miércoles, 28 de agosto de 2013

La centralidad del trabajo en la construcción de Poder Popular. Situación de los trabajadores en Chile en la larga noche de la hegemonía burguesa




1.      Bloque histórico, poder popular y trabajo:
                En el presente trabajo abordaremos desde un enfoque estratégico socialista y libertario, la problemática del rol de los trabajadores en la construcción de una política orgánica de poder. Por una parte, buscamos entregar algunos elementos teóricos fundamentales a abordar en la construcción  de una línea política [1]que se plantea la construcción de un “bloque histórico por el socialismo”, partiendo de una lectura de  la contingencia de un subsector específico. Por otra, generar un análisis de coyuntura en el nivel de la situación de clase, colocando el foco en los trabajadores y en la estructura del trabajo productivo, para identificar su rol en la construcción de la alianza que vehiculice cambios en perspectiva de ruptura democrática.
Por “política orgánica de poder” entendemos la búsqueda de la correspondencia del campo del predominio económico con el de la hegemonía política en la acción colectiva (Portantiero, 1973). Por campo del predominio entendemos a la relación asimétrica  entre sujetos en el ámbito de las “relaciones sociales de producción” y los “sistemas de alianzas de clases y fracciones de clases” (conscientes o no), que se configuran en un determinado patrón de acumulación de capital, dado por la organización de la producción, la configuración de los mercados nacionales y su modo de inserción en el sistema capitalista mundial (producción, intercambio y consumo).  El campo de la hegemonía, por su parte, es la  expresión política de la situación de fuerzas sociales, articulando bloques de fuerzas tras proyectos políticos de sociedad (conscientes o no). La articulación del campo del predominio y de la hegemonía política nos permite comprender la construcción de un respectivo “Bloque Histórico” como un proceso, en un espacio, territorio y tiempo específico (Portelli, 1977: 10; Gramsci, 1990: 14).
El concepto “Bloque Histórico” remite a la construcción de un sistema hegemónico bajo la dirección de una clase fundamental que confía su gestión a los intelectuales en un sentido amplio, refiriéndose a la integración de la dimensión de la estructura y superestructura político-jurídica. La relación del campo del predominio y el de la hegemonía en el concepto de “bloque histórico”, nos permite comprender dos momento articulados en la unidad dialéctica del concepto de hegemonía -el momento del reconocimiento -consenso- y el de la fuerza- (Calveiro, 2006: 359-360), superando la falsa contradicción presentada por la socialdemocracia y el progresismo, que  nos presentan en un extremo al concepto de hegemonía en Lenin  -como símbolo en potencia del estalinismo y representando una estrategia de maniobra basada en la fuerza, la insurrección y el ataque frontal - y en el otro al Gramsci –como símbolo de la moderna democracia consociativa, de carácter ético-político, representando una estrategia de posiciones basada en el reconocimiento, el gradualismo y la acción institucional[2].
Este modo de abordar las dimensiones de la hegemonía y el predominio como aspectos de un mismo proceso (Bloque Histórico) nos permite diferenciar un criterio de valoración de la acción política al momento de plantear la construcción de alianzas. La política la entendemos como la acción orgánica y permanente en el terreno de la vida económica, pero que la supera, haciendo entrar en juego sentimientos y aspiraciones; como la acción particular que expresa en potencia de voluntad consciente generalizada como estado, expresada como fuerza y consenso (Gramsci, 1990: 15, 20 y 49). Como aquella acción con un punto de inicio determinado, pero cuya significación se juega en la correlación de fuerzas globales, dada por su posición en la lucha de clases y los intereses a los cuales representa como fuerza política. De esta forma, este criterio combinado con las apreciaciones señaladas, nos permitirá diferenciar dos cursos de acción señalados por Gramsci para el campo de la hegemonía: el consenso pasivo y el activo (Benoit, 2013), que nos permitirán distinguir una situación de crisis ordinaria y otra de crisis orgánica (Portelli, 1977; Osorio, 2013).
Si en términos generales para Gramsci, la hegemonía presupone una relación que tiene en cuenta los intereses y tendencias de los grupos sobre los cuales se ejerce, reconociendo y expresándola conflictividad del capital/trabajo como latencia, “como equilibrio de compromiso”, en la que el “grupo dirigente hace sacrificios de orden económico-corporativo”, no concernientes a lo esencial, reconociendo cambios en las estrategias de hegemonía y en las correlaciones de fuerzas políticas. Esto “ya que si la hegemonía es ético-política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica” (Gramsci, 1990: 31).  En otras palabras la relación entre crisis y el carácter activo/pasivo del consenso es de una función inversa, que permite dar cuenta de la gradación de las relaciones de fuerza entre capital/trabajo y de la profundidad de la politización, organización y estado en general del movimiento popular en sus herramientas de  lucha.
La relación entre el carácter del consenso, la profundidad de la crisis  y el estado de politización del movimiento popular nos permitirá identificar el carácter que puede adoptar un movimiento de ofensiva, integración o contraofensiva entre el capital y el trabajo como bien grafica Coutiñho (2011 a). En específico,  la noción de “consenso pasivo” se refiere al movimiento de integración de aspectos políticos secundarios a un bloque de fuerzas hegemónico, sin tranzar lo fundamental  y que, al integrarse, refuerza la hegemonía y cambia la correlación de fuerzas políticas al interior del bloque. La fisura de un consenso pasivo se genera en un contexto de crisis  ordinaria o coyuntural, en la que se abre un flanco en la hegemonía pero sin cuestionar los aspectos estructurales del predominio. A diferencia del “consenso activo”, donde lo que se pone en cuestión es el carácter del bloque histórico, y la relación entre el campo del predominio y la hegemonía, inaugurando una situación de crisis orgánica (Portelli, 1977: 119-142), cruzada por la confrontación abierta de Proyectos Políticos (Coutiñho, 2011a).
En ese marco del análisis, la relación de fuerzas entre capital/trabajo es fundamental para la construcción de una estrategia general de poder, de su enfoque estratégico y de su desarrollo operativo. El concepto de Poder Popular se constituye como la concreción[3]del enfoque estratégico y de su desarrollo operativo en el tiempo, espacio, territorio, en los sujetos y en las instituciones que organizan la vida en común. En otras palabras la estrategia y la táctica es al Poder Popular lo que la contradicción capital/trabajo es a la lucha de clases: un elemento de análisis concreto y que nos permite comprender analíticamente una formación social concreta con fines de intervención práctica (unidad entre teoría y praxis).
Es imposible pensar el Poder Popular al margen de la construcción de subjetividades, instituciones, al margen de los territorios, de los espacios y de los tiempos. Considerando estos elementos de contingencia, podemos identificar lo común a las experiencias de las sociedades contemporáneas y los procesos revolucionarios, que nos permitan generalizar elementos indispensables de las experiencias de PP, de tal forma que podemos identificar  ciertos elementos comunes que tienen validez sobre el telón de fondo de tendencias estructurales del modo de producción capitalista.
Los elementos comunes a las experiencias de PP son los elementos propios de una concepción general del poder, basada en la premisa de la autoproducción social de la realidad y en la conflictividad entre capital/trabajo. En ese sentido, el problema del PP refiere a: a) una noción del cambio del bloque histórico –en el campo de la hegemonía  y del predominio-, que para la tradición socialista ha sido caracterizada como la problemática “de la dualidad de poderes”[4]; b) una noción sobre la relación entre el “sujeto popular” y la “acción política” que coloca la referencia de la legitimidad de la acción (marco ético-moral), sobre el protagonismo del movimiento popular en el marco de las relaciones de fuerzas; c) una noción, por lo tanto, sobre la relación entre el Estado, las instituciones de la vida en común y las clases sociales; y d) una noción sobre la relación entre estrategia, táctica, alianzas y herramientas política (partido, movimientos, frentes sectoriales, organizaciones sociales temáticas, etc.).
Estos ejes comunes pueden profundizarse en las siguientes proposiciones: a) La acción política extrae su fundamento, legitimidad y referencialidad en  la acción directa, en la capacidad de organización social y política del “sujeto popular” y sus repertorios de acción desde abajo: de lo más simple a lo más complejo, de lo local a lo nacional, estableciendo formas de coordinación y articulación política, que permitan la acumulación de Fuerza Social Revolucionaria; b)el PP plantea la construcción y desarrollo de la capacidad  gubernamental del partido del trabajo[5] expresado como estado[6]; c) el PP debe desarrollar  formas de mando que permitan la “centralización política desde abajo (unidad y disciplina en la acción por consentimiento)[7] y que crucen la construcción de instrumentos partidarios complejos; d)  el carácter de la alianza de fuerza a construir debe expresar  las transformaciones de la estructura de clase, identificando las fuerzas en posición estratégica, aliados en posiciones de retaguardia y guiarse por el imperativo de construir una mayoría de apoyo a las trasformaciones políticas a llevar adelante;[8]e) que la organización de la fuerza física evite el enfrentamiento directo con el enemigo y sea capaz de articular distintos niveles, sumando a la mayor parte de actores (el principio de “un pueblo en armas”), procurando el impacto simbólico que permita ganar una mayoría y defenderla violentamente en el momento de crisis orgánica;[9]f) que las tácticas políticas sean flexibles, supeditadas al enfoque estratégico, que  combinen la acción institucional y directa mediante una herramienta  política que exprese la soberanía popular, asumiendo las funciones legislativas, delegando las ejecutivas  y constituyendo mecanismos de sujeción de la autoridad política.[10]
El Poder Popular sólo es comprensible en las condiciones históricas en que se produce, en el contexto de las relaciones de fuerza en que interviene y en el horizonte de las perspectivas políticas que se plantea. Por ese motivo,  el rol de los trabajadores en la construcción de un bloque histórico, quedará supeditado a la centralidad del trabajo en un enfoque estratégico socialista y libertario y al análisis de situación de fuerza de una coyuntura que realicemos.
Lo primero que debemos considerar es que centralidad del trabajo en la construcción de Poder Popular viene dada desde el momento en que lo popular designa un campo de subjetividad en disputa, contradictorio, y que refiere a  la condición de subalternidad como situación de mayoría, heterogénea, pero al mismo tiempo articulable en un relato político. Lo segundo que debemos comprender es que la centralidad del trabajo dista mucho del imaginario político obrerista, que le otorga el rol de sujeto estratégico  del proceso político al obrero industrial manufacturero en abstracto y su cualidad de estratégico quedará en suspenso y dependerá de las características de cada formación social. En américa latina por su modo de inserción periférica en el sistema capitalista internacional, los patrones de acumulación de capital y los sistemas de alianzas que han configurado las formaciones sociales han distado mucho de las pautas ideales de acción política. Finalmente, la centralidad del trabajo dice relación con la estructura de organización social del trabajo, el tipo de patrón de acumulación de capital que se establezca y la pautas de producción y consumo que constituirán a los distintos sujetos y clases sociales.
Siguiendo el trabajo de Loreto Quiroga (Quiroga, 2013), partimos de la premisa de la centralidad de la teoría del valor-trabajo para comprender el conflicto entre capital/trabajo, la formación de clases sociales y aproximarnos a las  nociones de sector estratégico en la economía (áreas que presentan un potencial disruptivo sobre el conjunto global de la economía real) y posiciones estratégicas (vinculada con el peso estratégico de una rama productiva en la economía, su relación en el sistema productivo, su posición de mercado y en el proceso tecnológico). 
La consideración de esos elementos, ponderada con la noción de bloque histórico y las apreciaciones sobre el PP nos permitirá utilizar un criterio para la identificación en potencia de una estrategia de acción política,  basada en el protagonismo de la acción de los trabajadores, cuya legitimidad y fuerza radica en la capacidad de golpear directamente la estructura de poder del capital, que permita la construcción de un arco de alianzas que doten a la disputa  de un carácter de mayoría social bajo orientación socialista  y que considere la importancia de la hegemonía política. En otras palabras es la construcción de un enfoque socialista –desde abajo- cuyo carácter reúne elementos indispensables para las tareas políticas tanto de la coyuntura como del proceso político en el largo plazo, que nos permita guiarnos por un realismo político de nuevo cuño.


