domingo, 2 de junio de 2013

Políticas de Poder Popular en la reconfiguración de los “Sistemas de Dominación” en el cono sur: entre la crisis del Estado de Compromiso (60’) y la fractura de la hegemonía neoliberal (2000’)

Foto: Campamento Nueva Habana, 1970. Chile. 



1)      Poder Popular, modernización y socialismo:  
América Latina ha sido un territorio donde ‘lo político’ como representación de lo colectivo a través de la acción ‘política’ -que articula la representación de lo social (soberanía) y su administración (policía)- ha operado como un ejercicio de encubrimiento.  Desde los procesos de construcción de los Estados Nacionales en el Cono Sur, el problema de la ciudadanía y la modernización se han cruzado con una serie de estrategias de desarrollo que posibilitaron durante el siglo XX, una profunda transformación de las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas. En ese proceso, la actividad política se posicionó como una herramienta desde la cual se intentó la  reorganización de los Estados y los mercados nacionales en correspondencia a un determinado Proyecto de Sociedad.

Tras el derrumbe de las formas democráticas de gobierno y las oleadas de dictaduras militares que dieron pie a una década pérdida -más bien robada-, un fuerte viraje político ideológico y la imposición del pensamiento único, una serie de movimientos fueron deteniendo agendas de neoliberales de privatización (Anderson, 1996). Así, progresivamente, “la calle” fue derrocando gobiernos, liberando territorios, recuperando fábricas, reponiendo gobernantes destituidos por conatos golpistas, llevando a los palacios de gobierno a dirigentes obreros, sindicalistas cocaleros, a teólogos de la liberación, a ex guerrilleros y deteniendo, bajo distintas formas, agendas de privatizaciones avanzadas en lo que, inexcusablemente, es un giro a la izquierda (progresistas o reformistas) en las relaciones de fuerzas regionales (Regalado, 2008) y un indicio de una ‘fractura en la hegemonía neoliberal’(Gaudichaud, 2013).

En esas situaciones de crisis, el fenómeno de Poder Popular se nos presenta como un concepto de la política de  la izquierda latinoamericana que ha recorrido distintas movilizaciones en diferentes territorios y contextos epocales[1]. El fenómeno ha sido abordado teóricamente de diversas perspectivas, las que se han expresado en distintas opciones estratégicas y maneras de comprender la organización como forma de mediación entre lo social y lo político.

 En general el concepto se ha utilizado para referirse al fenómeno político generado en contextos de crisis de los sistemas de dominio hegemónico, en los que las formas de mediación político clásicas (representación de la soberanía como voluntad popular) son puestas en duda , emergiendo así desde lo social, intentos por construir formas de acción política con fundamento social que permitan ampliar el campo de lo político socializando su ejercicio, territorializándolo y cuestionando las formas clásicas de mediación y el estatuto de la ciudadanía.

En palabras de Gaudichaud, el Poder Popular:
 “designa una dinámica que se puede ver en marcha durante  los periodos de crisis revolucionarias, pero también en varias experimentaciones locales o comunitarias, circunscritas a un barrio, una fábrica, un territorio; una noción que ha conocido por tanto múltiples puestas en práctica aunque todas ellas ligadas directamente al movimiento obrero y social. Este poder popular consiste en una serie de experiencias sociales y políticas, la creación de nuevas formas de apropiaciones colectivas (a veces limitadas) que se oponen –en su totalidad o en marcha- a la formación social dominante y a los poderes constituidos. En otras palabras, se trata de un cuestionamiento de las formas de organización del trabajo, de las jerarquías sociales, de los mecanismos de dominación materiales, de género, de raza o simbólicos”  (Gaudichaud, 2013)

En ese eje de la discusión y de acuerdo con Esteban Rodríguez, el concepto de Poder Popular posee una dimensión identitaria “que aporta las coordenadas generales, para producir las relaciones sociales” y  otra propia de la dimensión organizacional, “que aporta las herramientas necesarias y criterios estratégicos para contar con una inscripción  en la realidad más allá de la experiencia  de la que se forma parte” (Rodríguez, 2007:102).  De tal modo que, la acción colectiva llevada adelante por el sujeto pueblo en clave de Poder Popular (como campo contradictorio y en disputa), se cruza con la soberanía efectiva del pueblo y la diversidad de sus anclajes sociales, manifestándose como expresión práctica de la soberanía popular en un determinado margen de acción, dado por la  formación social concreta, impugna el sistema hegemónico de dominio y busca la disputa por el poder. (Leiva, 2010:38)

En el presente artículo abordamos la problemática del Poder Popular con énfasis en el marco de las formaciones sociales de Argentina y Chile desde una perspectiva histórica y comparada en distintos momento. Colocando el énfasis en la dimensión de la política estratégica llevada adelante por las organizaciones sociales y políticas en clave Poder Popular, las formas o mediaciones que han adoptado lo político y lo social, la manera en cómo han afrontado el problema de la violencia política, sus tensiones y vínculos con las instituciones hegemónicas del sistema de dominación.

