerlo encontrando las coordenadas de sentido de ese pasado y, al mismo tiempo, los sentidos que el mismo adquiere a la luz de las necesidades del presente.
            (…) según como se acople la memoria del pasado a los desafíos del presente, se estará construyendo un relato que puede ser resistente o funcional al poder”. La reconstrucción de la formación del espacio público subalterno durante el desarrollo de la discusión estratégica de la vía chilena al socialismo pudo leerse en sentido sacrificial  o en sentido de lucha.  Una lectura que orientó el grueso del análisis hacia los errores políticos, singularizando las responsabilidades en las organizaciones sobre la luz general de las consideraciones de la democracia, orden legal y sistema político en abstracto, implícitamente lleva la carga de la aceptación del rechazo del proyecto de la Unidad Popular y de la aceptación de la  refundación institucional de la dictadura. Sobre ese eje, todo exceso de la violencia estatal, toda violencia de la reconversión productiva y todo viraje en las orientaciones culturales delos partidarios de la Unidad Popular serán vistas como un sacrificio necesario en el altar de la gobernabilidad democrática y económica. 
            Reconstruir una memoria de la politización subalterna necesariamente nos lleva a criticar tanto el uso político transitológico como historiografía que toma el modelo sacrificial de la gesta heroica, cercana a la historiografía mirista. Reconstruir la huella de ese proceso implica sacar como sujeto de la historia la racionalidad política de tal o cual dirigente, de tal o cual partido y colocar el énfasis en las prácticas comunes que van conformando las diversas organizaciones políticas y los movimientos sociales como un  bloque histórico. De esta forma, podemos atender a los acoplamientos generados entre discursos y prácticas, dando cuenta de las mediaciones históricas entre ambas, a sus desplazamientos, sus omisiones y usos políticos. 
            Siguiendo esa ruta de análisis podremos entender por qué la noción de poder popular que originariamente surge en el programa de gobierno de la Unidad Popular en 1970, va progresivamente desplazándose hacia el campo de la izquierda revolucionaria hasta quedar inscrita en el imaginario político de una cultura de izquierda determinada (la cultura mirista). También nos permite comprender por qué el discurso transitológico se constituye como un cierre a ese tipo de experiencia y por qué, al mismo tiempo, lo sitúa como un “afuera” no-político al orden político construido en la dictadura y la transición, cuando precisamente ese tipo de práctica y experiencia se constituyó en el dinamizador del proceso de construcción del socialismo en Chile.


Muchas gracias.
mzg.
IV Jornada de historia de las izquierdas en Chile.