2.      Situación de los trabajadores en la larga noche de la hegemonía burguesa:[11]
2.1.   Marco de análisis general:
Tomando los cuatro elementos indispensables del PP y las nociones desarrolladas sobre bloque histórico, crisis y consensos, podemos agrupar la historia del movimiento popular y de los trabajadores en distintos periodos. Por cuestiones más que evidentes este constituye un bosquejo esquemático. La manera en cómo identificamos los periodo para el estudio responde a la distinción analítica  que realizamos dentro del  bloque histórico, entre el campo del predominio y la hegemonía, para dar cuenta que un sistema de dominio hegemónico, integra la dimensión del consenso –o reconocimiento- con la de la fuerza. En ese sentido, refiere a las correlaciones de fuerzas políticas, su comportamiento político que se presenta en las situaciones de análisis y que nos permiten identificar la relación entre consenso/crisis.
En la historia chilena identificamos cuatro grandes procesos en relación a las configuraciones de los modos de producción y los sistemas de dominio. El primero es el sistema de dominio oligárquico-colonial, basado en una estructura de poder y prestigio que se configura a partir de la tenencia de la tierra, el control de las rutas mercantiles y sobre los activos mineros.  En este proceso identificamos tres fases de hegemonía pasiva y una de hegemonía activa, pero que se presenta como crisis coyuntural, dado el desarrollo político del movimiento popular –inexistencia de un proyecto contrahegemónico, contracultural y político-  y se expresa como una reorganización del sistema de alianzas oligárquico.
La primera fase es la de gestación del modo de producción y acumulación colonial (1541-1580), de transformación de la empresa mercantil de conquista en un asentamiento  de colonización  y de estableciemitno de los principales elementos del sistema de dominio. La segunda es de consolidación del modo de producción y acumulación colonial (1580-1690), en la que se constituye las bases de la acumulación mercantil, de manera subordinada a la formación de la oligarquía terrateniente que se consolida con el auge de exportación de sebo, cueros y cordobanes para el mercado colonial del alto Perú (las minas de potosí). Desde la perspectiva del Movimiento Popular, es la fase de “campesinización”, extensión del inquilinaje y de productores independientes basados en distintas formas de tenencia de la tierra. Luego tenemos una fase de apogeo y de crisis (1690-1873), que abarca la apertura del mercado externo a través de la exportación de plata, cobre y trigo; la importación masiva de bienes de consumo directo y, por consiguiente, el aumento de la acumulación mercantil  y el surgimiento de una veta  financiera, que le permite mediante la disociación del mercado  interno en oro y el externo en plata, subordinar a la oligarquía terrateniente. Un primer momento dentro de esta fase (1690-1830), abarca el proceso de consolidación del sistema hegemónico que expresa esta alianza y que cristaliza en la formación del Estado Portaliano. Un segundo momento (1825-1860), el de auge, está caracterizado por la reorganización de la inserción internacional del mercado chileno, desplazándose desde Callao a Londres y por la penetración de las merchant-banker y el establecimiento de las primeras casa de habilitación comercial. Finalmente, el último momento en esta fase es la de “crisis de productividad del modo de organización de la producción de tipo colonial”  (1860-1873) en la cual la hegemonía oligárquica es horadada por la crisis cambiaria del peso, el aumento del endeudamiento exterior y el agotamiento de los yacimientos de plata. A nivel de las correlaciones de fuerzas políticas, el poder conservador es desplazado por el de los liberales, modernizando las instituciones estatales y consolidando la penetración de capitales extranjeros en los sectores estratégicos de la economía. En este momento, se genera la crisis del campesinado, expresado en migraciones del campo a los enclaves mineros y la crisis económica del artesanado que favorecerá su proceso de organización y promoción sociocultural.
El segundo proceso que identificamos es el de formación de un modo de producción y acumulación capitalista (1870-1930), que integra de manera contradictoria el colonial y permite el desarrollo embrionario de una veta industrial. En este proceso identificamos una primera fase (1870-1895), en la que surgen las primeras industrias livianas,  se reorganiza el sistema de dominación de tal manera que se consolida el predominio del capital extranjero en alianza con  el surgido a partir de la acumulación mercantil, desplazando al oligárquico hacia el control de la renta del Estado y al resguardo de su base de poder terrateniente. En este proceso se genera el desarrollo sociocultural y organizativo del artesanado, proyectando su tradición hacia el surgimiento de las primeras sociedades de resistencia en el proletariado porteño, que modificarán el repertorio de acción, al introducir la huelga reivindicativa como método de lucha (la gran huelga de 1890, el surgimiento de las combinaciones mancomunales y sociedades en resistencia). La segunda fase es de profundización del anterior (1895-1927), que quedará caracterizado por el proletariado minero y urbano, por el aumento de la organización, conflictividad del movimiento popular y por la respuesta militar de la clase dominante a la reivindicación popular (matanzas de 1904, 1905, 1907, 1912, 1917). La última fase (1920-1938) de crisis del bloque dominante, de profundización de la fuerza del movimiento popular en base una alianza del proletariado minero, urbano y porteño, subordinado a los grupos socio-profesionales  y de una modificación hacia una hegemonía activa del bloque dominante, que en el contexto de crisis terminal del modelo primario exportador, favorecerá la construcción del Estado de Compromiso de Clases.
El tercer proceso es el de hegemonía en disputa y de formación de dos bloques históricos en pugna (1938-1973), expresados institucionalmente en el régimen político y en la estructuración del Estado de Compromiso de Clases. La fase de conflictiva, reorganización y de formación estratégica (1933-1953) se expresará desde la reorganización de la clase trabajadora tras la creación del código laboral, que marcará el ocaso del sindicalismo no legal, el establecimiento de un modo de relación de subordinación del grueso del movimiento popular a los partidos políticos y que identificará en la conquista de poder institucional la palanca de desarrollo para el proyecto político. En esta fase se reorganiza la clase trabajadora en la creación de la CUT en 1953 y decantarán las dos líneas estratégicas en disputa en el Bloque Histórico Socialista: la Tesis de Frente de Trabajadores y la de Frente de Liberación Nacional, cuyas diferencias se expresarán en las características de la vía, el carácter de la revolución y la amplitud de las alianzas.  La fase de (1953-1969) es la fase de crisis del modelo de industrialización conducido desde el Estado, el agotamiento del ciclo de fácil sustitución, de polarización del sistema político y de despunte del Movimiento Popular. Finalmente la fase de 1967-1973 es la crisis de orgánica del sistema de dominio, de polarización y ruptura del régimen político y de despunte del movimiento popular: el movimiento de pobladores, campesinos y obreros en los fenómenos de las tomas de terrenos y autogobiernos locales, los cordones industriales y la radicalización de la toma de fundos bajo control campesino. Este fenómeno político, se expresará como crisis pre-revolucionaria desde octubre de 1972 –con la declaración facciosa y golpista abierta por parte de la derecha-  hasta la declaración de inconstitucionalidad del Gobierno de la Unidad Popular a finales de agosto que otorgo sostén político al golpe militar.
Finalmente el último proceso (1973-2011), y el que analizamos en sus principales coyunturas, lo hemos denominado de contrarrevolución y consolidación de la Gobernabilidad Democrática que cruza la larga noche de la hegemonía burguesa. Este proceso tiene una primera fase de instalación del régimen y aplicación de las “7 modernizaciones” (1974-1979), desarticulación del sistema político y exterminación de los cuadros políticos más lúcidos del movimiento popular. La fase de institucionalización, crisis y consolidación (1980-1992), en la que  se observan los primeros impactos de la reconversión productiva, se reorganiza el movimiento popular y se pasa a la ofensiva contra el régimen, para finalmente concluir con la transición sin ruptura. La fase de concertación social va desde (1992-2006) quedará marcada por el establecimiento estructural de las tendencias de la fase anterior, la crisis del sindicalismo y la desarticulación del movimiento popular. Finalmente la última fase, en desarrollo, va desde 2006 hasta 2013 y sus coyunturas son las que analizaremos.