Consideramos que la problemática del  el Poder Popular (PP) es una problemática por la modernización y el poder que adopta un punto de vista monográfico –parafraseando a Gramsci- y que, en la disputa entre el capital y el trabajo,  toma partido por el trabajo y la construcción de su poder (Gramsci, 1990). Es una perspectiva que intenta pensar y poner en práctica una modernización tomando como centralidad el trabajo, el conflicto social y las relaciones de poder: una modernización en clave socialista. (Una Trans-Modernización. Dussel, 1993)

2)      El Caso de Chile.  El Poder Popular entre  el Estado de Compromiso y la Democracia Neoliberal.
El Estado de Compromiso de Clases (ECC) (Gómez, 1985) constituye un tipo específico de Estado democrático que expresa los conflictos interclasistas de la sociedad, configurando una estructura de dominación que comprende el “proyecto nacional-desarrollista” y  un proceso de “democratización política y social”, sobre la base del resguardo de la gran propiedad latifundista  fijados constitucionalmente(Gómez, 2006: 175). Como forma estatal emerge de la crisis del sistema de dominación oligárquico y es el resultado de los arreglos institucionales de los distintos actores sociales y políticos expresado en un pacto, explícito o no, de carácter político y social “entre clases con intereses contradictorios, en un periodo dado de la lucha de clases en la que ninguno de los grupos  sociales tiene la capacidad de imponer su hegemonía y dominación de forma definitiva” (Gómez, 2006: 182). Por lo tanto es una forma estatal que expresa un equilibrio transitorio, en el cual el estado deja de ser la expresión directa de la hegemonía y dominación oligárquica y se nos presenta como un “campo principal de alianzas de grupos y clases” (Gómez, 2006: 184).

Desde su plena implementación hasta su ocaso en 1973 articuló tres procesos contradictorios que hacia 1967 tensarán el pacto de dominación hasta su ruptura en 1973: a) una tendencia declinante del ritmo de crecimiento económico y la dificultad creciente de la economía para ofrecer una ampliación suficiente del empleo productivo y absorber la trasferencia de fuerza de trabajo del sector agrícola y artesanal en retroceso (Martínez y Tironi, 1985); b) la incorporación creciente de nuevos sectores sociales y poblaciones a la vida  colectiva  generado por el aumento de la población, el aumento de la urbanización, el fortalecimiento de las comunicaciones, la educación en todos sus niveles, la ampliación de los patrones electorales y la radicalización ascendente del movimiento popular (Marini, 1976ª); c) y la construcción de una ‘matriz sociopolítica’ como marco de arreglo de los intereses y conflictos interclasistas,  en las cuales los sectores medios jugaron un rol fundamental, sobre todo su capa burocrática, que se integra como ‘clase social de apoyo’ a la dominación oligárquica (Marini, 1973; Moulian, 1995)

Su estructura entra en crisis hacia 1967 por el agotamiento de su  pacto de dominación. Su límite estructural estaba dado por la limitada expansión del proceso industrializador por la fuerte concentración que experimentaba el ingreso y la propiedad de los medios de producción (Martínez y Tironi, 1985).  La profundización del proceso requería necesariamente atacar la estructura de la propiedad y aumentar la democratización social, por lo tanto poner en cuestionamiento el pacto de dominación y desarticular el ECC –como forma transitoria de la lucha de clases- y pasar a una ofensiva abierta. Quien abre la caja de pandoras fue la DC en base a su política de “promoción popular” y que tiene su cima en 1967 con la aprobación de la Ley de Sindicalización campesina, la Reforma Agraria (Castell, 1972) y la disputa del último bastión conservador: las universidades públicas y católicas.

El gobierno de la Unidad Popular representó una radicalización del pacto de modernización desarrollista en clave socialista, tomando partido por el trabajo, la socialización del poder  y en contra de la propiedad de los medios de producción y la centralización política. Su diseño estratégico se basó en la conquista gradual y pacífica del poder político, sin ruptura brusca con el orden burgués, acompañada de la liquidación de las bases de la dominación imperialista, latifundista y monopólica, a través  de medidas planteadas en la perspectiva de construcción al socialismo (Marini, 1973). Electoralmente se basó en la ascendente movilización y radicalización social presenciada desde 1965[2] y desde su comienzo experimentó la contradicción de ser un gobierno que representaba los intereses de los trabajadores, pero que tenía su fuente de “legitimidad” en las instituciones del ECC (Gaudichaud, 2004: 24).

Esta ha sido caracterizada como un Frente Popular de Nuevo Tipo (Cancino, 1988), de carácter pluriclasista con hegemonía del reformismo obrero (MIR, 1970),  bajo influencia de la pequeña burguesía (Tesis del MAPU. Mistral,  X), como una solución de compromiso entre tendencias pequeño-burguesas o como reformistas con sectores obreros revolucionarios (Smirnow, 1977).  Estas diferencias en las apreciaciones dan cuenta de las diferentes estrategias y tácticas que convergen en la elaboración de la U.P. como un espacio de coordinación (De las fuerzas de centroizquierda) con proyección de articulación (del ascendente Movimiento Popular) (Rodríguez, 2006: 115) y quedan expresados en las diferentes  roles y dimensiones  que asume el concepto del Poder Popular en el programa de la Unidad Popular y que Cancino identifica de manera acertada (Cancino, 1988: 125-132)

 La dificultad de este proceso radicaba en el carácter de la alianza de clases que se debía construir y rol fundamental que jugaba en ese proceso las “capas medias” –sobre todo su capa burocrática- como agente de consenso (Marini, 1974). Posición que la DC asumió hasta el asesinato de Pérez Zujovic (1971) para con posterioridad pasarse al bando golpista (Corvalán, 2000). De ahí en adelante se genera un proceso de crisis que se expresa en la declaración golpista de manera abierta por el Partido Nacional y en la radicalización del movimiento popular que ha llevado a algunos autores a plantear la tesis de “una revolución por arriba- expresada por la lógica de los partidos- y otra por abajo –llevada adelante por las lógicas internas de los trabajadores-” (Winn, 2004).      

El debate sobre el Poder Popular se presenta en dos momentos: en el programa de gobierno de la Unidad Popular y en la discusión iniciada con fuerza a partir de la Asamblea de Concepción (Monsálvez, 2006), el Paro de Octubre y el Tanquetazo en junio de 1973. La inscripción de estos hechos  como acontecimientos políticos y, por lo tanto su significación,  se realizaron por parte de la izquierda en el tamiz de fondo de sus principales diagnósticos del proceso político chileno, el carácter de la revolución y las tareas políticas necesarias para el cumplimiento del proceso realizados durante la década de los 50’.

