domingo, 17 de marzo de 2013

Guía para el análisis de coyuntura en materia educacional para el periodo 2013






El documento que presentamos a continuación es un insumo guía para las asambleas de base, militantes de organizaciones populares y estudiantes comprometidos con los cambios profundos y radicales que la educación y la sociedad requieren. Este consiste en un detalle de la actual agenda de Ministerio de Educación y de los principales contenidos de esta. Entregamos este documento como una herramienta para la discusión y la politización, tarea a la cual nuestra militancia abocará sus fuerzas para fortalecer los procesos de organización y concientización  para  encarar desde las calles y nuestras asambleas de base la tarea de fortalecer la construcción de Poder Estudiantil.


Estado actual del financiamiento a la educación superior universitaria[1]:

Lo primero que tenemos que tener claro es que la forma de abordar el financiamiento de una institución educacional puede terminar orientando el sentido de su desarrollo académico. Estamos pensando en los distintos ámbitos en los que una universidad concentra su atención (extensión, docencia, investigación, etc); así, una universidad puesta al servicio del mercado centrará sus esfuerzos y optimizará sus recursos en función de determinados bienes que les sean más rentables. Las principales características del actual modelo de financiamiento del sistema universitario son:

1.    Las universidades chilenas son un sector importante en la economía nacional. Es, por lo tanto, sumamente importante para la estabilidad de la economía en Chile, alcanzando cifras de dos millones de millones de pesos ($1.986.177.721.639 en $dic.2009), similar al total de las exportaciones frutícolas; el doble del sector celulosa; el 10% del aporte de la minería del cobre al PIB. Es un sector que, además ha estado creciendo en los últimos años a tasas de 11% promedio anual real entre 2001 y 2009.

2.    La docencia universitaria de pregrado es la mayor fuente de financiamiento de las universidades chilenas. El año 2009, los ingresos por aranceles por docencia de pre grado fueron la principal fuente de ingresos (61,3%).

3.    Las universidades privadas son, desde años recientes, las que captan mayores ingresos por docencia de pregrado. Este crecimiento de las privadas por sobre las tradicionales se asocia más al aumento del número de carreras y cupos de las privadas que al aumento de sus aranceles reales.

4.    Las universidades privadas son principalmente docentes. Los ingresos de docencia de pregrado de las universidades privadas representaban un 92,63% de su total. En tanto que en las universidades tradicionales esa cifra es de sólo un 43,3% de su total de ingresos.

5.    La docencia de pregrado es un mercado concentrado. La mayor parte de las “ventas” las concentran pocas universidades. Tradicionales: U. de Chile, PUC, U. de Concepción, U. de Santiago, U. de Valparaíso y U. F. Santa María. Privadas: U. Andrés Bello, U. de las Américas, U. Mayor, U. San Sebastián, U. Santo Tomás y U. del Desarrollo.

6.    Los principales oferentes de docencia de pregrado tienen bastantes diferencias entre ellos. Concentran un número dispar de alumnos, así como también manifiestan distintos aranceles y números de matriculados. Además, su base social es radicalmente diversa dependiendo de la universidad que se observe.

7.    Los estudiantes y sus familias son los que financian el pregrado universitario en Chile. Los estudiantes y sus familias pagan directamente una parte importante de los ingresos de pregrado de las universidades (76,0%, en 2009), mientras que el resto (24%) se financió ese año con ayudas estudiantiles estatales: becas de distinto tipo; crédito universitario –fondo solidario-; o crédito con aval del Estado (no incluye créditos CORFO).

8.    Existe una fuerte disputa por los mejores alumnos de pregrado. El Aporte Fiscal Indirecto es recibido principalmente por las universidades tradicionales (78,2% en 2009), pero las universidades privadas han ido incrementando su participación hasta llegar ese año a 21,8% de los recursos. Este fondo también muestra una alta concentración entre corporaciones, el 57,7% de él es recibido por cinco universidades tradicionales (U de Chile, PUC, U. Católica de Valparaíso, U. de Concepción y U. de Talca), indicando a la vez, que son las que captan los mejores alumnos del sistema.

9.    El postgrado en Chile es altamente concentrado. Tanto el número de programas de postgrado como los ingresos por este ítem están altamente concentrados en pocas instituciones.