2.2.   Antecedentes del proceso. Contrarrevolución neoliberal, reconfiguración de la clase trabajadora y reconversión productiva. (1973-2013)
Para poder referirnos a la situación de los trabajadores en el periodo de estudio debemos hacer un  breve recuento de las transformaciones acaecidas en el periodo de análisis anterior, en gran medida porque el imaginario político estratégico de la izquierda revolucionaria chilena toma como marco de referencia de la acción política un modelo de relaciones entre el régimen político, el sistema de partidos y la sociedad que a la luz de las transformaciones acaecidas en la dictadura se constituyen en un punto de no retorno.
Tres son las características importantes para comprender el marco de relaciones en las que el imaginario estratégico de la izquierda se constituye: a) la combatividad, organización y tradición de al menos tres generaciones de lucha en la clase trabajadora, con una fuerte composición industrial del sector manufacturero, minero y público; b) una compleja relación de subordinación/autonomía en relación a los partidos políticos que hacían suyos sus intereses bajo un horizonte socialista, compuesto por un partido de filiación moscovita (PC) y uno en cuyo interior reunía diversas tendencias y líneas estratégicas (PS); c) y la identificación de la estructura del Estado y el régimen político como compromiso de clases (Estado Compromiso de Clases), desde el cual reorganizar el mercado nacional, modelar la sociedad y conducir las transformaciones  políticas (Frías, 2008: 81-88; Garretón, 1983:23-38; Moulian, 1993: 15-70). De estos elementos, el aspecto que nos interesa revisar es el de la estructura del movimiento laboral.
El sindicalismo chileno se estructura desde los años treinta en un gran número de pequeños sindicatos con pocos medios de presión en el marco legal establecido en 1931. Según cifras de 1968, el tamaño medio de los sindicatos es de 155 miembros, mientras que la gran mayoría de ellos (63%) posee menos de 100 afiliados. (Véase los cuadros 4, 5, 7 y 8 del anexo). Hacia 1970, existen tres tipos de sindicatos: de obreros (sindicato industrial), de empleados (sindicato profesional) y los sindicatos agrícolas (con mucha fuerza desde 1967 con la aprobación de la Ley de Sindicalización Campesina). El índice de afiliación del sector privado se sitúa en el 19%, los cuales sumados a los asalariados públicos reúnen cerca del 25% de la fuerza de trabajo. En 1970, la CUT reúne algo más de 700.000 trabajadores, de los cuáles el 47% pertenece a la clase obrera minera e industrial, el 40% son empleados y el 23% son campesinos. En ese periodo, la CUT agrupa a 3 agrupaciones nacionales (Empleados Fiscales (ANEF), Semifiscales (ANES) y Obras Públicas y Transportes), a 9 asociaciones Nacionales, 10 confederaciones, 24 federaciones industriales y Profesionales y 42 organizaciones nacionales.
Este carácter latente del conflicto de clases bajo el ordenamiento institucional permitió en el plano de la construcción teórica de la izquierda de orientación “socialista”, la afirmación de la tesis de “la estabilidad y tradición del orden constitucional chileno” y –como corolario político- la afirmación de la posibilidad de transitar pacíficamente y mediante la institucionalidad hacia la hegemonía socialista y el desarrollo del poder de los trabajadores.
Con el advenimiento del golpe militar y el colapso de la Unidad Popular no sólo se puso fin al proyecto de la ‘vía chilena al socialismo’, sino que también al marco de relaciones socioculturales, económicas y políticas que sostenían el Estado de Compromiso de Clases (ECC)  (Gómez, 1987; Gómez, 2006: 182-184), el régimen político y el sistema de partidos (Moulián, 1993: 15-18). La profundidad de las modificaciones estructurales realizadas en la sociedad chilena durante el régimen autoritario tuvieron un fuerte carácter modelador de la sociedad (Martínez y Tironi, 1986: 12), disciplinador de la fuerza de trabajo y un carácter abiertamente antisindical (Araya, 2012; Campero, 2000). El Estado se minimiza. El mercado se infiltra en espacios que antes le eran ajenos. La sociedad se despolitiza, en la misma medida en el que aumenta la concentración de la riqueza y la  desigualdad de los ingresos.
El diagnóstico de la crisis del ECC que efectuaron los diseñadores de la reformas implementadas se basó en el señalamiento de que el exceso de estatismo, el proteccionismo de un industria de baja productividad, la escasa apertura al comercio exterior y la existencia de una legislación  laboral favorable a los trabajadores eran las principales causantes de la crisis económica y la hiperinflación (VV.AA, 1991). En términos generales el diagnóstico identificó  que la forma de organización del trabajo estaba caracterizada por atender más al control y disciplinamiento de los trabajadores –minimizando el conflicto entre capital y trabajo, a través de la mediación del Estado- que a la búsqueda de la eficiencia y maximización de la productividad. La política seguida fue, por lo tanto, combatir a corto plazo la inflación a través de una política de shock sobre el trabajo, reduciendo abruptamente los costos salariales, las prestaciones de servicios sociales otorgadas por el Estado, la privatización del sector público, una profunda reestructuración de las relaciones laborales y una liberalización de las exportaciones con el objetivo de reconvertir productivamente el país.
Así es como en el periodo 1973-1989 ocurrieron cambios acentuados en la estructuras de las empresas, impulsando estrategias de racionalización y de utilización más plena de los equipos existentes y de los recursos humanos. Esto en el periodo 1974-1982, significó una fuerte reducción del empleo, una modificación del peso de las actividades económicas en la economía nacional, una intensificación del trabajo y un mayor disciplinamiento laboral, combinando baja productividad con una drástica reducción de las remuneraciones. (Ramos, 2009: 20-21).
Los efectos en la fuerza sindical fueron palpables a corto plazo (véase el cuadro 10 y 13. Anexos). La primera consecuencia fue un cambio significativo de la base social sobre la cual se constituyó el movimiento sindical durante el proceso de 1920 a 1970. Entre 1972 y 1980 observamos una disminución ocupacional de sectores de bienes como la agricultura, minería industrial y construcción (de un 49,9% de la población económicamente activa (a un 39,2%)  y amento de los sectores de servicios  como comercio, servicios, transportes y comunicaciones (de un 50,1% a un 60,8%).
Las variaciones en el peso de la ocupación de la población económicamente activa, se explican por la política de apertura al comercio internacional y de inserción en la economía globalizada y las restricciones de la demanda del volumen de la demanda interna, provocando reacciones diversas según las capacidades relativas de las diversas ramas productivas. Sectores como la minería metálica, la madera, el papel, la celulosa, la fruticultura de exportación y los productos de la pesca transfirieron al mercado externo los excedentes no comercializados por la restricción de la demanda interna, siendo  además, favorecidos con una tasa de interés baja y una exención tributaria. Por el contrario, un conjunto de actividades cuyas producciones no eran transferibles en el mercado internacional o presentaban serias limitaciones, experimentaron una reducción considerable. Sectores como el de producción de alimentos y su industria procesadora, las bebidas, el tabaco, las imprentas, algunas industrias químicas, el cuero, el calzado y el plástico son un buen ejemplo. Dentro de este conjunto de bienes, fueron profundamente afectados como el textil, mecánicos, electrónicos, bienes de capital y productos alimenticios básicos, reorientándose de la producción a la comercialización.
Dentro de los trabajadores en posición estratégica el panorama fue diverso. El sector minero experimentó fuertes modificaciones. El cobre aumenta su participación en el producto interno bruto (de un 75% a un 85%), aumentando la ocupación en 5000 trabajadores y la productividad por hombre en un 40% producto de la modernización de los procesos productivos.  A diferencia del carbón y el salitre  El carbón en 1979 presentaba un índice 40% inferior a los niveles de producción de 1970 y el salitre un 22%. En términos de ocupación el carbón disminuye en un 25% y el salitre en un 30%, disminuyendo las remuneraciones en el caso del carbón en un 55% y del salitre en un 57%. 
Por su parte, el sector de la construcción –uno de los sectores más dinámicos del movimiento laboral en el siglo XX-fue de los más afectados por la reorientación del modelo por distintos motivos. La imposibilidad desde 1979 de los posibilidad de negociación de los sectores sindicalizados independientes, la dispersión de las empresas  y la alta movilidad ocupacional  explican esta caída abismante de  la tasa de ocupación del sector que, hacia 1980, representa un 80% menos que el año anterior al golpe de estado (Para las cifras por ocupación, véase anexo)
La profundidad de las transformaciones estructurales resultantes produjo una fuerte regresión de la actividad sindical y un cambio importante  de la composición de la base social del sindicalismo, que llevó a los ideólogos de la burguesía a  plantear que el efecto de la desalarización de la fuerza de trabajo, el crecimiento acelerado del sector terciario, la regresión del sector del agro y el aumento de los trabajadores por cuenta propia difuminaban las fronteras de las clases sociales y el contenido de la acción política con tinte clasista (Martínez y Tironi, 1985). A pesar de aquello y en el contexto de reorganización de las relaciones laborales en claro desmedro de los  trabajadores en los planes laborales, el sindicalismo y los sindicalistas dan pie a un proceso de reorganización y reactivación de la actividad sindical (Drake, 2003: 151). 
Hacia finales de los 70’ la mayoría de las organizaciones sindicales pasaron de una fase “afirmación y sobrevivencia” a una oposición a los ‘Planes Laborales’ (Ruiz-Tagle, 1985), la cual conjugada con el impacto social de la crisis económica mundial, permitió que las organizaciones pasaran a “un principio activo de organización y resistencia” abierto desde 1983 (Frías, 2008). En ese contexto de reorganización, la acción de los sindicatos y de sus organizaciones federales y nacionales fue de lucha permanente para enfrentar al gobierno militar, buscando al mismo tiempo que recuperar el régimen político democrático, luchar contra la política de modernización neoliberal en plena implementación. Como bien señala Campero, “la lucha contra la dictadura y contra el modelo eran parte de un mismo proceso” (Campero, 2000: 27).
La reorganización de los trabajadores tras metas políticas nacionales, posibilitó la rearticulación de un espacio público y la reconstitución de lazos en el tejido social,  expresados en la búsqueda de una articulación social amplia en manifestaciones contra el régimen, como palanca para la desestabilización y el forzamiento de las negociaciones para iniciar la ruta transitológica. Las jornadas de protesta nacional convocaron a sectores de trabajadores de los puntos estratégicos de la economía, sectores medios afectados por la desestructuración del aparato público, trabajadores desocupados (una desocupación por sobre el 20%), gremios patronales (en búsqueda de protección particular ante la crisis), estudiantes (universitarios y secundarios) y las organizaciones políticas de oposición permitieron un cambio en la coyuntura. Sobre la base de esta experiencia surgió en esa etapa la idea que el sindicalismo, en nuevas condiciones estructurales posibilitadas por apertura democrática, podría redefinir su base constituyente y pasar de la visión clásica de organización puramente laboral a otra de carácter social más amplio.
El tipo de transición llevada adelante “la transición sin ruptura” (Otano, 2006), de carácter consociativo, basada en la exclusión del sector radical y la representación política de la demanda social atenuada, permitió la consolidación de un marco político consensuado como un pacto intra elite, que favoreció la aplicación de las directrices de la “Gobernabilidad Democrática”. Así, la articulación de los social y lo político, bajo la égida consociativa, morigera el conflicto social institucionalmente (elite política), tomando como referencia de la acción política el margen de los ajuste y distorsiones de los mercados (elites económicas), erigido como espacio de realización de derechos civiles-políticos y restringiendo las modificaciones orgánicas al tinglado institucional resguardado por el rol tutelar de las fuerzas armas –el dato autoritario- (elite militar).
Esta operación política tuvo como condición de posibilidad el presentarse como la única opción posible, para la cual se debió desalojar el componente de clase de la política, construir una visión de un sistema político de consensos alterados por los polos radicales y la idea de que el mercado constituía el espacio de integración social (Moulián y Garretón, 1983; Valenzuela, 1984; Martínez y Tironi, 1985). De esta forma, mediante la concertación política de las fuerzas de centro-izquierda era necesario concluir la transición política con una ‘concertación social’, que diera gobernabilidad al modelo (Cortázar, 1990), postergando las demanda sociales y evitando la regresión autoritaria. Sin embargo, este marco político, presenta la paradoja de que la estabilidad del proceso político radica en la existencia del dato autoritario, por lo que, la dicotomía establecida entre demanda social/demanda política, actores sociales/actores políticos y los problemas de representación son constituyentes del régimen instalado, instalando un argumento político circular y atando de manos al movimiento sindical.
En esa trampa estructural, el movimiento sindical se ve profundamente afectado. Si bien la reorganización de la clase trabajadora hacia finales del régimen autoritario en el congreso constituyente de la CUT[12],  entiende la herramienta multigremial como un  instrumento “unitario, pluralista y democrático”, proyectándolo como un “instrumento de fuerza y poder”  para el objetivo de “conquistar, preservar y profundizar la Democracia”, el modo de relación entre sindicato/partido establecido en el marco de la transición dificultará el cumplimiento de los objetivos que la central se colocará.  Los principales objetivos de la CUT quedarán definidos en su programa de fines de los 80’ en los que se perseguirá: una recuperación del rol activo del Estado en la economía. El propiciar el establecimiento de formas de control y de regulación de los medios de producción privados. El resguardo, rescate y nacionalización de las riquezas básicas y empresas estratégicas privatizadas y traspasadas al capital trasnacional. Para, sobre esta base, “salir del subdesarrollo, reindustrializar el país, generar empleos, establecer salarios justos, mejorar la calidad de vida de la población y eliminar la extrema pobreza, la marginalidad y el empleo informal” (Central Unitaria de Trabajadores, 1998. citado por: Farías, 2008: 107-108)