 La primera referencia al Poder Popular la encontramos en el marco del programa de gobierno de la Unidad Popular. Por una parte identificamos: a) una noción del PP como participación ampliada y organizada desde los sectores sociales para apoyar al gobierno y al programa, expresados en los Comités de Unidad Popular “son organismos electorales intérpretes inmediatos de las masas y se preparan para ejercer el poder popular (Programa básico Unidad Popular, 1970: 11); como órganos para la transformación del sistema de poder y de los medios de producción y su apropiación  por el pueblo organizado:  “El Poder Popular Significa que acabaremos con los pilares donde se afianzan las minorías que desde siempre condenaron nuestro país al subdesarrollo” (Allende, 1970); y, finalmente, como germen del nuevo estado generado a partir de la movilización social organizada: “este nuevo poder que chile necesita debe empezar a gestarse desde ya donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo” (Programa Básico Unidad Popular, 1970: 11). Posición a la cual adscribirá el PC y el PS, de manera contradictoria, para finalmente pasarse al bando del MIR[3].

La otra vertiente del debate la identificamos a partir de la Asamblea de Concepción (Monsálvez, 2006) y desarrollado con fuerza desde el Paro de Octubre,  tomando como referente a los Cordones Industriales y los Comandos Comunales, e ideológicamente liderado por la Izquierda Revolucionaria (Gaudichaud,2006) . Los principales problemas a elucidar fueron el estatus del Poder Popular en el marco de la estrategia general al socialismo y la forma que éste debiese adoptar y su relación con la institucionalidad y el gobierno. Los lugares en los que se generaron estos debates fueron en foros públicos, revistas y cartas entre las direcciones de los partidos instancia en la cual la izquierda revolucionaria conduce el debate. (Harnecker, 1972; Dos Santos, 1973)

La posición del MIR queda esbozada por la intervención de su secretario general en un foro organizados en el segundo encuentro de los cristianos por el socialismo entre los días el 24- 26 de diciembre , en el foro “El Poder Popular y los Comandos de Trabajadores”  organizado por los trabajadores de Clarín a comienzos del 1973 y en la intervención en el teatro Caupolicán en 1973 [ ] En ellas el MIR asigna un rol al Poder Popular en el contexto de una formulación de una nueva alianza de fuerzas sociales bajo un programa alternativo, formada por el proletariado industrial y agrario  con los pobres de la ciudad y el campo.
Los comandos comunales son comprendidos como espacios de articulación y formalización de la alianza social, “generando un Poder Independiente del Gobierno actual, como un poder autónomo” (Punto Final, Documentos, Punto Final no. 172) pero no en contradicción al gobierno. Para el MIR el Poder Popular y el Gobierno se relacionan de manera independiente, siendo éste último la palanca del proceso político llevado adelante por las organizaciones sociales: “la utilización del instrumentos del gobierno independiente de la generación de órganos de poder progresivos al interior del movimiento de masas y la resultante de ambos factores o instrumentos puede permitirnos avanzar” (Enríquez, 1972: 4), siendo “la tarea fundamental y la relación entre el movimiento de masas y el gobierno debe ser el uso del instrumento de gobierno al servicio de las luchas del pueblo” (Enríquez, 1972: 3)

Con el advenimiento de la Dictadura militar se pone fin a este proceso y se da inicio desde 1974 a una política refundacional de la “estructura de dominación” que culminará con la transición política (Cuadra, 2013).El proyecto implantado  se basó en la idea de una democracia autoritaria, protegida y tecnocrática. Para llevar adelante esta política se tomó como recurso la policía política y el terror que permitió desarticular el tejido social-popular que le había servido de sustento a la izquierda, buscando neutralizar cualquier intento de oposición organizada al régimen (Araya, 2012).

El diagnóstico de la crisis del ECC que efectuaron los diseñadores del neoliberalismo en Chile se basó en la identificación de que el exceso de estatismo, el proteccionismo de un industria de baja productividad, la escasa apertura al comercio exterior y la existencia de una legislación  laboral favorable a los trabajadores  eran las principales causantes de la crisis económica y la hiperinflación (el ladrillo, 1991).  La política seguida, por lo tanto,  fue combatir a corto plazo la inflación a través de una política de shok sobre el trabajo, reduciendo abruptamente los costos salariales, las prestaciones sociales otorgadas por el Estado, la privatización del sector público, una profunda reestructuración de las relaciones laborales  y una liberalización de las exportaciones  con el objetivo de reconvertir productivamente el país (Campero, 2000).  
Sus efectos a mediano plazo fueron la des-salarización y aumento de los trabajadores por cuenta propia, una reducción radical de los trabajadores agrícolas, una reducción importante del proletariado industrial  (Campero, 2000) y una profunda reestructuración de las normas que regulan el espacio político con los canales de participación social expresado en la constitución de 1980 (Martínez y Tironi, 1985).  
En el contexto de dictadura, los únicos espacios de organización social que se generaron fueron  las comunidades cristianas de base y ciertos gérmenes de organización sindical. Hacia finales de los 70’ la mayoría de las organizaciones sindicales pasaron de una fase “afirmación y sobrevivencia” a una oposición a  los ‘Planes Laborales’ (Ruiz-Tagle, 1985), la cual conjugada con el impacto social de la crisis económica mundial, permitió que las organizaciones pasaran a “un principio activo de organización y resistencia”  abierto desde 1983 (Frías, 2008).

Durante esta segunda coyuntura en la que se deterioran las  bases de poder del bloque gobernante y se observa una recomposición de la oposición política y sectores de la sociedad civil, el fenómeno de Poder Popular se expresa en las  jornadas protesta nacional entre 1983-1986. Estas tuvieron distintos momentos y conjugaron procesos de descontento social y político –fase de ebullición, repetición, acoso y repliegue (Moulián, 2002).