10. El reparto de los aportes estatales entre las universidades es altamente concentrado. Los recursos fiscales para gestión y desarrollo y para ayudas estudiantiles son entregados, en 2008, casi exclusivamente (91,5%) a las universidades del CRUCH, concentración que debiera ser mayor al sumarles los aportes para investigación. Estos recursos también tienen, entre las universidades tradicionales (del CRUCH), una distribución altamente concentrada.

11. El Estado chileno básicamente “compra” docencia de pregrado a las universidades. Una parte importante de los recursos estatales, entregados a las universidades chilenas (tradicionales y privadas), están orientados a permitir que éstas realicen una mejor gestión y logren su desarrollo. La mitad de los recursos (50,4%) que no son asignados directamente para investigación son ayudas estudiantiles, es decir, son recursos que, por parte de los beneficiarios, se traducen en pagos de aranceles a sus respectivas universidades por la docencia de pregrado que éstas les dictan.

12. Las universidades tradicionales presentan persistentes déficits operacionales que tienen carácter estructural. Para el conjunto, sus ingresos no alcanzan a financiar sus gastos operacionales en un 23%, en promedio de todas ellas. Los gastos de operación de las universidades tradicionales son superiores incluso al ingreso que obtendrían si efectivamente todos sus alumnos les pagaran el valor del arancel de sus carreras (sin morosidad ni retiros). Como una forma de ampliar el análisis, a los ingresos operacionales del año 2008, declarados por cada universidad se les sumó, por su carácter de recurso de libre disposición, el Aporte Fiscal Directo, AFD, entregado por el Estado para su financiamiento. Aún así, se estableció que estas universidades no resolvían el problema y se mantenía el déficit operacional.

13. Los recursos estatales para investigación se concentran en algunas universidades tradicionales. La mayor proporción de los recursos estatales para investigación (98,0%), en 2008, fueron recibidos por las universidades tradicionales y el resto fue captado por las privadas, lo que muestra una todavía débil actividad de investigación de estas corporaciones, pese a los esfuerzos de algunas de ellas en los últimos años.

14. Las donaciones privadas a universidades también son altamente concentradas. Una fuente, dimensionable, de recursos privados para las universidades chilenas, son las Donaciones, que son aportes oficialmente aceptados, con descuento de tributación (50% de lo donado) en las cuales el Estado entrega una parte de estos recursos porque se priva de recibir impuestos, realizando así lo que se denomina un gasto tributario. Este instrumento de financiamiento alcanzó en 2007 a MM$19.374,1 ($dic2009) y representa apenas el 1,2% del total de ingresos potenciales de las universidades ese año. Las Donaciones están fuertemente concentradas, tres universidades recibieron el 77,6% de los recursos: dos tradicionales (PUC, 26,3% y U de Chile, 23,4%) y una privada (U. de los Andes, 27,9%).

15. Existe una creciente importancia de recursos generados por venta de asistencia técnica. Los ingresos por ventas de Bienes y servicios y por inversiones financieras representaban, en 2008, un 23,4% de sus ingresos totales. Quienes capturan la mayor parte de estos ingresos son la PUC y la U de Chile, para las cuales representan un 44,8% y 37,5% en sus ingresos totales, respectivamente.

Pequeño recuento del presupuesto en Educación Superior desde el 2011 en adelante[2].

Del análisis de los presupuestos fiscales del último par de años (2012-2013) no se desprenden mayores avances en relación a las demandas estructurales que levantó el movimiento estudiantil el 2011. En términos globales, los recursos para educación superior aumentaron en 20%, nominal, al presupuesto del año 2011. Los aumentos más notables (37%) fueron para las ayudas estudiantiles (becas, créditos) y los fondos para el desarrollo de las instituciones de educación superior (basales y desarrollo institucional). Las expectativas que se tenían sobre este presupuesto eran altas. Los recursos fiscales se reparten proporcionalmente casi a las mismas instituciones y los mismos beneficiarios, luego no se produjeron grandes cambios en las decisiones de avanzar con cambios en el sistema de educación superior. Se aumentaron los recursos de manera importante, pero no lejana a los incrementos que históricamente el Estado venía haciendo para el sector.