2.3.    Los trabajadores entre la Gobernabilidad Democrática y el sindicalismo sociopolítico. 1992-2011.
En el proceso que va desde 1992-2011 de profundización de la hegemonía burguesa y el desarrollo de la hegemonía pasiva a través de la lógica gobernabilidad democrática, el sindicalismo desarrollará un tipo de acción política denominada como “consociativa” o sociopolítica.En palabras de Diego Olivares (Dirigente Bancario): “el sindicalismo sociopolítico es un sindicalismo “donde el tema central es comprometerse con el conjunto de la sociedad y con los sectores populares, incorporando sus demandas y entendiendo que el sindicalismo es una institución más dentro de la sociedad (…) el sindicalismo sociopolítico debe comprender las complejidades del cambio (…) y caminar de la transformación a la representatividad. Ser más moderno significa ser capaz de presentar alternativas en el contexto de los cambio” (Olivares, 1993: 21).
A grandes rasgos este ‘nuevo sindicalismo’ tiene su marco de referencia en las negaciones establecidas entre la CUT, la CPC y el Gobierno. A comienzos de enero de 1990 se firma el denominado “Marco de Referencia para el diálogo” que establece el trazado político que regulará las relaciones entre la CUT y la empresa privada hasta la crisis económica 1998 que inaugura una fase en la que el sindicalismo a tientas intenta salir del letargo de la noche. Lo  fundamental de dicho acuerdo, fue en que tanto los trabajadores representados por la CUT y los patrones por la CPC, reconocía ante el Estado como mediador que el desarrollo económico significaba crecimiento, conquistas de mercados internacionales, incremento del ahorro de inversión nacional  y extranjera y elevación de los niveles de empleo y salarios.  Dicho desarrollo además debía el derecho de propiedad y el derecho al trabajo. Y finalmente, que “la empresa privada debía ser el principal agente del desarrollo”, aunque correspondía al Estado la conducción económica del país. (Frías, 2008: 116). Sobre este marco de fuerzas entre capital/trabajo se firmará el primero de cuatro acuerdos marcos tripartitos, el 27 de abril en la que se reconoce la voluntad de los actores en conjugar desarrollo, democracia y equidad.
Este nuevo marco de fuerzas dificultará la capacidad de respuesta del sindicalismo en el proceso estudiado y favorecerá desde 1992, un entorno político-económico, de mercado y sociocultural favorable para la consolidación de las principales tendencias de la estructura empresarial. En ese nuevo contexto, la capacidad de respuesta del sindicalismo tuvo que lidiar de manera negativa con el obstáculo de la inercia que organizó su capacidad de respuesta, en su acción reivindicativa, en su consolidación interna y en su capacidad de convocatoria. Las dificultades del sindicalismo, paradojalmente, se desprendieron de sus propias características y la manera de organización de la acción sindical basada en el telón de fondo del aumento de la productividad, al competitividad y dinamismo de la empresa privada como motor del desarrollo: a) el fortalecimiento del rol técnico del sindicalismo; b) para asegurar una correcta inserción del factor trabajo en las exigencias de la competitividad; c) el compensar la deseada caída de los roles políticos con roles gremiales-corporativos. (Guzmán, 2002:20).
Si bien desde 1990 hasta 1991 aumenta la tasa de sindicalización sobre el total de la población económicamente activa, registrando su punto más alto en el periodo observado (15.1%), la afiliación sindical comenzará a bajar paulatinamente hasta 1999 registrando la sima del periodo (10,7%), para posteriormente repuntar hacia el 2009 (12,1%) (Véase el gráfico 1. Anexos). En términos, desagregados por sectores productivos. Dentro de los sectores en posición estratégica, la minería (1990, representaba el 10,6% de la P.E.A., el 1999 al 5,9% y el 2009 al 5,18% en relación a la  P.E.A.), La construcción (el 5,5% en 1990, el 7,9% en 1999 y el 8,5% el 2009 en relación a la  P.E.A.), la industria (el 27,3% en 1990, el 21,2% en 1999 y el 15% el 2009 en relación a la P.E.A.) y la electricidad ( el 2,8% en 1990, en 1,9% en 1999 y el 1,15% e 2009). Por su parte el sector de comercio presentó un aumento progresivo en todo el periodo observado (12,8% en 1990, 15% en 1999 y 20,2% en 2009 en relación a la P.E.A.), el financiero (4,8% en 1990, el 4,9% en 1999 y el 7,2% el 2008 en relación a la P.E.A.) y el sector de servicios comunales (12,3% en 1990, 14,9% en 1999 y 18,2% en 2009) (véase el cuadro 4a. Anexos).
Paralelamente a estos porcentajes de afiliación sindical  por rama de la producción, la CUT en 1999 agrupaba al 19,5% de la fuerza sindicalizada en contraste al   2011[13]en la que, según datos de la ENCLA, abarca cerca del 28,3%. Sin embargo en esta fase se produce la ruptura de la multigremial, escindiéndose la tendencia social-cristiana que decanta en la C.T.A. y en l. formación de LA C.G.T. y la U.N.T.
En ese sentido dos tendencias comenzaron a perfilarse en el mundo sindical: por un lado se efectúa un viraje hacia la defensa de los intereses de los trabajadores en el marco del sindicalismo sociopolítico (presentado en la CUT desde 2002 con la elección de Arturo Martínez); y por otra parte, la emergencia de un nuevo contingente de organizaciones sindicales en áreas clásicas y de dinamismo de la matriz clasista del sindicalismo en Chile (como el aparato exportador, la construcción, el forestal y el minero) y sectores ligados a aquellos sectores ocupacionales que en el marco de la reconversión productiva del aparato económico aumentan su participación en el empleo (servicios, sector financiero transporte) (Ver cuadro 4a. Dirección del Trabajo, 2011).
Otro rasgo importante de este proceso es que se observa un aumento progresivo de la organización sindical (gráfico 4.a) y de afiliados en sindicatos de interpresas y en sectores donde las políticas de flexibilización, externalización y precarización constituyeron un aspecto gravitante en el proceso de reconversión productiva: los sectores subcontratados de la minería del cobre, la organización del sector Retail, los subcontratados de las forestales, trabajadores eventuales del sector portuario y obreros de faenas de las faenas del sector construcción. (Cuadro 7). En relación al número de huelgas, observamos un aumento explosivo a partir del 2003 (Cuadro 1)
La tendencia a flexibilizar a través del empleo posee un profundo arraigo en las empresas chilenas y se enmarca en la forma que tuvo el proceso de restructuración económico en Chile (Soto, Espinoza y Gómez, 2008:20), basado en la desarticulación progresiva de los sistemas industriales y la disminución de la integración vertical. Dicha reestructuración en el caso industrial marcó un énfasis en un bajo nivel de innovación tecnológico y una política agresiva de racionalización con reducción del empleo y las remuneraciones. En otras palabras los aumentos de la productividad ante la baja innovación tecnológica y reorientación primario-exportadora de la economía se han realizado a costa de la precarización del empleo. 
Al observar el gráfico 35 se observa que las grandes empresas son quienes en su mayoría utilizan el recurso de la subcontratación y el trabajo suministrado como manera de organizar su proceso productivo. Ahora bien, al observar el gráfico 37 se identifica que precisamente aquellos sectores en posiciones estratégicas de la producción nacional (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, industria y comercio) son las que recurren en mayor porcentaje al recurso de la subcontratación, flexibilización con precarización del empleo y suministro de trabajadores.
Esto sectores estratégicos de la producción en situación de precarización y flexibilización laboral son  los cuales han evidenciado un aumento significativo de sus movilizaciones entre 2004 y 2011. El sector de la agricultura y la pesca, pasa de 4 huelgas con 89 trabajadores, a 11 huelgas con 980 trabajadores involucrados el 2007, para finalizar el 2011 con 4 huelgas con 791 trabajadores involucrados. Por su parte el sector construcción, pasa de 0 huelgas el 2004 a 14 el 2011 con 1.111 trabajadores involucrados. Por su parte, el sector servicio pasó de 36 huelgas con 2892 trabajadores involucrados a  51 huelgas con 5.055 trabajadores involucrados. (estadística sindical, Dirección del  Trabajo, 2011).