Estas convocan a sectores de trabajadores de los puntos estratégicos de la economía, sectores medios afectados por la desestructuración del aparato público, trabajadores desocupados (una desocupación por sobre el 20%), gremios patronales (en búsqueda de protección particular ante la crisis), estudiantes (universitarios y secundarios) y las organizaciones políticas de oposición.

A pesar de su transversalidad, sus escenarios de movilización se asentaron sobre todo en los sectores poblacionales con tradición de movilización y lucha de tiempos de la U.P. Aquí se organizaron los mayores espacios de articulación social y coordinación política, mayores niveles de organización de la violencia y fueron los  espacios de acción de la izquierda radical  (Garcés Sotomayor, 2011).  En este escenario se observa una territorializaicón del poder, expresado en la puesta en prácticas de relaciones sociales disruptivas, una modificación del repertorio de acción política que toma la violencia como herramienta y la clara ausencia  de un proyecto político alternativo (Garcés, 1985).

 Durante este periodo sólo la izquierda radical da una importancia al contenido social a una política de insurrección de masas, ya sea en clave de “insurrección popular de masas”, conjugando “todas las formas de lucha” en una “Política de Rebelión Popular” (FPMR,  Rojas, 2011) o de “Guerra Popular Prolongada” (MIR. Palma, 2012), con el objetivo de conseguir una transición por derrumbe en clave socialista. 
El contexto de lucha en represión impidió que la relación entre partidos y movimiento popular se diera de manera directa y pública, lo que dificultó una política masiva de desarrollo de un proyecto alternativo. Esto restó impacto a un proceso de politización lo que favoreció, que la opción de Insurrección Popular  fuese marginada, pero permitió acelerar la ruta transicional que en lo grueso estaba trazada desde 1980 y significó la victoria estratégica  de la institucionalidad política fundada (Durán, 2006: 236)

El diseño de la transición y el acuerdo histórico entre el PS-Briones, la DC y la Convergencia Socialista condujo un tipo de transición basada en el modelo consociativo, cuyas premisas son la exclusión del sector radical y la representación política de la demanda social atenuada (Durán, 2006), que ha sido caracterizada como “transición sin ruptura” (Otano, 2006). En este contexto, se organiza una estructura de dominación expresada en el Estado Subsidiario y resguardada políticamente en una de “Democracia Neoliberal o Tutelada”  como pacto intra elites civiles, económicas y militares y vinculados a lo social por cooptación.  Esta se basa en la articulación de lo social y lo político, bajo la égida consociativa,  morigerando el conflicto social institucionalmente (elite política)  en el marco del mercado (elite económica), como espacio de realización de derechos civiles y políticos y restringiendo modificaciones orgánicas al tinglado institucional resguardado por el rol tutelar de las fuerzas armadas (elite militar).

Esta operación política tuvo como condición de posibilidad el presentarse como la única opción posible, para la cual se  debió desalojar el componente de clase de la política, construir una visión de un sistema político de consensos alterados por los polos radicales y la idea de que el mercado constituía el espacio de integración social  (Moulián y Garretón, 1983; Valenzuela, 1984; Martínez y Tironi, 1985). De esta forma, mediante la concertación política de las fuerzas de centro-izquierda era necesario concluir la transición política con una ‘concertación social’, que diera gobernabilidad al modelo (Cortázar, 1990), postergando las demanda sociales  y evitara la regresión autoritaria.

Este argumento político del sector moderado (DC-PS-Briones) sin embargo presenta la paradoja de que la estabilidad del proceso político radica en la existencia del dato autoritario, por lo que, la dicotomía establecida entre demanda social/demanda política, actores sociales/actores políticos y los problemas de representación son constituyentes del régimen instalado.

Bajo esta politicidad que opera como imposibilidad del cambio y de realización de la utopía (Durán, 2006: 237) se generan importantes consecuencias a nivel de las organizaciones sociales que desde 1994  (caída de las tasas de sindicalización, desorganización de las federaciones estudiantiles y agotamiento del sistema electoral), iniciaran un doloso tránsito de desorganización y fragmentación que progresivamente se revierte hacia el 2006 y 2011. Sin duda alguna, el sector más significativo por su tradición de lucha, independencia política de clase y unidad en la acción es el que se  ve más afectado.

En el caso del movimiento sindical se expresó en la idea del “sindicalismo sociopolítico” basado en la identificación de la correspondencia de intereses entre patrones y trabajadores en el marco de la ampliación de la productividad. En ese contexto, el rol jugado por el sindicalismo fue representar la demanda social postergada, presionando para la reposición de conquistas conculcadas a cambio del control de la conflictividad social. (Falabella y Campero, 1991: 145).

 La consecuencia de esta política fue la firma de los acuerdos tripartitos o “Acuerdos Marcos” que debilitaron la acción sindical, ante la existencia de una legislación pro patronal, abiertamente antisindical, (Ruiz-Tagle, 1985; Campero, 2000) y un contexto de transformación estructural de la fuerza de trabajo como base del aumento de productividad que implicó una intensificación, flexibilización y precarización del trabajo (Soto, Espinoza y Gómez: 2008; De la Garza, 2000).  El malestar sindical a nivel gremial no se presentó como una problemática fundamental y tardíamente comienza a reaccionar hacia el 2002.
Sin embargo desde finales  del 2005, paradójicamente, el mismo año en que el presidente Lagos decretó el fin de la transición por decreto a través de la aprobación de las reformas constitucionales, comenzó a generarse en el mundo sindical, estudiantil, poblacional y regional un movimiento de descontento que se expresó con fuerzas a partir del 2006: la oleada de movilizaciones estudiantiles contra la L.O.C.E. (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) (OPECH, 2009) ; las violentas movilizaciones de los trabajadores subcontratados del cobre y forestales (Daroch, 2007); las movilizaciones de los deudores habitacionales agrupados en ANDHA; y un proceso violento de recuperación de tierras por parte del movimiento mapuche.