En cuanto al Aporte Fiscal Directo, el 2011 se mantenía en $155.769 millones, crece a $174.373 millones el 2012 y a $187.908 el 2013. Sin embargo, es persistente el decrecimiento de este fondo en relación al presupuesto en educación superior, pues el porcentaje del dinero aportado a las universidades que reciben el AFD pasó del 45% el 2005, a 20% el 2011; actualmente el AFD alcanza el 18% del presupuesto en ES. Esta disminución va acompañada por una modificación de la proporción del dinero entregado a cada tipo de institución. Mientras la proporción de dineros que se entrega a las  Universidades Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales aumenta en US$ 5,4 millones, el porcentaje para las Universidades Tradicionales se reduce en US$ 5,5 millones. A su vez, el presupuesto del programa Becas Chile disminuye en US$ 12 millones, lo que equivale  a un 9% de su presupuesto.

El Aporte Fiscal Indirecto no sufre cambio alguno, manteniéndose la cifra entregada ($21.800 millones) entre el 2012 y el 2013. Aunque tiende a decaer levemente desde el 2005, cuando la cifra aportada correspondía a $22.087 millones.

Ahora bien, como señalábamos, el mayor crecimiento del presupuesto se expresa en a Ayudas Estudiantiles. El año 2005 representaba el 34% del presupuesto ($104.281 millones), el 2011 67% ($521.564 millones); actualmente representa el 72% del total ($732.174 millones). Sin embargo, la tendencia es engañosa si se considera que la mayor concentración del presupuesto en ayudas estudiantiles es correlativa a la reducción de los aportes basales a las universidades, lo que favorece al sector privado. Las becas nuevo milenio y las bicentenario fueron las que más aportes han recibido, en el periodo 2010-2013. La beca nuevo milenio recibía, el año 2011, $42.719 millones, y este 2013 recibirá $74.616. La beca bicentenario duplicó sus recursos en este periodo, pasando de $91.532, el 2011, a $196.369 el 2013.

A pesar de esto, ha sufrido recortes el presupuesto para financiar el CAE ($75.270 el año 2011 a $67.240 millones el 2013). Lo que más ha sido recortado del presupuesto destinado a Ayudas Estudiantiles ha sido el Crédito Fondo Solidario, que ha pasado de $98.307 millones, el 2011, a $68.798, el 2013.


También, este 2013, han sufrido importantes recortes las Becas Chile, Becas Nacionales de Postgrados y Pasantías Técnico Nivel Superior. Las Becas Chile pasarán de tener M$57.007.519 a M$52.588.675 (variación real del -7,8%). Lo mismo ocurre con las Becas Nacionales de Postgrado, cuyos recursos disminuyen en 12,1%,  de M$44.653.255 a M$39.238.984. A esto se suman las Pasantías Técnicos Nivel Superior, que experimentan la mayor disminución de M$5.822.990 a M$3.215.667, una caída del 44,8%. En promedio, los recursos para estas tres áreas bajan en 21,6%, dejando de percibir en conjunto M$12.440.438.

Legislación educativa:

Posterior a las movilizaciones estudiantiles del año 2011, en donde se frena la reforma neoliberal  propuesta por el Bloque en el Poder, impuesta por organismos propios del imperialismo como la OCDE, no se logra avanzar en las principales reinvidaciones estudiantiles. El Bloque en el poder trata de reacomodarse a través de leyes que van en desmedro de las demandas históricas del movimiento estudiantil.

Para este año, los tópicos más importantes, y que seguramente marcarán la pauta de la política nacional en relación a la educación, son dos. El primero de ellos tiene que ver con la implementación de los cambios que se han aprobado normativamente y cuyo éxito depende de cómo se implementen. El segundo es la discusión educativa de mediano y largo plazo que sí o sí estará en la disputa presidencial y parlamentaria. Nos ocuparemos del análisis de los elementos relacionados con el primer punto.

Este reacomodo, propuesto por la División de Educación Superior (DIVESUP), dependiente del MINEDUC, plantea una agenda con 3 desafíos a superar.

·         Desafío 1: Dotar al sistema de ES de un nuevo marco institucional: calidad, regulación y financiamiento. La idea es generar un viraje "hacia un nuevo sistema que promueva y supervise la excelencia y que distribuya recursos según la provisión de bienes públicos y no de acuerdo a la naturaleza jurídica de las instituciones." Además, busca una validación del mercado ESUP, la segmentación del propio mercado en empresas que tiene objetivos diferenciados (docencia, investigación, etc) y aumentar la tasa de ganancia de los empresarios de ESUP.