3.      Análisis de la movilización  de los trabajadores en los últimos años.
El hito a nivel político que marca la inflexión en el gráfico de las movilizaciones sindicales se inicia con la entrada en escena de una nueva generación de sindicalistas y en la modificación de las estrategias de “sindicalismo sociopolítico” por uno organizado en torno a los ejes de la “independencia política, acción directa y solidaridad de clase”, basado en la movilización masiva de la base sindical, un discurso de confrontación de clases, la reutilización del recurso de la acción directa de masas y la violencia política (Dorasch, 2007). 
Una de las movilizaciones ejemplificadoras de este proceso fue la realizada en el Holding de Bosques Arauco (CELCO) en 2007, en la que los trabajadores  demandaban aumento salarial del 40%, condiciones de seguridad, higiene y salud laboral, sobre la base de las ganancias de Bosques Arauco que, en el 2006, registró ventas por US $2850 millones y acumuló una ganancia neta de 619 millones  de dólares (ganancias por 2 millones de dólares diarios), equivalente  a un aumento del 41% respeto al 2005. 
La principal característica de esta movilización llevada adelante por la Unión de Sindicatos Forestales de Arauco (USINFA) fue que en un hecho inédito desde la vuelta de la democracia, los trabajadores construyeron una organización única para negociar de manera directa con el Holding, agrupando a cerca de seis mil trabajadores de Bosques Arauco -en una de las más grandes movilizaciones laborales, fuera de la industria del cobre-[14] y que culminó con el asesinato a manos de carabineros de Rodrigo Cisternas, obrero subcontratado de 26 años. El impacto de estas movilizaciones fueron procesadas por las organizaciones gremiales de los empresarios agrupados en ENADE, como un signo de “ideologización del movimiento sindical y sesgo político por parte de la dirección del trabajo”
Desde el 2007 en adelante observamos un proceso de aumento en la afiliación sindical, de radicalización y de modificación del repertorio de acción del sindicalismo que expresa un punto de inflexión considerable. Este proceso de radicalización se expresa con fuerza en un sindicalismo de facto, al margen de la multigremial, en sectores de alta flexibilización, desregulación y precarización laboral y en  actividades económicas de alta  relevancia estratégica en el aparato productivo nacional.
Lo cerrado del modelo, la fragmentación sindical impuesta y su limitada institucionalidad para ejercer el derecho a huelga, obliga a que los sectores sindicalistas en lucha comiencen a articularse en proyectos políticos en defensa de la clase trabajadora y que asuman una amplitud táctica vinculada tanto con la acción directa de masas, como especialmente este 2013, con la apuesta institucional. El dialogo multisectorial e intersindical relacionado con proyectos políticos clasistas aumenta progresivamente a partir de las luchas estudiantiles del 2011 que posibilitan la suma a las normales movilizaciones del principal sector de la economía nacional de otros sectores marginales para el patrón de acumulación y duramente explotados –además de las movilizaciones regionales-. Estos sectores, como los subcontratados del retail, levantaban huelgas y paralizaciones aprovechando el amparo del movimiento estudiantil dando cuenta de su  atomización, fragilidad político social y duras condiciones legales de disputa deudoras del proceso contrarrevolucionario (1973-1992). El 2012 dio cuenta de ese resurgir de la lucha sindical terciaria con múltiples expresiones aisladas de conflicto laboral. 
Este 2013 se abre en Enero con 4 huelgas siendo todas del área de servicios, lo mismo se repite en Febrero para cuando es asesinado el sindicalista Juan Pablo Jiménez trabajador de una empresa subcontratista de Chilectra: Azeta.  Los sectores económicos estratégicos demuestran mayor dinamismo en su movilización y articulación. Para Marzo de 2013 se comienzan a ver movilizaciones y huelgas vehiculizadas por los proyectos políticos de clase que articulan fundamentalmente sectores estratégicos de la economía. El Consejo de Sindicatos de la Exportación surgido en el año 2012 resulta punta de lanza a finales del mes de Marzo de dicho año en el que logra articular la movilización del SINTEC en el Mall del Centro de Concepción (3/26/13, Radio Biobío) con los trabajadores portuarios que ya asomaban movilizaciones pese al actuar prepotente de la patronal.
 En Abril paraliza la gigante estatal chilena: Codelco, amenazando un tercio de la producción mundial del metal. En Mayo y Junio los mineros en isla Riesco de Magallanes y el sindicato unificado de concha y toro desarrollan resistentes ejercicios de fuerza con amplio apoyo de base y utilizando métodos de acción directa (7/5/13 Radio Biobío). Desde regiones nuevamente vienen los aires de cambio y ya en Julio en Temuco se vota la huelga de los trabajadores de Correos de Chile que hasta la fecha se mantiene vigente (27/8/13 La Batalla de los Trabajadores). En Agosto estallan nuevas huelgas de importantes sectores del Retail que logran una articulación nacional inusitada y también inter sindical: Sodimac y Ripley se movilizan junto con los trabajadores de Correos de Chile el 14 de Agosto.