Desde ese momento en adelante se ha observado una reactivación del movimiento popular que el 2011-2012 llega a su cima con las movilizaciones contra las centrales termoeléctrica de barrancones e Hidroaysén, las protestas de las regiones de Aysén por el alza del costo de la vida, las protesta de  Antofagasta por la “renta social” de la exportación de cobre y las movilizaciones estudiantiles en contra del Lucro y por una Educación Gratuita como Derecho social.

El impacto político de la “primavera chilena” ha sido la pérdida de la credibilidad en las instituciones políticas, un aumento de las movilizaciones y la instalación del problema del “malestar” en la agenda pública y en los centros de producción de conocimiento.

En este contexto las características de la reactivación del movimiento popular han sido: a) el descontento social tiene a territorializarse, se extiende de regiones al centro, se recurre a un amplio repertorio  de acción que tiende a romper con las mediaciones políticas clásicas  y se encauza políticamente en los canales institucionales; y en el centro, tiende a oscilar entre el centro simbólico y los territorios; b) son movilizaciones masivas y que combinan acción directa con distintos canales de diálogo con autoridades estatales; c) los conflictos tienden a una rápida resolución  y los que no han sido resueltos se han mantenido como focos de conflictividad; d) la forma asamblearia se extiende como un mecanismo de organización en un contexto de ruptura con la cultura política de mediación clásica y emergencia de una nueva cultura política; e) se evidencian bajos niveles de politización congruentes con los escasa presencia de organizaciones políticas de carácter nacional, predominando en general el colectivo como forma de organización y la introducción –reciente- de organizaciones que han adoptado la lógica partido-movimiento.

3)      El caso Argentino. El Poder Obrero y Popular: entre el estado nacional-desarrollista al progresismo nacional-popular.

Argentina pudo desarrollar un proceso de industrialización temprana impulsado por el sector exportador, que le permitió dinamizar su economía interna (Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2003), estimulando  la formación de sectores medios  ligados a la administración del Estado (civil y militar) y a los sectores vinculados con la administración y control  de las empresas exportadores. Esto le permitió desarrollar industrias  de servicios orientados al mercado interno  y relacionar estas actividades de manera subordinada a las actividades preexistentes del sector agroexportador, en particular de la burguesía exportadora de carácter local y grupos terratenientes de baja productividad. La articulación de los distintos grupos “pudo darse bajo la hegemonía del sector agroexportador en la medida que este logró presentar, a través del aparato del Estado, su dominación como si fuese expresión de la unidad del conjunto de los sectores dominados”. Esta articulación permitió formar una “sólida capa agroindustrial” con un marco de intereses económicos nacionales. (Cardoso y Faletto, 1969: 66 y 109)

Este proceso permitió que el desarrollo del mercado nacional fuese impulsado por una alianza que remarcó el carácter nacional del proceso de desarrollo. Esta  alianza hegemónica se realizó entre el sector latifundista de baja productividad, con los estamentos burocrático-militares y la presencia de una “burguesía nacional”  exportadora que, con posterioridad a la crisis de los 30’, tendrá un escenario favorable para organizar la producción interna y el proceso de comercialización, mediante el apoyo del Estado.

El desarrollo del Estado Nacional-Desarrollista (END) fue impulsado por el peronismo en un marco previo en el que el proceso de industrialización fue la solución lógica a la coyuntura de crisis del sistema internacional en 1930. Dese 1933 a partir del gobierno de Justo comienza el proceso de “la primera industrialización por sustitución de importaciones” que traerá una importante redefinición del Estado. Por primera vez el Estado  asume la responsabilidad visible de dirigir y regular la actividad económica acorde a objetivos nacionales. En este proceso la burocracia técnica, cuadros militares y el apoyo de la beligerante clase obrera argentina son fundamentales para llevar  el puerto el proceso. Sobre ese marco, Perón podrá desarrollar una estrategia orientada hacia la construcción de una base de poder durante el gobierno de Justo, que articuló un control corporativo sobre los sectores de trabajadores organizados, mediante la intervención directa en la asignación de las prestaciones sociales, e influenciar a un sector del bando militar, mediante la inversión en gasto militar (Müller, 2002: 87). Siendo las consecuencias sindicales, tras la fase de organización y posterior burocratización,  las más relevantes y que le permitirán a Perón jugar un rol fundamental en el proceso político interno de argentina, incluso desde el exterior. (Doyon, 1984)
En el plano sindical, este modelo propició una relación entre Estado y Sindicato directamente ligada al modelo de industrialización que se caracterizó por una alta intervención y regulación estatal, una fuerte centralización, un fortalecimiento del poder institucional del sindicato con personería gremial, el predominio de determinadas categorías profesionales de trabajadores, una forma de negociación copular, un coso salarial basado en acuerdos paritarios (privados, estado y trabajadores) y una organización del trabajo de tipo tayloristas, centrada en el control de la fuerza de trabajo más que en la búsqueda de la productividad (Guzmán, 2002:3). Estas características, constituirán al sindicalismo como una fuerza política propia en el escenario nacional.

Este tipo de estado se configura sobre un Pacto Nacional-Desarrollista, una alianza de clase cuyo predominio económico está en disputa entre el sector agroexportador y el monopólico industrial que, producto de los despuntes populistas, genera una constante inestabilidad política entre las distintas facciones por detentar la hegemonía (Portantiero, 1973). Este proceso se expresa con fuerza tras el agotamiento del “proceso de fácil sustitución”  sobre la base de la expansión de la demanda agregada, el consumo popular, el gasto público y la inversión pública y privada.