·         Desafío 2: Mejorar las condiciones de acceso, permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de educación superior. Apuesta a aumentar la calificación de la mano de obra. A profundizar el mercado de ESUP. En otras palabras, la implementación del plan Bolonia (más adelante se explicará con mayor detalle).

·         Desafío 3: Fortalecer las capacidades académicas e institucionales hacia la creación, innovación y vinculación con el medio. Se espera que la transferencias tecnológica desde las universidades a la estructura productiva del país y la orientación de los perfiles de egreso, para un aumento del desempeño de los trabajadores dentro de sus puestos de trabajo.

Para avanzar, se plantean 10 Ejes Estratégicos.

1.    Reconstrucción Terremoto. Según los datos recopilados por el Ministerio de Educación, a partir de la encuesta de percepción de daños aplicada a los directores de establecimientos de las regiones afectadas, 2.574 escuelas y liceos quedaron inhabilitados tras el sismo. En ellos estudian 782 mil alumnos. Más de 300 establecimientos educacionales están derrumbados o con daños severos, de los cuales las tres cuartas partes, aproximadamente, son municipales. Se trata de establecimientos que atendían a una población escolar de alta vulnerabilidad social y en general de pobre desempeño. Actualmente, según cifras del gobierno, hay un 87% de las obras completadas y el 86% de la matrícula ya está en nuevos establecimientos. Se espera que al 11 de marzo del 2014 esté el 100% de los establecimientos educacionales afectados reparados o reconstruidos.

2.    Nuevo Sistema de Admisión para la Educación Superior. Se propone que la nueva institución evalúe permanentemente los instrumentos y dé alternativas de mejoras. Estaría a cargo de la difusión de información que resulte relevante para los estudiantes y propondría iniciativas que “promuevan la inclusión y la equidad”, como cursos en línea para estudiantes de menos recursos.

Actualmente, el Consejo de Rectores junto al Demre (dependiente de la U. de Chile) están a cargo del diseño y aplicación de la PSU. El nuevo consejo tendría 15 miembros, de los cuales seis serían representantes del Cruch, cuatro del Mineduc, tres de otras instituciones de educación superior y los dos últimos serían miembros de establecimientos secundarios del país. Una conformación que dejaría al Consejo de Rectores con una representación inferior al 50%, restándole, en teoría, la autonomía que hoy posee, lo que ha acarreado la negativa de Víctor Pérez a privatizar el sistema de admisión.

3.    Aseguramiento de la Calidad. Se pretende crear una nueva Ley, para reemplazar al cuestionado sistema de acreditación y al Consejo Nacional de Acreditación. El actual sistema de aseguramiento de la calidad, que pretende ser reformado, tiene 5 funciones: A) Licenciamiento: evaluación, aprobación y supervisión de las nuevas instituciones de educación superior, incluyendo nuevas sedes y carreras. B) Acreditación institucional: este proceso es de carácter voluntario y periódico, y está orientado a asegurar la calidad de las instituciones superiores de educación. El proceso consiste en una autoevaluación, evaluación externa y dictamen de la comisión. Ahora bien, la evaluación externa es desarrollada por “sujetos seleccionados en conjunto con la institución evaluada”. C) Acreditación de carreras y programas: se asegura la calidad de estos elementos según el “proyecto declarado”, esta acreditación también puede ser llevada por otras agencias debidamente acreditadas por la comisión. D) Acreditación de postgrados; y E) Provisión de información: destinado al correcto flujo de datos por parte de los usuarios del sistema.

Las características de la nueva institucionalidad serían: 1. nueva Agencia con dedicación completa y con un sistema  perfeccionado de inhabilidades (Licencia y Acreditación). 2. Acreditación institucionalidad obligatoria para todas las instituciones de educación superior, con consecuencias en el reconocimiento oficial y financiamiento. 3. Acreditación binaria, sin tramos, con vigencia única de 6 años, con una acreditación condicional de 3 años para mejoras. 4. Acreditación integral, sin áreas, basada criterios y estándares, conforme a misión y propósitos institucionales, incluyendo una muestra de programas.