4.       Conclusiones, proyecciones y desafíos bajo una estrategia de Poder Popular y un enfoque socialista y libertario. El rol de los trabajadores en la lucha democrática.
El movimiento sindical en el proceso revisado presenta un estado de desarticulación producto de las dificultades de adecuación a los a contextos políticos que ha  tenido que enfrentar, su pérdida de transversalidad y capacidad de convocatoria como actor nacional. En ese sentido, su rol político ha disminuido por la dificultad de adecuar estrategias de acción que pongan en el centro de la disputa sindical el carácter político de la lucha reivindicativa. En esta dificultad, el marco de acción del sindicalismo sociopolítico, contribuyó a la despolitización y pérdida de capacidad de negociación de los sindicalistas, secuestrados en las redes de subordinación de los otrora partidos de trabajadores y por hoy principales administradores del modelo neoliberal.
El fracaso del sindicalismo sociopolítico quedó manifiesto en su atadura de manos que significó la firma de los acuerdos tripartitos que desplazaron el marco de referencia político de la confrontación entre capital y trabajo hacia su promoción bajo el alero del aumento de la productividad. En ese marco político, los trabajadores se vieron dificultados de llevar adelante acciones de defensa de sus intereses y  de cumplimiento de su plataforma de lucha entre las cuales se encontraba la eliminación del trabajo subcontratado, flexible y suministrado. La aceptación tácita de estas estrategias empresariales en desmedro del trabajo, permitió la consolidación estructural de estas tendencias desde 1992 hasta la fecha, constituyendo el grueso de la fuerza laboral actual.
La progresiva pérdida de importancia de la CUT como agente aglutinador del sindicalismo chileno, tendencia demostrada a lo largo del ensayo, no se ve necesariamente acompañada con una disminución en su importancia como actor político nacional. una política sindical coherente debe ser capaz de identificar potencialidades de acción y desafíos comunes a desarrollar, tanto para el sindicalismo de facto, como para la reconstrucción de la multigremial.
En términos políticos la pérdida progresiva de importancia política  de los actores sindicales tiene múltiples trabas que es necesario romper para posibilitar el rearme político, ideológico y orgánico de los trabajadores. El primero de ellos lo constituye el marco de referencia de la acción sindical. En ese sentido, romper a nivel político con el imaginario del sindicalismo sociopolítico llevado adelante por los sindicalistas  y el modelo de relaciones sindicales autónomo promovido desde el estado son dos desafíos fundamentales. Junto con ello, se hace necesaria la provisión de una subjetividad  parcialmente afirmada en la práctica que tome como eje articulador la “independencia política de los trabajadores”, una actitud de desconfianza frente a los intereses del empresariado y a la gestión gubernamental del problema sindical como un problema de ajuste  macroeconómico. Esto requiere, promover a nivel institucional, una política de defensa y promoción de la organización sindical y los derechos laborales.
La centralidad del trabajo en una perspectiva de poder toma como eje de la acción política la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo en el plano del campo del predominio –relaciones sociales de producción- y de la hegemonía –su expresión como estado, organizada institucionalmente.  La relación entre el campo de la acumulación de fuerzas y su expresión política como estado, no supone como condición necesaria una subordinación de la primera a la segunda y carece de evidencia empírica en la historia latinoamericana[15]. El desafío pasa por saber construir puentes que permitan que la hegemonía se sostenga sobre el ejercicio de fuerza de los trabajadores. Bajo ese imperativo práctico, la construcción de una política de ruptura democrática no será más que la generación de la correlación de fuerzas favorables a los intereses del trabajo, sobre el ejercicio de fuerza y que esta se exprese en el decante de un bloque histórico. En coherencia con ellos se hace necesario dotar a la clase trabajadora de herramientas de lucha reivindicativa, de solidaridad, políticas y culturales en la que, la formación de intelectuales orgánicos,  sea una tarea fundamental y que permita desarrollar conocimiento para las necesidades de las luchas populares.
En términos organizativos,  la  acción directa de masas en conjunto con un sindicalismo solidario y con un amplio repertorio de acción parece ser la manera más favorable. Trágicos ejemplos como el de la huelga de los trabajadores forestales en las que murió Rodrigo Cisternas son un claro ejemplo de las agallas de los trabajadores y de la impericia de la clase dominante. Experimentar  la posibilidad de construir un sindicalismo por holding productivo o por circuitos productivos, parece una  buena forma de eludir el multirut y poner el énfasis en la integración horizontal del capital, sumando a trabajadores de plantas, subcontratados y suministrados en una misa organización y/o coordinación de acción sindical.  En esa sintonía nos parece coherente la posibilidad de construir un polo político sindical, basado en los trabajadores estratégicos de la producción y que, tomando la premisa de la necesidad de dotarse de mayorías de apoyo para evitar el aislamiento político, pueda sumar a trabajadores en posiciones de apoyo como  los del sector servicios o Retail.  Por este motivo, es innecesario cultivar disputas faccionales al interior de los trabajadores y es mucho más necesario recuperar una ética y moral de trabajo, unitaria y radical cuyo mejor ejemplo sigue siendo la memoria de Clotario Blest.