Su límite estructural radica en la combinación entre tres proceso contradictorios: a) el desarrollo de un proceso de industrialización que hacia comienzo de los 50’ se detiene por el estrangulamiento de su comercio exterior, ante la baja productividad del sector agroexportador, la demanda creciente de bienes intermedios y de capital para el desarrollo de la industria nacional y el mantenimiento de un tipo de cambio fijo. El proceso de stop-and-go (Müller, 2002, 111); b) una inflación crónica originada por la existencia de una demanda de consumo interno postergada que se traducía en un aumento de precios, el aumento de los salarios sin criterios de productividad que mermaba las utilidades y dificultaba el ahorro ya la inversión en áreas estratégicas, sumado a la política monetaria expansiva por emisión de dinero o por expansión crediticia; c) y, finalmente, las consecuencias políticas de asociada a la reversión de dichos procesos y el traslado del ajuste al capital monopólico, al sector agroexportador o a los trabajadores mediante la disminución de sus salarios reales. En otras palabras, una fuente de estabilidad cíclica que se expresará entre 1950 y 1976 y que se basa en un “aprovechamiento de las condiciones favorables para la expansión del mercado sustitutivo (interno) por el sector hegemónico y, al mismo tiempo, contener la presión redistributiva” (Cardoso y Faletto, 1969; 111)

El desarrollo del proceso de transición hacia una “industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de capital” (Müller, 2002: 116) se genere en un escenario de crónica inestabilidad política y que termina fracturando el END. Este proceso se genera  por la continua movilización de nuevos contingentes a la fuerza de trabajo requerida para la expansión económica y su no incorporación política y social.
La formulación del “Poder Obrero y Popular” surge  como una respuesta al límite de la política democrático nacional, carácter errático de la “burguesía nacional”  y sus formas de construcción de poder (De Santis, 2010:112) y como una estrategia alternativa al “reformismo y el populismo” (El combatiente, 1974). Tiene como referencia histórica el ser elaborada durante la dictadura de Onganía y basarse en las luchas populares del proletariado azucarero de la zona de Tucumán, las luchas llevadas adelante por los trabajadores de la FOTIA, las puebladas del Choconazo y, sobre todo, el Cordobazo, “rebelión popular que hirió de muerte al régimen” (Santucho, 2004:100). Su desarrollo teórico-estratégico es llevado adelante pro las concepciones sobre la insurrección, el poder y la revolución presentes en la ortodoxia del marxismo. Su principal expresión histórica fueron las Coordinadoras Interfabriles (Lobbe, 1976)

En términos de su implementación combina la estrategia de la Guerra Popular Prolongada como marco a partir del cual se articula al movimiento del pueblo -“el ejército político de las masas”, el “partido de vanguardia” y el “ejército (Leiva, 2010: 43). En palabras de Santucho, a través de la publicación del ERP, el combatiente: “el desarrollo del poder popular está en todos los casos íntimamente unido al desarrollo de las fuerzas militares del proletariado y el pueblo, porque no puede subsistir sin fuerzas material que lo respalde” (El combatiente, 1974: 8). Sobre esta base, el partido se plantea una política de frente antiimperialista que se materializará en el “Frente Antiimperialista Por el Socialismo” (1974) (De Santis, 2010: 348) y que le permite al partido acumular fuerzas en todos los frentes (político, social y militar) para luchar por el poder del estado (Leiva, 2010: 158).

Con la caída del tercer gobierno peronista, se da pie a una ofensiva abierta  caracterizada por Marín como  guerra civil (Marín,  1976) que culmina con el establecimiento de la dictadura militar y el disciplinamiento de la combatividad del pueblo y su clase obrera.  Su programa fue puesto en marcha bajo el lema de  la “Reorganización Nacional” y pretendió dar conducción  al sector monopólico, contener la inflación, liberalizar el mercado de capitales para revertir el ciclo de estrangulamiento stop-and-go, reprimir la ascendencia de la Guerrilla argentina y la radicalización del movimiento popular. (Müller, 2002: 19-130).
Constituye el primer intento por desmantelar el Estado Benefactor para aplicar los principios de la economía de mercado y el Estado Subsidiario como mecanismo para revertir la crisis económica. (Cismodi y Spagnolo, 1978: 76- 77).  Sin embargo, tras una serie de dificultades en la aplicación  de la política monetaria y el fracaso en la Guerra de las Malvinas, el régimen rápidamente colapsa y da paso a una transición acelerada que ha sido caracterizada como una transición por colapso  (Durán, 2006:32-33).
Hacia finales de los ochenta y comienzo de los noventa se genera una serie de puebladas y revueltas, siendo las más importantes por el carácter que asumen en un contexto de reconversión productivas, transformaciones de las relaciones laborales y aplicación de las políticas de ajuste neoliberal, las protestas de las provincias interiores.

El impacto, por lo tanto, se genera a nivel de los actores y de la relación que asume el eje político del conflicto y que son las características de las oleadas de movilizaciones en las que el repertorio piquetero se masifica hasta su cima en la Insurrección espontánea del 2011 (Iñigo y Cotarelo, 2006: 88)
El ajuste económico induce una reestructuración regresiva, la desindustrialización y privatización del sector secundario, a partir del cual se organiza un polo de poder conformado por un conjunto reducido de grandes agentes económicos (Grupos económicos, bancos extranjeros y empresas transnacionales), que adquieren posiciones dominantes y estratégicas en la economía argentina. Esto les permite conformar una comunidad de negocios con alto poder de injerencia en los asuntos públicos y modificar la relación del Estado Nacional con los Federales (Favaro, Iuorno y Cao, 2006: 95).