Además, el pasado 16 de enero, el senado aprobó en general el proyecto de ley que crea la superintendencia de educación, la cual busca “Incrementar la transparencia del sistema en general”, permitiendo solicitar toda la información necesaria para fiscalizar a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Dentro de las facultades que tendría esta nueva institucionalidad está poder exigir a los distintos planteles sus estados financieros auditados y que estos entreguen públicamente todos los datos sobre los términos y condiciones de los contratos que se ofrecen a los alumnos. Además fiscalizará el cumplimiento de la norma que regula las operaciones entre las instituciones de educación superior y personas relacionadas, y mantendrá un registro público de socios o miembros y directivos de éstas. También deberá velar porque la rendición de las evaluaciones y el otorgamiento de títulos no estén condicionados a exigencias monetarias que no hayan sido informadas públicamente a los alumnos. Este proyecto a sido criticado por no poner fin al lucro en al educación, sino que trasparentarlo, y además no elimina las operaciones con partes relacionada, sino que las regula y las permite en ciertas circunstancias, por lo que esta superintendencia vendría más bien a institucionalizar el lucro.

Para la educación escolar, se creó a finales del 2012, la Agencia de Calidad de la Educación que apoyará directamente a las escuelas. La Agencia busca nivelar los conocimientos entregados; para esto evaluará los logros de aprendizaje de los alumnos basándose en el cumplimiento de estándares, que fueron elaborados por el Mineduc y presentados a fines de septiembre al Consejo Nacional de Educación (CNDE) para su evaluación y pronunciamiento. También medirá otros indicadores de calidad, tales como convivencia escolar y vida saludable. El organismo implementará un sistema de responsabilización por resultados, ordenando en cuatro categorías de desempeño a todos los establecimientos de básica y media del país: alto, medio, medio-bajo e insuficiente; enfocando los esfuerzos de la institución en los colegios con más deficiencias. De no mejorar, podría perder el reconocimiento oficial.


4.    Armonización Curricular Internacional. Apuntan al logro de mayores niveles de calidad y legibilidad en el sistema de Educación Superior y al establecimiento de un marco regulatorio para la enseñanza y el aprendizaje en el nivel terciario, a fin de satisfacer las aspiraciones y expectativas específicas de los “usuarios” y favorecer una mayor cooperación interuniversitaria.

Su fin último es la “generación de valor, a través del ‘mejoramiento notable’ de la calidad de la oferta académica de las IES, y de sus grados y títulos, para satisfacer las demandas del desarrollo social y económico del país y de la sociedad del conocimiento”.

5.    Estudios Avanzados, Creación e Innovación. Mayor división y especialización del trabajo, a través de transferencia tecnológica y vinculación directa con empresas de sectores estratégicos de la producción.

6.    Formación Técnica-Profesional. El mineduc busca reformar la capacidad de la educación técnica, a nivel secundario, para hacer de los alumnos mano de obra altamente calificada, inyectando recursos en ella e incentivando que estos alumnos accedan, posteriormente, a CFTs e IPs; lo que requiere reformar las mallas de estudio de ambos niveles educativos para darles continuidad.

7.    Formación Inicial de Profesores. El gobierno busca aumentar la cantidad de profesores dentro del sistema y mejorar los planes de formación. Para eso lanzó el 2011 un concurso público, a través de convenios de desempeño, para que las instituciones de educación superior compitan por un fondo de $1.200 millones por proyecto. Con esto se busca que los planteles renueven sus programas de pedagogía, contraten cuerpos académicos, desarrollen investigación y brinden una mayor oferta de postgrado. Además, a través de la beca Vocación de Profesor se espera reunir a buenos puntajes PSU ofreciendo cancelarles totalmente la matrícula y el arancel real de la carrera de pedagogía que escojan.

8.    Financiamiento Ayudas Estudiantiles. Como vimos anteriormente, aumentan los recursos, pero también se reorienta el sistema. Este aumento sistemático en el aporte fiscal se ha enfocado principalmente en becas y créditos, lo que ha hecho que el gasto fiscal haya pasado de tener un sesgo de subsidio a la oferta de servicios educativos (financiamiento a las instituciones) a uno de subsidio a la demanda (financiamiento a los estudiantes). Por lo tanto, el precio de estudiar se encarece, a la vez que las instituciones de educación se empobrecen, especialmente las del CRUCH.

Actualmente el sistema de ayudas estudiantiles se divide en un 58% de créditos (CAE y FS) y un 42% de becas. Sin embargo, con excepción de las becas vocación de profesor, ninguna de las becas entregadas cubre el arancel real de la carrera, sino que sólo cubre el arancel de referencia o parte de este; y en ningún caso supera los $1.750.000 (beca Bicentenario). Por lo tanto, aquellos que quieran estudiar y obtengan becas, deberán financiar el total de la carrera con endeudamiento forzado o gastar el dinero de su propio bolsillo, si tienen suerte.