Un desafío mucho más grande parece ser el conjugar una política de ruptura democrática con la generación de un Proyecto Político de Sociedad  de la mano de un nuevo marco de relaciones institucionales coherentes con un modelo de desarrollo económico, social y cultural basado en el respeto de los derechos sociales,  el reguardo y protección del piso ecológico y la defensa y centralidad de la soberanía popular. El desafío sigue siendo dar contenido al proyecto político que les heredaremos a nuestros hijos, que sea desmesurado como condición de posibilidad de nuestra voluntad consciente, y que les permita continuar con la histórica lucha que nuestra sangre morena viene dando contra la opresión y la explotación desde hace siglos.  En síntesis, la construcción de una política de poder cuya centralidad sea el trabajo debe tomar los cuatro ejes indispensables  del Poder Popular dotados con un marco político de largo aliento que nos permita construir un bloque histórico socialista y democrático. 



Gustavo Álvarez, estudiante de filosofía
Benjamín Infante, estudiante de historia
Bryan Seguel, estudiante de historia y sociología.


27/8/2013
Santiago, Chile.










5.      Anexos: Estadísticos y gráficos.

Tabla 1.- AFILIACIÓN SINDICAL
Sind.
Industriales
Profesionales
Agrícolas
Totales
Año
Sind.
Socios
Sind.
Socios
Sind.
Socios
Sind.
Socios
1947
603
150.448
1.228
112.637
-
-
1.831
263.085
1955
603
162.937
1.495
140.378
22
1.877
2.177
305.192
1958
781
161.751
1.547
143.329
28
2.030
2.356
307.110
1964
644
148.368
1.236
128.960
24
1.652
1.904
278.980
1970
1.420
192.196
2.219
230.007
180
143.142
14.581
627.664

Tabla 2.- AFILIACIÓN SINDICAL POR TIPOS DE SINDICATO
AÑO
1971
1973

N° de Sindicatos
N° de Afiliados
Tamaño Promedio
N° de Sindicatos
N° de Afiliados
Tamaño Promedio
S. Industrial
1.561
202.349
129
1.805
206.349
115
S. Profesional
2.624
247.003
87
3.660
310.042
84
S. Agrícola
587
152.532
259
1.030
257.554
250
Total
4.927
602.306
121
6.495
775.945
119

Tabla 3.- AFILIADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
SECTORES
1973
1977
Agricultura
259.409
289.352
Minería
81.590
77.433
Industria
280.143
245.598
Construcción
54.029
35.390
Electricidad
16.674
15.145
Comercio y Finanzas
116.244
113.886
Transportes
83.265
88.900
Servicios Soc.
47.965
50.765
n.b.s
-
100
TOTAL
939.319
916.569
Tabla 4.-COMPOSICIÓN DE LOS AFILIADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD
SECTORES
1977
1983
1988
Agricultura
31.6
6.8
7.7
Minería
8.4
14.9
12.6
Industria
26.8
30.6
28.8
Construcción
3.9
2.7
2.3
Electricidad
1.7
3.1
3.1
Comercio y Finanzas
12.4
16.6
18.6
Transportes
9.7
13.7
16.6
Servicios Soc.
5.5
11.0
10.4
TOTAL
100% (916.569)
100% (320.903)
100% (446.194)

Nota Tabla 1, 2, 3 Y 4: elaboraciones propias en base a la información recopilada por Patricio Frías, contrastada con la información puesta a disposición por Guillermo Campero. (Campero, 2000; Frías, 2008: 81, 82, 84 y 85)

Tabla 5.-Ocupados a nivel nacional por ramas de actividad total País   (Miles de personas y porcentajes)
Especificación
1970
Sept-Dic.
1972
Ene-Jun.
1975
Jul-Dic.
1977
Oct-Dic.
1979
Oct-Dic.
1981
Oct-Dic
1982
Oct-Nov
Agricultura y pesca
472.8
(16,0)
379.4
(12,7)
540.4
(17,34)
550.6
(17,2)
543.7
(15,6)
542.1
(14,6)
506.4
(14,4)
Minería
55.1
(2,0)
58.4
(2,0)
88.6
(2,8)
82.2
(2,6)
83.4
(2,4)
70.8
(1,9)
62.7
(1,8)
Industria
709.8
(24,4)
775.9
(26,4)
529.0
(17,0)
522.8
(16,3)
566.9
(14,5)
585.1
(16,0)
483.6
(13,8)
Electricidad, Gas y agua
18.3
(0,6)
21.0
(0,7)
25.4
(0,8)
34.2
(1,06)
28.3
(0,81)
29.9
(0,8)
29.2
(0,8)
Construcción
220.8
(7,6)
248.7
(8,4)
169.5
(5,5)
135.4
(4,2)
177.3
(5,1)
228.6
(6,2)
160.9
(4.6)
Comercio (1)
420.6
(14,4)
406.2
(13,6)
437.4
(14,02)
486.5
(16,0)
578.6
(16,6)
670.8
(18,0)
566.7
(16,2)
Transporte y Comunicación (2)
214.1
(7,3)
269.9
(9,06)
200.2
(6,4)
189.7
(56,0)
223.6
(16,6)
238.6
(6,3)
211.0
(59,6)
Servicios Financieros
(-)
(-)
80.0
(2,6)
81.6
(2,6)
94.8
(2,7)
125.6
(3,4)
122.3
(3,5)
Servicios Comunales, Sociales y Personales
777.1
(26,7)
786.5
(26,4)
862.4
(28,0)
982.1
(31,0)
1.032,6
(29,7)
1.096,7
(29,8)
1.209,4
(34,5)
Actividades no Bien especificadas
1.7
(0,06)
7.4
(0,25)
24.0
(0,7)
15.3
(0,5)
10.0
(0,28)
4.1
(0,1)
2.8
(0,08)
Buscan trabajo por primera vez
18.9
(0,65)
25.5
(0,9)
157.8
(5,07)
118.6
(3,7)
138.2
(4,0)
95.7
(26)
148.9
(4,3)
TOTAL
2.909,4
2.979,9
3.114,7
3.199,0
3.477,5
3.688
3.503,6