Este proceso de quiebra del régimen de acumulación nacional (ISI) y la desestructuración del mercado interno, induce una situación de crisis que desnuda la situación social y  económica de las provincias. Esto puesto que las instancias locales desarrollan sus bases sociales y materiales dependiendo del gasto público. Los pactos públicos desfavorables a las provincias y la desregulación producen desequilibrios que dejan al desnudo las debilidades estructurales (Favaro, Iuorno y Cao, 2006:102).

Las protestas de Cutral Có a mediados de los noventa en la que entran en escena los piqueteros instalan desde la movilización social un reterritorialización de la política. Si uno de los principales efectos de las transformaciones estructurales es la mutación de las mediaciones entre  entre lo social y lo político, por “fuga de lo político” como dimensión de representación del conflicto social; la lucha directa, territorial e inmediata reestructura la manera en cómo lo político se enlaza con lo social,  explorando nuevas dimensiones que pueden ser leídas en clave de Poder Popular.

Sin embargo, la pura emergencia de la forma que pone en crisis la mediación política no basta. El contenido de las movilizaciones que las provincias protagonizan en los noventas se organizó sobre el eje político de la disputa de la renta del Estado. Si como señala Durán, “el engendro de la política y el saber transicional, más que la refundación de la política, parece ser el dominio de una politicidad caída al presente, una politicidad que define su posibilidad e torno a consensos sustantivos en los tiempos del mercado”, esta implica un reconocimiento de un realismo político “que opera como profunda imposibilidad de la Utopía” (Durán, 2006: 238 y 237). O mejor dicho, como bien señalan Campione y Rajland, una utopía como retorno a la comunidad perdida (Campione y Rajland, 2006)

Por otra parte en estas movilizaciones observamos una tendencia a la organización bajo métodos y repertorios clásicos, como lo son en el caso del protagonismo que tienen los trabajadores públicos y dirigentes sindicales tradicionales en las movilizaciones en Río Negro (Favaro, Iuorno y Cao, 2006: 115)
Desde la perspectiva de las trasformaciones acaecidas en el mundo del trabajo lo significativo son los efectos que tiene la reconversión productiva en la transformación de la estratificación social (Linderboim y González, 2004), el desplazamiento que tiene la fábrica como espacio de lucha de la relación productiva y el aumento de la población asalariada por cuenta propia. El fenómenos del “trabajador desocupado” surge como una articulación de una trabajador en situación de precariedad en la que se bien la fábrica no aparece como el lugar de construcción de su identidad, su reconocerse en tanto que “ser trabajador pero en ausencia de trabajo” que no deja de llamar la atención (Campione y Rajland, 2006: 307).

Estas transformaciones al mundo sindical se observa una transformación de las formas de conflictividad, sin que por ello se verifique un “abandono de las formas clásicas de acción.” (Guzmán, 2002: 6). El efecto del menemismo permitió la morigeración de la actividad huelguística, su repliegue generalizado y un aumento de su aislamiento. En ese contexto, la acción de CTA en sus comienzos a mediados de los 90’ fue  interesante al integrar a trabajadores desocupados, temporarios, desocupados y cuentapropistas. Incluyendo a agrupaciones de base territorial o étnica, la afiliación de grupos minoritarios dentro de sindicatos y comisiones internas. (Campione y Rajland, 2006: 319)

Finalmente, en el contexto de la “insurrección espontánea” del 2001 que podemos observar las distintas estrategias, repertorios y sujetos desplegando un mayor protagonismo y tomando la discusión del Poder Popular ribetes más estratégicos, más de cara a las organizaciones sociales y con la emergencia de herramientas políticas partidarias que bucean en el intento de construir nuevos repertorios de acción. En este contexto, de laboratorio social (Gaudichaud, 2006) se observa un debate interesante sobre las dimensiones estratégicas del fenómeno del Poder Popular.

Sin embargo, con posterioridad a la “insurrección espontánea” se evidenció un agotamiento de las movilizaciones y de recomposición del sistema hegemónico  por a) el efecto de la estabilización económica hacia finales del 2002, b) el aumento de mecanismos de asistencia social –“los planes Jefes y Jefas de hogar- y la división y cooptación de sectores de los MTD cercanos al ideario nacional y popular; c) la solución progresiva del problema de los ahorros de los sectores medios; d) y al estabilización político-institucional que se refleja en las elecciones de 2003 donde los tres candidatos del peronismo sacaron más del 60 % del electorado.  

4)      El debate del Poder Popular en Argentina y en Chile.
El modo en cómo la problemática del Poder Popular ha sido abordada ha adoptado tres perspectivas en los distintos momentos en los que observamos el fenómeno y un debate en torno  él.
 Por una parte se ha supeditado el sentido práctico y contingente de la política, de la reflexión de fondo sobre la dimensión de lo político como representación colectiva de lo social y de las mediaciones entre uno y otro en la acción política concreta.

 Esta forma de afrontar el problema del Poder Popular toma como fondo teórico el marco estratégico del marxismo-leninismo y su consideración sobre el poder (dualidad de poderes), la organización política (partido clandestino o complejo partidario) y el problema de la violencia revolucionaria desde una perspectiva insurreccional o de guerra popular prolongada. 

Su diagnóstico  político que funda la estrategia revolucionaria se basa sobre la constatación del límite de una política de “Liberación Nacional”, progresista o populista. Su crítica se funda en la inexistencia de una burguesía nacional y la subordinación de las capas medias al dominio oligárquico (caso de chile)  o a la alianza de clase de la burguesía y la oligarquía (en el caso argentino).

El sujeto de la revolución en el contexto de los Estados Industrializadores son los sectores de los obreros industriales y los estratos no integrados a la vida nacional (en términos políticos, culturales y económicos).
En el plano de la mediación entre lo social y lo político, basándose  en la noción de autonomía de la acción política, tiende a constituir espacios de acción diferenciada tomando como repertorio de organización la tradición conspirativa y jacobina.