En cuanto a las iniciativas de financiamiento a la educación escolar, el gobierno ha propuesto una ley que crea una subvención para la “clase media”. Con ella se pretende aumentar la subvención que reciben los estudiantes que no son beneficiados con la actual Subvención Escolar Preferencial  (SEP) y que pertenecen al 60% más vulnerable las familias de Chile. La propuesta contempla la entrega de $14.000 a los alumnos de pre kínder a 6° básico y $9.300 a los alumnos desde 7° básico hasta IV° medio. El proyecto compromete recursos por US$180 millones en su primer año y en pleno funcionamiento alcanzará una inversión de US$280 millones. Sin embargo, la ley refuerza el financiamiento compartido y con ello la segregación, ya que la ley  no obliga a los colegios a asociar los recursos de esta subvención a un gasto específico, como sí lo determina la Ley SEP, sino que serían de libre disposición, lo que podría terminar reforzando el lucro y/o fomentando la apertura de nuevos establecimientos de dudosa calidad.


9.    Financiamiento Instituciones. Se propone repartir los recursos según criterios de eficiencia, independiente de la propiedad de la institución educativa. Lo que se busca con esto es racionalizar el uso de recursos en materia de educación superior para redirigirlos hacia la educación preescolar y escolar. Para lograr esto se proponen:
a)    Un sistema integrado de financiamiento: El Estado, a través de una agencia especializada, se hará cargo del diseño, administración y provisión de fondos, dejando de ser los bancos quienes provean el financiamiento del sistema. Se propone garantizar becas para el 60% de los estudiantes “meritorios” más pobres de Chile y créditos a una tasa única de 2% anual para 9 de cada 10 estudiantes, quedando fuera únicamente el 10% más rico del país. Sólo cuando comience a trabajar el egresado comenzará a pagar el crédito. Éste será contingente al ingreso, es decir, la cuota no sobrepasará el 10% de su sueldo, y se realizarán 180 pagos mensuales como máximo. Si la deuda no se cancela en ese período, el saldo se condona (como sucede actualmente con el Fondo Solidario).

b)    Mejoras al sistema de becas universitarias: Se modifican los requisitos de puntaje a los alumnos del 40% de familias más vulnerables, para que puedan acceder a becas universitarias que hoy requieren 550 puntos para postular. De esta manera, los alumnos del primer quintil necesitan 500 ptos., los del segundo 525 y los del tercer, 550.

c)    Brecha entre los aranceles de referencia y aranceles reales: Para los estudiantes más vulnerables, las instituciones de educación superior deberán hacerse cargo de financiar la brecha entre los aranceles efectivos y los aranceles de referencia. Para los estudiantes provenientes de familias de clase media, se deberán financiar parcialmente dichas brechas. En ambos casos, a través de becas o créditos propios, pero en las mismas condiciones del Estado.

d)    Nueva política de aranceles de referencia centrada en estudiantes: Se modificará la forma en que se calculan los aranceles de referencia. Este nuevo mecanismo está vinculado a la calidad de la carrera que ofrece esa institución, incluyendo variables como los ingresos esperados, el nivel socioeconómico, la deserción y duración de las carreras. Según Beyer, “las carreras que tienen bienes públicos asociados a ciertos estudios, deben ser financiadas por toda la sociedad a través del Estado y no cobradas a los estudiantes”. Sin embargo, esto incide en el encarecimiento de las carreras menos rentables o con mayor índice de deserción, o sea, bajará la cobertura de las ayudas estudiantiles en estas materias.

10. Institucionalidad Educación Superior. Se busca evitar la diferenciación según propiedad, pero sí una diferenciación por especialidad. Disminuye la participación del Estado en ESUP y promueve un mercado más competitivo.






Frente de Estudiantes Libertarios-Sección Santiago
Comisión  de Formación
2013











[1] Datos y cifras tomadas del artículo: “Claves del financiamiento de las universidades chilenas” de Víctor Salas Opazo. Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Así como también del texto “Análisis del Presupuesto 2012 para Educación Superior en Chile” por Víctor Salas Opazo.

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