Nota tabla 5: Cifras correspondientes a la Encuesta Nacional de Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas en los periodos arriba señalados.
(1)Incluye comercio al por mayor, al por menor y restaurantes y hoteles
(2) Incluye almacenaje
(-) No se dispone información.



https://lh6.googleusercontent.com/H_iY5jycSTy1vI_1HsC3JD07l-ji2HJ4IF5nhHNieSJ00yzOpQFatxNhrCfyBaez5JmKKcOK1n8yWvtzT7yEAlcCCd2uT8ELNqFcQrkmdi9gWBkbutNM2S0w
https://lh4.googleusercontent.com/xqyHhiswSCgoOfNBKrvpz_gOqXdNq5a0aR5NoQOm6bTl0H18m-4C7FbPRQfrEFFr-xbgPkanERBw3I5TvsF57ALCaSgVIK9AQfxVkLERB-4Duez-ZockFsaZIw,C:\Users\Mitradente\Desktop\Estadísticos sindicales\cantidad de huelgas efectuadas, 1990-2011.png

https://lh4.googleusercontent.com/snV5k6bTT3bx06OfR-FVUjMURlW_hAv1S26TFOigo8-C62LtH5jT_-7eJSaAfsss-WGqU58GMvffKhAM0enujT8UKZ1kFY5vTfv46cPseHgBP77eR5bo9x7B



































6.       Información Estadística:

1.       Dirección del trabajo. Series estadísticashttp://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-propertyvalue-22777.html [27/8/2013]
[27/8/2013]
[27/8/2013]

7.       Noticias y sitios de discusión y opinión:

2.        http://www.radiobiobio.cl/

8.       Bibliografía:

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3.       Astarita, Rolando (2006). Sobre Estado y Relaciones Sociales. Una aproximación desde el punto de vista del método.
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[1] A la pregunta ¿qué es una línea política (LP)? Responderemos: una LP es una guía y referencia para llevar a cabo tareas programáticas y de lucha hacia los objetivos tácticos y estratégicos de un proyecto político. (SORTU, 2012)
[2] Esta distinción entre “polos” sistémicos y rupturistas cruza el análisis de las estrategias de la izquierda en Chile, operando como un encubrimiento de la lectura política transitológica  en clave futuro, que está en la base de las lecturas de los errores y aciertos de la izquierda durante el Gobierno de la Unidad Popular, y el rol jugado por los otrora partidos de trabajadores en Chile (Gómez, 2006). Por ejemplo es el tipo de análisis que realizan los sectores asociados a la tradición populista del socialismo chileno agrupados en la figura de Allende y su ideólogo Joan Garcés o  en la lectura política del ala de derecha del MAPU en los ideólogos como Garretón, Valenzuela o Moulian. En el caso del comunismo, esta contradicción entre la vía institucional y la rupturista, incluso fue refutada por la línea moscovita que re-afirmó el carácter instrumental, de la acción institucional,  y el carácter estratégico, de la violencia revolucionaria. En Palabras de Boris Pomanoriev en 1974: el proceso chileno “demostró la posibilidad  de que, sobre la base de una constitución vigente, un bloque de izquierda dirigido por partidos proletarios e inspirados en las ideas marxistas-leninistas llegue al poder” y, al mismo tiempo, “la importancia de saber defender las conquistas revolucionarias y la enorme trascendencia de estar preparados para cambiar rápidamente las formas de lucha pacíficas y no pacíficas y de ser capaces de responder con la violencia revolucionaria a la violencia contrarrevolucionaria de la burguesía” [el subrayado es nuestro](Ponomariov, 1974: 7 y 8)
[3] Concreción en el sentido de constituirse  en la unidad de múltiples determinaciones que aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida. Una reproducción  de lo concreto por el camino del pensamiento con el objetivo de intervenir la realidad en términos políticos. Su límite estará dado por la estructura de la experiencia: “las categorías abstractas a pesar de su validez para otras épocas, surgen como determinación de la abstracción en determinadas condiciones históricas y sólo tienen validez para estas condiciones y dentro de sus límites” (Marx, 1989: 49-53 y 55)
[4] El problema de la “dualidad de poderes” en términos políticos da cuenta del problema del momento de transición en la hegemonía y de la estrategia para su consecución, siendo presentada en general por los detractores de la violencia como una concepción estrictamente “leninista”, sacando el foco del fenómeno que designa: el problemática del poder y de la vía al socialismo.
[5] Aplicamos partido en un sentido amplio, refiriéndonos en el plano del interés estratégico del trabajo, como señala Gramsci.” Cada partido es la expresión de un grupo social y nada más que un solo grupo social. Sin embargo, en determinadas condiciones sociales, algunos partidos representan un solo grupo social en cuanto ejercen una función de equilibrio y de arbitraje entre los intereses del propio grupo y el de los demás grupos y procuran que el desarrollo del grupo representado se produzca con el consentimiento y con la ayuda de los grupos aliados y en ciertos casos, con el de los grupos adversarios más hostiles” (….) El hecho de que cada clase tenga un partido político, “está demostrado en los cambios decisivos por el hecho que los distintos agrupamientos, que se presentaban cada uno como partidos independientes, se reúnen y forman un bloque único” (Gramsci, 1990: 21 y 28)
[6]pensar el Poder Popular desde el Estado es un infantilismo equivalente a pensarlo sin él” (Mazzeo, 2007:12). Recomendamos la lectura de dos textos importantes para comprender la relación entre  Estado y Dualidad de Poderes. (Astarita, 2006; Coutiñho, 2011 b)
[7] El trabajo de Garmendia diferencia las dos lógicas de construcción de partido presentes en la tradición marxista y la función de vanguardia política: el partido de vanguardia desde arriba, a partir de la unidad de doctrina teórica, característica del leninismo y la lógica  de vanguardia desde abajo, de partido-clase y de unidad teórica entre lucha de clases y doctrina, caracterizada por Trotsky. Nosotros consideramos que la noción de partido político presente en Bakunin es coincidente a la noción trotskista de partido,  en la idea de centralización desde abajo, dictadura invisible y relación entre teoría-lucha de clases. (Rivas, 2012; Resistencia Libertaria, 1977)
[8]“para convertirse en poder los obreros conscientes deben ganarse a la mayoría” (Lenin, 1917: 40; Harnecker, 1985);
[9] La enseñanza práctica de los tupamaros: “Si no contamos con el pueblo deberemos enfrentar los aparatos represivos solos (…) y ese pleito lo perderemos”. (Pereyra, 2011:151). La enseñanza práctica de los vietnamitas y su noción de “Pueblo en Armas” y del General Vo Nguyen Giap.
[10] Este problema es un poco más sinuoso y requerirá de un artículo específico a plantear las relaciones entre la soberanía popular como latencia y el poder popular como acto, que nos permiten diferencias modalidad de mando y delegación para las distintas funciones del poder (las ejecutivas, legislativas y las judiciales). Lamentablemente este problema excede las posibilidades de este ensayo.
[11] La definición de proceso, coyuntura y fase que estamos utilizando es la de Helio Gallardo. (Gallardo, 1986)
[12] Desde su congreso constituyente en 1988, pasó de denominarse Central Única de Trabajadores a Central Unitaria de Trabajadores.
[13] La ENCLA abarca en ese periodo.
[15] Afirmar lo contrario en un ejercicio de exégesis teórica es un práctica  intelectual diletante, que debemos combatir -no por una condena moral-, sino porque desarma políticamente en sus capacidad de acción a una política cuya centralidad sea el trabajo. Este tipo de argumentación la encontramos en los trabajos que plantean como curso de acción de la lucha ideológica –por vía de la introyección de conciencia- y la organización sindical.