En esta forma de abordar el Poder Popular se combina, por lo tanto, una noción sobre a) El estado y la formación social específica, b) el rol del partido c) el proceso revolucionario y d) el fenómeno de la dualidad de poderes.

El aspecto crítico de esta concepción  son la tesis del límite de la lucha sectorial y la necesidad de la implantación de la conciencia política como un afuera, que avala la idea de la autonomía de la acción política y la primacía de la centralización partidaria.

Esto es clave, por ejemplo, en las organizaciones que se posicionan del discurso marxista clásico de los 70’ y la idea, al menos cuestionable, de que, si bien todas formaciones sociales y la manera en cómo se aborda la acción política no están sujetas a un modelo, “todas se rigen por las leyes generales de la revolución proletaria” (Marini, 1973:2; Portantiero, 1973). Esta lógica cruza sus discursos estratégicos, su implementación táctica y la forma en cómo comprenden la organización política como mediación entre lo político y lo social. Está en general asociado a la cultura política del Marxismo-Leninismo y sus variantes Castro-Guevaristas en la que la centralidad de la teoría de la dualidad de los poderes, el problema de la insurrección popular, la tesis de las zonas liberadas es el repertorio teórico desde el cual se le inscribe el problema estratégico del Poder Popular.

Por otra parte encontramos una tendencia más contemporánea que intentando hacerse cargo de los problemas de policía, propios de la dimensión de lo político, responden a la dimensión coercitiva del poder -en cuanto relación social- afirmando la idea de autonomía de lo social, rehuyendo de la universalización propia de lo político como representación de lo colectivo.

Este discurso en un intento de crítica racional a la política deviene en un irracionalismo que se asienta en la negación, pero no da el salto a la “negación de la negación”, es decir, al plano contrainstituyente de la soberanía popular como voluntad operante, como poder,  por tanto, cruzada por el fantasma de la coerción.
La forma de organización adoptada por lo general es el colectivo de base y de inserción territorial acotada, con una forma organizativa asamblearia y sin abordar el problema de la centralización política.
En este grupo se ubican tanto autonomistas, como movimentista y las distintas variantes de Poder Popular constituyente, Anti-poder, Contra-Poder que desechan las formas de mediación y, por lo tanto, son incapaces de responder al problema estratégico del poder, se evidencia una ausencia de estrategia y una fuerte tendencia a la inercia en lo táctico.

En última instancia , encontramos un intento genuinamente político por pensar el Poder Popular en una clave que recupere  la diversidad de los anclajes sociales, el contexto específico de la formación social y la dimensión estratégica de la acción política con un fundamento anticipatorio. En general hay un intento por asumir el problema del límite de la conciencia sectorial, la emergencia de la conciencia política y el problema de la centralización basado en la noción de partido-movimiento.

Esta mediación intenta una recuperación de la correspondencia entre forma, fondo y contenido que le asigna al problema de la acción política, la herramienta política, la violencia revolucionaria y el sujeto una dimensión concreta como condición de posibilidad de toda universalización, contenida en germen en la acción aquí y ahora, como acción anticipadora del proyecto del mañana.

Durante los setenta, la forma de abordar el problema del Poder Popular en Chile y Argentina  se construyó sobre el fondo estratégico señalado en el marxismo clásico. La diferencia entre las organizaciones en Chile y Argentina fue la manera en cómo se abordó la construcción de la violencia política, adoptando en argentina una mayor presencia de las organizaciones guerrilleras en clave foco-insurreccional o guerra popular prolongada; a diferencia de Chile, que dicha variante es una introducción en dictadura en el caso del MIR[4] y del PC[5]. A diferencia de los noventa y dos mil hay una clara tendencia hacia las últimas dos formas reseñadas.






























Mzg.
Cerrillos, Chile.
2013.









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[1] El Concepto se utilizó en Chile en el proceso de la Unidad Popular y se ha recuperado por la izquierda en los noventa y dos mil (Zavaleta, 1974; Cancino, 1988; Garcés, 2002; Salazar, 2012; Villalobos-Ruminot, 2008; Urrutia, 2012); en Argentina en los setenta se formuló como “Poder Obrero y Popular” y durante el dos mil se reposicionado con fuerza (Borón, 2003; Mazzeo, 2007; VVAA, 2006;); en Cuba se utiliza para designar el parlamento Popular (Bengelsdorf, 1977) ; en Venezuela se le otorga el mismo estatus que en Cuba (Grimau, 2009 y 2010); en Nicaragua los Sandinistas lo utilizaron para referirse a los territorios liberados; en Bolivia se está utilizando para designar el Poder Popular Constituyente del Estado Plurinacional (García Linera, 2006).
[2] Para un estudio detallado de la estadística del momento sobre movilización social en general véase: (Marini, 1976a). Para una idea de los niveles de violencia alcanzados, véase: (Salazar, 2006). En específico sobre el movimiento de pobladores, véase: (Garcés, 2002b). Sobre el movimiento de trabajadores, véase (Gaudichaud, 2005).  Sobre la radicalización del campesina, (Castell, 1972).
[3] La posición estratégica del PC, basada en una política de “frente de Liberación Nacional” y en una táctica de transición pacífica.  (Corvalán, 1971). El PS adscribe por su parte a una tesis de “Frente Revolucionario de clase” como una radicalización de sus tesis de  “Frente de trabajadores”  y su idea de “república de trabajadores” (Almeyda, 1992; Weiss, 1962). Por su parte el MIR adscribe a una tesis de revolución violenta que convine tareas democráticas y socialistas  bajo la conducción de la clase obrera, en alianza con los pobres de la ciudad y el campo. (Goicovic, 2012).
[4] formulada por la dirección exterior  en 1976-78. (Leiva, 2012)
[5]Planteada la inquietud desde el comité ampliado de 1976 y oficializada en Moscú en 1980. (Rojas, 2011)

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